Crece la pobreza, también crece la lucha popular

Sin oxígeno, el gobierno apura el calendario. Con el nuevo tramo del préstamo del FMI (U$S 10.800 millones), pretende evitar nuevas corridas cambiarias. Una más sería como un tiro de gracia a su pretendida reelección y con ello quedaría abierto un escenario parecido al 2001, por donde la irrupción popular puede colarse.

Apura también para que las divisas provenientes de la exportación de granos, estimadas en 10.500 millones de dólares desde abril a septiembre, se liquiden y eviten la insolvencia cambiaria. No son casuales las declaraciones presidenciales en favor de los agrotóxicos, ante los amparos judiciales contra las fumigaciones en campos lindantes con escuelas efectuadas por los docentes en Entre Ríos: además de los insumos y de la comercialización, las grandes corporaciones controlan la exportación agraria. Contradictoriamente, pese a la cosecha record que esperan este año, ingresarán U$S 1.500 millones menos que en la campaña 2018, cuya producción fuera afectada por la sequía. En esto de lealtades, los fondos sojeros no tienen reparos.

El dólar se ubica alrededor de los $45. El Banco Central aprieta para absorber todo el efectivo circulante. La disposición para que los bancos transformen en letras de liquidez (Leliq) el total de los depósitos en plazo fijo, además del negociado que significa recibir tasas de 68% contra los 40/45% que pagan a los ahorristas, implica de hecho un primer paso hacia el otrora conocido “corralito” de Cavallo-De La Rúa. De tal forma que, si se precipita una corrida bancaria que empuje a los ahorristas a retirar sus depósitos, los bancos no contarían con el dinero suficiente para devolverlos. Lo cierto es que, pese a la mayor oferta de dólares y menor circulación de pesos, absorbidos por tasas altas, no logran bajar la inflación, ni salir de la recesión, ni aumentar el consumo, ni frenar la caída en la actividad.

Por lo cual repetir que “lo peor ya quedó atrás” como dijo esta vez el ministro Dujovne, contradice la realidad y la información que el propio Indec publica: la actividad industrial del primer bimestre comparada con el de 2018 arroja una caída de 9,7%. Entre fines de 2015 e inicios de este año, se perdieron 113.600 puestos en la industria, siendo la dotación actual la misma que 11 años atrás. Si ya en 2018 el PBI fue negativo en 2,5%, y en este año se calcula una caída de 1,6%, todo indica que, visto que la recesión aún no tocó piso, el decrecimiento a fines de diciembre será mucho peor. Aun así, el ajuste y los recortes efectuados con sus secuelas de pobreza, despidos, cierre de pymes y destrucción de economías regionales, no han sido suficientes para lograr el déficit cero impuesto por el Fondo. Christine Lagarde, preocupada por el desmoronamiento de la recaudación local, advirtió que los préstamos no son para frenar disparadas del dólar y exigió mayores recortes en los gastos actuales. Vela por sus propios intereses que no son los del pueblo argentino, y también detecta fuerte apropiación de divisas por parte del sector privado: según el Credit Suisse, alcanzaron los U$S 36.800 millones solo en lo que va del año.

En su propio laberinto

En el llamado círculo rojo empresarial, cuyo entusiasmo inicial con el proyecto ideológico presidencial se fue desgranando y ahora está más que preocupado por el avance del capital financiero, se busca sobrevivir por los caminos del medio. Pero también afuera, en los mercados de Wall Street, los fondos de inversión y bancas mayoristas -cuyo último intento de apoyo al gobierno se canalizó detrás del exorbitante préstamo del FMI en junio pasado- toman distancia frente a la impericia manifiesta del equipo oficial. Los peligros recrudecen ante el endeudamiento externo y sus vencimientos cortoplacistas que suman, entre capital e intereses, U$S 130.000 millones a devolver entre 2020/23. Incumplible desde todo punto de vista. Las reservas actuales del Banco Central con libre disponibilidad llegan a U$S 19.000 millones, y por otro lado el equivalente a todos los plazos fijos y cuentas a la vista suman U$S 40.000 millones, con lo cual el país que requiere otro tanto para seguir funcionando, se encuentra a esta altura en las gateras de un seguro default. El gobierno electo, del color que sea, hereda deuda impagable, fragilidad política e inestabilidad creciente, en los marcos de una convulsionada situación social y de luchas de calles y de clase. Quienes pretendan pagar sobre el sudor y la sangre del pueblo deberán considerar tal circunstancia, antes de arrodillarse frente a la usura del capital imperialista.

La crisis es integral y obtura el futuro de quienes pretenden ser reelectos. El mundo al que el macrismo se vanaglorió de pertenecer, descree de su capacidad política para timonear un nuevo período. Sopesan también las posibilidades e intenciones del peronismo “razonable”, sin encontrar a la fecha un vocero unificado.

El fracaso de la política y de la gestión Macri dejó a Cambiemos sin resto. Con otra gestión e igual política pasaría lo mismo. Esto es a los efectos de aventar cualquier especulación sobre la inclusión de nuevas candidaturas en el oficialismo. Tampoco son ajenos a dichos lineamientos pro-mercado los planteos de la oposición justicialista. Cercano a la experiencia menemista de los 90, aparece el variopinto actual que insinúan Massa, Urtubey y Lavagna.

El factor político agrega mayor incertidumbre. Entre ellas, la polarización con Cristina como táctica electoral no detiene el descrédito presidencial; por el contrario, han aumentado las chances de aquella. De una u otra forma, el derrumbe está en marcha, la posibilidad de una retirada intempestiva de fondos sigue abierta y con ello crecen los riesgos de hiperinflación.

