Memoria incompleta

“En la Argentina, después de la dictadura no hubo crímenes de naturaleza política” dijo Alberto Fernández en relación al ataque sufrido por Cristina Kirchner.

Pero la evidencia contradice al presidente. Ahí están el compañero Rogelio Rodríguez, asesinado en 1988 durante el repudio al acuartelamiento carapintada; los militantes del MTP que, ya rendidos, fueron ejecutados sumariamente por el ejército en La Tablada en 1989; el compañero Domingo “Colo” Bonomi, asesinado en 1990 por la policía federal durante una acción de expropiación; el “Lobito” Rodríguez Saa, militante del peronismo revolucionario asesinado en plena calle por servicios de inteligencia en 1991. La revancha por los juicios a los genocidas de la última dictadura se cobró la vida de Silvia Suppo en 2010 y la desaparición de Julio López en 2006.

La lista se hace más grande si agregamos a los caídos del pueblo en distintas luchas populares, como Víctor Choque, Aníbal Verón, Teresa Rodríguez, Carlos Fuentealba, “el Oso” Cisneros, Mártires López o Santiago Maldonado, por mencionar a algunos. Mariano Ferreyra se suma a la lista si agregamos el accionar de la burocracia sindical. El gobierno de De la Rua estrenó su mandato desalojando el corte del puente Chaco-Corrientes, en el que fueron asesinados dos manifestantes, y lo culminó con las decenas de caídos del 20 de diciembre de 2001.

La inmensa mayoría de estos crímenes están todavía impunes. Hablar de violencia política pasando por alto estos hechos, es toda una declaración de principios respecto del contenido de clase de esta falsa democracia, un régimen político que, más allá de sus formalidades, está al servicio de monopolios, multinacionales y banqueros. La lucha por una verdadera democracia, de nuevo tipo, patriótica, antiimperialista y popular, va de la mano con la reivindicación de quienes regaron con su sangre el camino hacia una Argentina liberada.

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