Con el FMI no hay bienestar popular

No hay apoyos sin condiciones

Al retorno de su gira por los principales países de Europa, el presidente Fernández resaltó los apoyos recibidos en sus intentos de renegociar  las condiciones para el pago de la deuda, sin detallar a cambio de qué. Lo que otrora se caracterizó como “capitalismo de bienestar” no pasa por su mejor momento allí, visto el severo cuestionamiento que los trabajadores franceses, por ejemplo, sostienen desde hace largos meses.  En esa búsqueda de mayor indulgencia (quitas en montos y tiempo) dentro de los componentes del FMI, llegó posteriormente el apoyo del presidente yanqui Trump, que aprovecha para exigir a cambio un rol más definido por parte del gobierno argentino en sus vínculos con el estado gendarme de Israel como en el hostigamiento que el Grupo de Lima despliega sobre Venezuela. Todos a su vez se cubren y exigen, como garantía de los acuerdos, el apreciado yacimiento energético de Vaca Muerta. 

Lo cierto es que toda la marcha de la economía está condicionada hoy a los arreglos que se alcancen, visto que las prioridades políticas fueron colocadas allí, en lugar del cumplimiento con las urgencias económicas, laborales y sociales internas como se sostuvo en el discurso. La ley de Sustentabilidad que garantiza el cumplimiento de la deuda, aprobada casi por unanimidad, califica el oportunismo de la clase dirigente, dado que son las mismas fuerzas políticas que en 2001 votaron en sentido contrario, por la suspensión en el pago de la misma.

En busca de consensos, sin grietas

En el arranque el gobierno se proyectó con una amplitud que no salió de lo formal pero sirvió para sentar en la misma mesa a las jerarquías empresarias, cegetistas, religiosas y sociales en busca de un consenso que, cuanto más se retardan en aplicar las reparaciones prometidas, menos sirve a sus planes de contención del movimiento popular. 

El peronismo siempre hizo gala ante los factores del poder de ser la única fuerza política capaz de asegurar la gobernabilidad del régimen capitalista dependiente. Aunque no siempre fue así, trata de convencer para que los factores de poder sumen al proyecto, visto que la condición del auge popular que se registra en estos largos años sigue vigente y tenderá a encresparse en la medida en que se consagren las ataduras que implican el cumplimiento del pago de la deuda. No se trata de sobrevivir amortiguando la pobreza sino de erradicar la misma y a quienes se enriquecieron con ella. 

Si “cerrar la grieta” como dijo el presidente, significa institucionalizar la onda dialoguista detrás de políticas cuya preocupación central es cumplir con los acreedores externos, no castigar a los responsables del saqueo último y sobrevivir en lo interno con presupuestos ajustados, entonces no habrá solución posible con los trabajadores. Hasta el mismo Frente de Todos consagrado mayoritariamente en las urnas sufrirá los cimbronazos propios de la encarnizada lucha de clases abierta en el país, donde no caben ya los paños fríos ni las políticas que institucionalicen el desamparo y la pobreza. 

El tiempo pasa

Transcurren dos meses del nuevo gobierno, y más allá de las internas que afloran entre funcionarios o de las leyes aprobadas, la economía languidece entre la continuidad de la recesión y la alta inflación. Las espectativas que naturalmente se generan frente al cambio de timón en la administración del estado, incrementada en este caso por el apremio popular frente a los daños ocasionados por la gestión macrista, discurren en un pronunciado plano descendente para gran parte del electorado, cuya situación terminal exigía cambios profundos e inmediato que no llegan

La condición material de las bases precarizadas no ha cambiado. El aumento abusivo en los alimentos devoró los escasos estímulos de la emergencia, y no son pocos los angustiados que asimilan la situación actual con la que arrastran desde el gobierno anterior. No se trata de exigencias mágicas, pero tampoco se puede esperar cuando el hambre y necesidades son muchas y en el interior del país, por ejemplo, se suman las muertes de niños por desnutrición. 

Lo cierto es que el gobierno arrancó rosqueando con la oposición para aprobar la ley de Emergencia. Allí entre tantas componendas coló la eliminación de la movilidad social regresando la condición de los jubilados, otra vez, a variable de ajuste sobre lo cual se montó parte de la línea de inyectar dinero en el mercado. En segundo lugar la aparición de las tarjetas alimentarias, el bono de fin de año y aumentos en la AUH, sin dejar de ser una miseria fue también una señal alentadora fugaz, absorbida inmediatamente por los abusivos aumentos en la canasta alimentaria. De allí hasta fines de marzo, en el mejor de los casos, cuando cierren los acuerdos para el pago de la deuda externa, todo el consenso político citado y la complicidad de las cúpulas atadas al Frente de Todos, serán insuficientes para detener los reclamos de trabajadores. 

Mucho más que una cuestión económica

No se trata solo de una cuestión económica, porque toda la vocación de pago expresada por el gobierno, más allá de las quitas o facilidades que se acuerden, significará mayor explotación, pobreza y entrega de los recursos naturales. Implica fundamentalmente un arrodillamiento político contradictorio con las banderas de independencia económica, soberanía política y justicia social que históricamente enarboló la dirigencia peronista. Eso y no otra cosa expresa el gobierno de los Fernandez, cuya composición interna oscila entre la renegociación tironeada y las relaciones carnales. En la propia designación del desconocido ministro Martín Guzmán fue determinante su condición de discípulo del nobel Stiglitz y su perfil menos ortodoxo para negociar sin sacar los pies del plato fondomonetarista. Predomina un gradualismo timorato, forzado por la intención de no enojar al mundo del poder financiero, en la ilusión de que una política de acuerdos en el pago de la deuda, aunque sean diferidos, les permitirá sortear la coyuntura. 

