La salud del macrismo

El gobierno de Cambiemos se lanzó con la profundización del desguace del sistema de salud en la Argentina. La degradación del Ministerio de Salud a Secretaría, el cierre de Centros de Salud y Hospitales, los despidos masivos como en el Hospital Posadas, la falta de insumos, la crisis edilicia y las reformas de leyes laborales son la receta con la que se cocina el ajuste en salud.

Una de las herramientas con las que se armó el gobierno para desplegar esta política es la Cobertura Universal de Salud (CUS) decretada en 2016, con la que avanza hacia imponer una “canasta básica” de prestaciones de servicios en una a quienes se encuentran “sin cobertura”, obligando a pagar todo lo que no esté contemplado en la misma, retrocediendo así en el acceso universal a la salud que se consagra en la Constitución. 

Afirmar que la reforma sanitaria comenzó con Macri es demasiado generoso. El proceso de desmantelamiento del sistema de salud arrancó con la ley del sistema nacional del seguro en los ’80 y continuó en los ‘90 con la descentralización, la introducción de mecanismos de competencia al interior de los sistemas, la fijación de un paquete de prestaciones mínimas o básicas y la privatización y tercerización de servicios. De allí en adelante los gobiernos que se sucedieron profundizaron, más allá del discurso, este camino. Con el macrismo se avanzó en esta línea para llevar a fondo una real y cabal reforma sanitaria integral, cooptando gremios e instituciones.  

La reforma en curso no es una política de salud aislada, sino que se da dentro del marco del proceso internacional de disputa interimperialista. Hoy la Argentina está siendo fuertemente atacada por el capital financiero en su disputa con el complejo médico industrial (laboratorios) como parte de un proceso ya avanzado en otros países de Latinoamérica como Colombia, México, Chile, en el cual a partir del financiamiento de organismos internacionales (Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Panamericana de la Salud) controlan a los prestadores de salud con el objetivo de disminuir costos y convierten la salud en un bien de mercado redituable. Los usuarios del sistema de salud  entonces, son tratados como clientes/consumidores; y el proceso de reformas en curso es dirigido por los intereses del propio capital financiero; figurando las acciones gubernamentales, de los organismos estatales y administradoras privadas o mixtas, obras sociales, prepagas, etc.

En CABA en particular se corporiza en el cierre de hospitales y achicamiento de los prestadores como con el 5 x 1, la fragmentación entre centros de salud y hospitales, la implementación de la historia clínica electrónica, el empadronamiento y atención por prestación a partir de la canasta básica y la reforma de la carrera profesional, entre otras.

Esta última se rige por los principios de “eficacia y eficiencia” en consonancia con los intereses del capital financiero, desde su lógica mercantilizadora en detrimento de la calidad de la atención y las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras.

Hay que unificar en un mismo programa la lucha por el derecho a la salud popular con las condiciones laborales de sus trabajadores, impulsando un movimiento amplio que incluya a sindicatos, pacientes y organizaciones populares, en el marco general de la pelea por derrotar el ajuste en curso.

Claudia Jalif