La pelea contra la minería en Chubut

A poco de asumir, el gobierno de Alberto Fernández tuvo su primer retroceso frente a la movilización popular. Fue en Mendoza donde, luego de haber instruido a sus legisladores para acompañar el proyecto del gobierno provincial, la reacción popular en las calles los obligó a derogar lo que acababan de aprobar: la derogación de la Ley Provincial 7722, que prohíbe la minería metalífera, atendiendo a la protección del agua, recurso muy escaso en la provincia. Un año después, otra vez representando los intereses de las multinacionales mineras y apurado por la profundización de la crisis, una iniciativa similar recobra fuerzas en Chubut, de la mano de un socio político estrecho, el gobernador Mariano Arcioni. 

La pretensión de ambos niveles de gobierno pasa por habilitar la megaminería en la meseta central chubutense, para lo cual el primer paso es aprobar un proyecto de zonificación de la región, tendiente a justificar la utilización casi exclusiva de millones de litros de aguas subterráneas del acuífero Sacanana, del cual forma parte el río Chubut y toda su cuenca hídrica, afectando al 60% del territorio provincial. 

El gigante que está detrás de esta avanzada es la compañía minera canadiense Pan American Silver, interesada en explotar el Proyecto Navidad, de donde estiman extraer al menos 16,5 millones de onzas anuales de plata, como así también de cobre y plomo. La generación de puestos de trabajo, las regalías mineras y fundamentalmente el ingreso de dólares frescos provenientes de la exportación, son los señuelos con los que se busca doblegar la voluntad popular en la provincia, firmemente convencida de la inconveniencia de tales proyectos.

En Chubut desde el año 2002 existen diversas iniciativas de empresas extractivistas que intentan instalarse. El primer caso fue en Esquel, donde el pueblo les cerró las puertas. En 2003 un plebiscito definió por un 82% que no había lugar para la megaminería en su región. Desde entonces las grandes mineras multinacionales vienen metiendo presión para que se supere el “obstáculo” de la voluntad popular. En los últimos meses, el gobernador Arcioni viene trabajando en una nueva ofensiva que le permita imponer el proyecto de zonificación, aunque esté en abierta contradicción con la legislación vigente. La ley provincial 5001 data de abril de 2003, y prohíbe expresamente la minería metalífera en toda la provincia, como también la utilización de cianuro en la producción minera y la modalidad de minería a cielo abierto. 

El gobernador ganó las elecciones prometiendo “No a la megaminería que quieren imponer desde Buenos Aires”. En ese momento hacía referencia al malogrado intento del gobierno de Macri y especialmente del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, que impulsaban el desarrollo minero en la meseta chubutense. Si bien en su momento Arcioni acompañó el proyecto, la negativa popular a través de masivas movilizaciones impidió el avance y forzó al gobernador a posar frente a las cámaras “respetuoso” de la decisión de su pueblo. Cambio de gobierno mediante, y en medio de una crisis que no encuentra fondo, “la megaminería que quieren imponer desde Buenos Aires” parece haber cobrado nuevo impulso y ya no es un problema para el mandatario provincial. El lugar del ministro Aranguren (empresario petrolero), ahora es ocupado por Alberto Hensel (funcionario de Gioja y secretario de Minería de Uñac, el artífice de la “San Juan Minera”). Hensel se encargó de expresar ante los intendentes de Chubut y las cámaras empresariales, el apoyo del presidente Alberto Fernández a la instalación de los proyectos mineros en la provincia. “El modelo minero sanjuanino es nuestra referencia” sostuvo, casualmente, el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá.

La meseta central de Chubut, donde se encuentra, entre otros, el segundo mayor yacimiento de plata en el mundo, es la única zona donde este proyecto cuenta con algún grado de “apoyo popular”, debido al colapso económico reciente fruto del despoblamiento ovino, y la ausencia de alternativas económicas en la región. Gastre y Telsen son los dos departamentos apuntados por el proyecto, donde la desesperación por la falta de trabajo opera como socia del emprendimiento extractivo. Sin embargo, en las principales ciudades de la provincia y entre las comunidades mapuches y tehuelches, la oposición es abrumadora. En la última movilización contra el proyecto en Rawson se terminó prendiendo fuego una oficina de la gobernación, y los empleados públicos de la provincia siguen cobrando sus sueldos en cuotas y con meses de atraso. El clima social no es un terreno sencillo para el desarrollo de una iniciativa que va a contrapelo del ánimo social, además de las propias leyes. Aun así, luego de tomar estado parlamentario, el proyecto de zonificación tiene chance de ser tratado en las últimas dos sesiones del año: viernes 18 y martes 22 de diciembre. Las asambleas populares y ambientales tienen una cita de honor en caso de que la legislatura decida tratarlo.