Allí es donde juegan todo el peso de su influencia política, desde la CGT, Cayetanos, intendentes y gobernadores para tratar de contener o en su defecto de que no se desmadre la política de resignación que impone el capital monopólico. Con ello preservar también la unidad del Frente de Todos, para que una vez finalizada la designación de funcionarios en la administración del estado, las medidas que se dispongan no alteren la diversidad de intereses que componen el movimiento peronista. Es poco tiempo, pero ya los ruidos internos comienzan a exteriorizarse. 

Rémoras del pasado

Entre aquel formato histórico de “liberación o dependencia” y la integración al mundo occidental y cristiano visitado en estos días por el presidente, hay una claudicación irreversible en la conducción nacional burguesa que caracterizó su nacimiento en 1945. No alcanza con justificarse en los cambios de la situación mundial y el temor a quedar aislados en un mundo que ya no es unipolar. Por el contrario, existen mayores razones para aplicar un programa de liberación que recupere los recursos y su manejo soberano, terminar con el endeudamiento eterno y la inequidad social consagradas como políticas de estado, en la medida en que la pobreza y la desocupación crecen paralelos a la concentración económica tanto en la ciudad como en el campo. Hay mayores motivos y a su vez un solo camino para dar vuelta la situación. Avanzar con un programa antiimperialista apoyado en los intereses y la movilización de los sectores populares, para que la economía tenga un componente esencialmente estatal, y sobre esa base se construya una política social donde los derechos económicos y políticos sean expresión de tal contenido.

Una realidad que no cambia

Mientras tanto se agudiza el desempleo. La pobreza en franjas juveniles supera largamente el 55%. En las encuestas surge que solo un 7% de empresas proyectan en este año generar nuevos empleos; el resto planea mantenerse o achicarse. Por otro lado el PBI decrecerá por tercer año consecutivo, en este caso se calcula -1,6%. Por lo cual todas las iniciativas desde Desarrollo Social para organizar la economía popular como paliativo frente al desempleo, no solo son insuficientes sino imposibles también de obrar como reactivantes. 

El drama se agudiza porque la inflación esperada en el año se estima en 42%. Lo cual significa que el salario, según declaraciones del ministro de Educación, para que le gane a la inflación deberá estar por encima de ese porcentaje. Toda una patraña a juzgar por las restricciones sobre las que está montada la política de desindexación de la economía, en donde el salario y las jubilaciones operan como variables de ajuste nuevamente. En los hechos, los formadores de precios como las cadenas de supermercados, laboratorios o grandes frigoríficos que se acolchonaron antes de acordar los “precios cuidados”, o bien banqueros y bonistas que se llevaron en concepto de intereses por la deuda de 2018 U$S 11.500 millones; constituyen los principales agentes en beneficiarse y provocar la inflación. Con tarifas congeladas y dólar planchado, los aumentos en los precios son injustificables; sin embargo la escalada no se detiene.

A desindexar. Paritaria docente como prueba piloto

El gobierno pidió a los trabajadores que sean prudentes y medidos en los reclamos paritarios, pero a su vez avanza en eliminar las cláusulas gatillos, insistir con sumas fijas en los aumentos a otorgar e intenta, a partir de los servicios de la burocracia de la CGT y CTA, que el salario real perdido en la gestión anterior (promedio 20%) quede fuera del reclamo. Más allá de casos puntuales como el de camioneros o aceiteros, la disposición de las cúpulas sindicales choca con las exigencias de las bases que observan cómo, otra vez, se pretende sean el pato de la boda. La convocatoria a paritaria nacional docente es un primer paso para medir las intenciones del gobierno, El sueldo básico inicial de un maestro es de $ 11.600 y el que recibe de bolsillo promedia $ 26.000. Ante la canasta básica completa establecida por el Indec a diciembre en $ 39.600 hay una diferencia abismal, para lo cual varias provincias ya anticiparon su imposible cumplimiento. 

Los esfuerzos de la conducción de Suteba en provincia de Buenos Aires, para eludir una medida de fuerza como históricamente sucedió en los inicios del año, encontró en el “culebrón” protagonizado por el gobernador Kicillof una dificultad objetiva y un costo político. El cumplimiento en fecha de los U$S 250 millones y U$S 27 millones más en concepto de intereses, luego de la negativa de los acreedores privados  a la prórroga solicitada, llevó al gobernador a disponer su pronto pago para evitar el default. Contrariamente, la postergación para el mes de marzo, del retroactivo de diciembre adeudado a los docentes y cuya liquidación correspondía en febrero, puso al desnudo sobre quién recaen los costos de la deuda y también las prioridades del gobierno. Son $ 1.800 millones en total que solo con los intereses de aquel anticipo se hubieren cubierto.  

El antiimperialismo: una tarea pendiente

El tema de la deuda y su pago condiciona por décadas el futuro de los argentinos, su independencia como nación y las capacidades de su pueblo. La pelea contra el imperialismo, que hace de aquella la cadena principal para someter a los pueblos, abre una instancia de confluencia popular en la lucha por romper las mismas. Tal despliegue cobra sentido sí y solo sí va indisolublemente unida a la lucha democrática de los trabajadores lejos de todo oportunismo y golpea también a los socios nativos de la gran burguesía, cuyos intereses son convergentes con el imperialismo. No hay una tarea sin la otra. De nada sirve enarbolar una bandera si no se acompaña con la disposición a luchar y con políticas concretas, para que sean los propios trabajadores y el pueblo en general los protagonistas directos, a la vez que incentivar la unidad de los pueblos latinoamericanos en rebeldía.  

Andrés Zamponi