Macri entró en su laberinto, pero también el régimen político e institucional con sus estructuras dependientes, forman parte del mismo. No habrá cambios duraderos si no se afecta la matriz productiva del capital monopólico, su concentración e inequidad. No será desde el parlamento mayoritariamente conservador ni en el marco de esta justicia prebendaria que vendrán los cambios. Será de políticas revolucionarias que abran paso a nuevas relaciones sociales más democráticas y verdaderamente populares.

En ese camino debe inscribirse el auge de luchas populares variadas e incontenibles que se despliegan desde aquel 20 de diciembre fundamentalmente. Allí está la grieta o contradicción principal a resolver, entre el poder de los monopolios que se agiganta con las llamadas políticas de consenso parlamentario, y a su vez disminuye cuantas veces la lucha de los trabajadores logra imponer las demandas en el ejercicio de una democracia directa y popular. La otra grieta, la que separa a liberales de “nacionales y populares”, que se renueva según los resultados electorales, siempre será secundaria, porque no logra ni se propone eliminar aquella matriz de privilegios. No se trata de convivir con los monopolios sino de liquidarlos.

Mientras tanto, el hambre

La contracara de aquellos apuros oficiales para que la situación no se desmadre, remite entre otras, al 11% de inflación como cierre del primer trimestre. En esa tendencia, la proyección inflacionaria anual se ubicaría en los 40/45% y con ello habría una escalada en los precios de la canasta familiar. Sin incluir las subas de marzo, la Dirección de Estadísticas de CABA registró que en los últimos tres años el kilo de arroz pasó de 15 a $40, la harina de 7 a $29, la leche de 11 a $33 y la carne picada de 53 a $123. En el caso de los medicamentos, desde mayo de 2015, subieron 257% contra el 172% de la jubilación mínima. En los de mayor consumo, para hipertensión o cardiovasculares, llegaron al 540%. En cualquiera de ellos superan holgadamente la evolución de salarios y jubilaciones. Por lo cual el aumento de la pobreza, que al último trimestre del 2018 cerró en 35,8%, seguramente con la andanada de los tres primeros meses del 2019 se ubicará por encima del 40%. Lo cual supone en algunas regiones como en el conurbano bonaerense, Chaco, Corrientes, Salta, Jujuy o Santiago del Estero, niveles por encima del 50% peligrosamente cercanos al 2001. Pobreza, bajos salarios y despidos masivos en distintos sectores son razones más que determinantes, junto a la represión, las roscas en la justicia y en el parlamento, para que la bronca crezca paralelamente al empeoramiento en las condiciones de vida y la falta de perspectivas. Lo peor, desde el punto de vista del pueblo, aun no llegó.

Abril arrancó fuerte y octubre queda lejos

La salida viene desde abajo. De la condición desafiante que toma la lucha de los trabajadores. De su continuidad en primer lugar, de su masividad en segundo lugar y de su altura en tercer lugar. El auge es una condición que se arrastra de largos años y se realimenta con intensa participación de la juventud que pugna por ocupar un lugar que el régimen le niega. Es el reaseguro para que una expresión contundente antes de octubre se lleve puesta la gestión y sirva para abrir una situación distinta con plena ofensiva del campo popular. En caso de no darse, decimos que lo que no llega antes llegará después. El auge en su condición objetiva, constituye una clave para continuar la lucha e impulsar un programa antiimperialista, independientemente del resultado electoral. La crisis es muy profunda, las cuentas no cierran y tampoco se puede volver a experiencias fracasadas. El escenario será de calle, de fuerza, de paros, cortes y movilizaciones, en la medida que predomine una política que dé vuelta la tortilla y paguen los de arriba. El derecho al trabajo, al estudio, al bienestar y la igualdad, le corresponde a todos, pero donde más daño ocasiona, por la falta de perspectiva es justamente en las nuevas generaciones. Allí donde más golpea la crisis, anidan también las esperanzas  de una juventud revolucionaria. En esa insurgencia básica despunta la conciencia política y la organización.

En la jornada del 4 de abril confluyeron miles de trabajadores en la calle en repudio a la política oficial. La marcha de la CGT en defensa de la producción nacional, apoyada por las CTA, el F21 de Moyano y los Cayetanos, se diluyó sin discursos apenas llegado a la avenida 9 de Julio. Por otro lado, estuvo la movilización hacia Plaza de Mayo convocada por el Plenario Sindical Combativo, independientes y partidos de izquierda, presionando por los intereses obreros y pugnando por un paro de 36 horas. La cuota desafiante la aportó el acampe del Frente de Lucha piquetero en plena avenida sobre el Ministerio de Desarrollo Social. Si la manifestación fue reprimida inicialmente, luego las tropas debieron retirarse ante la firme decisión de miles de pobres, mujeres y varones, dispuestos al aguante a como sea, al igual que otros tantos miles en el interior del país.

Allí quedaron expuestas esencialmente dos políticas. Una expresada en la CGT colaboracionista, que abjura de la lucha obrera en beneficio de los grupos monopólicos y a su vez busca consensuar el candidato del pejotismo. Otra que plantea no esperar a octubre y elevar la lucha hoy, detrás de un programa de verdadera salida a la crisis, que desde nuestro punto de vista parte del no pago de la deuda externa y la estatización de la banca, el comercio exterior y los recursos energéticos y estratégicos del país. Porque la rebelión es una política, como lo fue en distintas coyunturas históricas, donde la iniciativa corre por cuenta de los trabajadores y el pueblo, sin depender de cronogramas ajenos. Hacia allí está orientado nuestro partido. Hacia allí está planteado el único camino para terminar con las crisis recurrentes del capitalismo dependiente y abrir así una situación de esperanzas revolucionarias sobre la cual construir la nueva sociedad.

Andrés Zamponi