Y no solamente el pueblo chubutense debe sentirse aludido por esta afrenta. El desastre económico en que se encuentra Chubut, a la cabeza de las provincias en ruinas, lleva años de gestación y no es precisamente una provincia “pobre” en recursos naturales. El grueso de los recursos provinciales proviene de la actividad petrolera, y la proyección de la actividad minera, particularmente en el caso del Proyecto Navidad, alcanza a lo sumo unos 15 millones de dólares anuales en regalías para la provincia, lo que equivale al 4% de lo recaudado por regalías petroleras en 2017. Esto implica que, aun dejando de lado el desastre ambiental y sanitario que trae este tipo de producción depredatoria, los beneficios económicos son muy escasos, y no representarían ni por asomo una “solución” para la crisis provincial, como lo venden los agentes del gobierno. Es solo un gran negocio para las multinacionales implicadas y una fugaz bocanada de oxígeno para las arcas nacionales, cuyo destino no es otro que el pago de la deuda externa. Espejitos de colores a cambio del saqueo imperialista y de daños irreparables en términos ambientales y sanitarios. 

Lejos de ser un caso aislado, la ofensiva extractivista que se cierne sobre el subsuelo chubutense forma parte de un proyecto de dependencia con consecuencias devastadoras para el pueblo y la nación argentina. El mencionado caso de Mendoza espera otra oportunidad para volver a la carga. La experiencia de provincias como San Juan y Catamarca con vasta experiencia en el desarrollo de la minería a cielo abierto, en simultáneo con el afianzamiento de la pobreza y la devastación ambiental, son aleccionadoras al respecto. Los pueblos de la pampa húmeda y alrededores, luego de un cuarto de siglo girando en torno al monocultivo extensivo de soja transgénica, son testigos privilegiados de la multiplicación de la pobreza, el desplazamiento de poblaciones, la contaminación masiva y la concentración de la riqueza en cada vez menos manos, todo al servicio de ingresar dólares para destinarlos al pago de una deuda ilegítima. El capítulo que sigue lo acaba de inaugurar el gobierno nacional con el patentamiento del trigo transgénico de Bioceres, que multiplicará los efectos que ya conocemos con el glifosato en el caso de la soja de Monsanto, ahora con el glufosinato de amonio. “Debemos ser capaces de pensar un mundo en conjunto y unir esfuerzos para construir la Argentina del futuro.”, tuiteó el presidente Fernández mientras se fotografiaba con los gerentes de Syngenta festejando su expansión en el mercado agroexportador argentino. La reprimarización de la economía nacional, con todas sus consecuencias, es un signo que supera toda grieta. 

Mientras tanto, de la mano del canciller Solá (el mismo que hace 25 años habilitó el cultivo de la soja de Monsanto) avanzan las negociaciones para instalar mega granjas de producción porcina en diferentes provincias, aprovechando la desocupación creciente y las condiciones de pobreza en la mitad de la población, para cumplir con los objetivos estratégicos del empresariado chino. Si faltaba algún flanco por cubrir, en estos momentos una flota de 27 buques pesqueros chinos fondeados en los límites del espacio marítimo argentino, se disponen a saquear los recursos nacionales, principalmente calamar y langostino, durante los seis meses que dura la temporada en nuestras costas. De defender la soberanía sobre nuestras aguas territoriales, ni hablemos. Todos estos actos de saqueo y rapiña imperialista son tolerados y hasta promovidos por un gobierno que se dice “de todos”. 

La necesidad de avanzar en la aplicación de un programa de liberación nacional crece frente a la claudicación evidente de una dirigencia política comprometida hasta los huesos con el gran capital imperialista. El sufrimiento de nuestro pueblo, medido en pobreza, indigencia, desocupación y desamparo crecientes, debe ir acompañado del justo odio hacia quienes lo provocan desde hace décadas. Esa es la verdadera grieta que hay que preocuparse por abrir. Es tarea urgente de las organizaciones populares y antiimperialistas trazar un rumbo unitario de ruptura con la dependencia, promoviendo el fin del pago de la deuda ilegítima, junto con la nacionalización de los recursos naturales, la banca y el comercio exterior, como única forma de avanzar hacia una Argentina que merezca ser vivida. 

Leo Funes