Frenar los despidos con la ocupación de organismos y el protagonismo de los trabajadores

El gobierno nacional, a través del Ministerio de Modernización y el ministro Ibarra, parece haber comenzado a cumplir con su amenaza de despidos de trabajadores estatales. Mas allá de los discursos sobre un Estado “eficiente” o de una “dotación óptima” lanzados por el presidente Macri o el mismo Ibarra post elecciones, el recorte de trabajadores en los organismos nacionales ya se venía dando en términos de infraestructura y cierre de programas. A principios de 2016 se despidieron cerca de 11.000 trabajadores; el objetivo hasta junio de 2019, ahora sería de 20.000 más. Claro que, una vez más, este ataque a los trabajadores estatales responde a la política de ajuste del gobierno de Cambiemos, y no a aplicar políticas públicas que respondan a las necesidades del pueblo. Así, los números por organismo dados a conocer de estatales que “sobran” implican un recorte a esas políticas públicas y además, un ataque a los derechos de los trabajadores.
En estos últimos días hubo despidos en Acumar, y se anunciaron más en el Ministerio de Cultura, ANSES y ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones); además del anuncio de cierre de Direcciones en el Ministerio de Desarrollo Social y el traslado compulsivo de trabajadores. Nos interesa analizar estos dos últimos casos.
En el ENACOM (ex AFSCA), las autoridades del organismo convocaron a la Junta Interna de ATE para notificarlos de una lista de 165 despidos (según la “dotación óptima”, los primeros de alrededor de 700). Una asamblea de 500 trabajadores definió, antes de la llegada de los telegramas, la ocupación de la sede de la calle Perú en la CABA. Esta ocupación duró 30 horas y contó con la solidaridad de amplios sectores, además de darse en la jornada donde estaba convocado un paro nacional de estatales. La ocupación fue levantada después del anuncio de la “suspensión” del envío de los telegramas y de una reunión el día lunes 11 con las autoridades.  
En el Ministerio de Desarrollo Social se da un ejemplo que demuestra claramente el recorte de derechos. La Secretaria de Economía Social, al frente de los programas Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Desde el barrio, se reestructuraría, por lo cual se disuelve por lo menos una dirección. El “plan” hacia los cientos de trabajadores que desempeñan sus tareas allí era que cumplieran sus tareas en las oficinas descentralizadas de ANSES -organismo en el cuál se anunciaron miles de despidos y ya se efectivizaron algunos de ellos-. Sin garantías de continuidad laboral y con una clara diferencia salarial entre trabajadores de los dos organismos las autoridades plantearon esto y la respuesta de más de 150 estatales de dichos programas reunidos en el edificio fue ejemplar. En los hechos, y a pesar de que las representaciones gremiales de UPCN y ATE (la Junta Interna está compuesta por la Lista Verde y Blanca), plantearon la permanencia en el lugar hasta obtener respuesta por parte de los funcionarios alrededor de dos puntos: la firma de los contratos 2018 y que se suspenda el traspaso a ANSES por considerarlo “despidos encubiertos”.
El escenario actual es muy complejo para los trabajadores estatales no solo por los embates del gobierno sino también por los falsos ejes que intentan imponer las representaciones sindicales. Prácticamente no hay duda alguna sobre el acuerdo de la dirección de UPCN con el gobierno nacional alrededor de los “criterios” en los despidos ni tampoco el número. Sobre todo después de la paritaria escandalosa firmada por Andrés Rodríguez que entrega sistemáticamente derechos ya adquiridos además de ser miserable en términos de aumento salarial. La política de precarización laboral de los estatales profundizada por el gobierno anterior y aprovechada al máximo por el actual expone a los trabajadores. Pero también lo hace la interna entre los sectores nucleados por ATE Nacional, por un lado, y ATE Capital por otro. Esta división, que quieren hacer pasar como “diferencia de métodos” y una competencia por quién es más “democrático” que el otro, es en realidad, y como venimos sosteniendo, una interna de proyectos políticos que, en definitiva, no resuelven los problemas de los trabajadores.
Esta etapa obliga a la unidad de acción de todo aquel que esté dispuesto a enfrentar al ajuste del macrismo y, sobre todo, que esté dispuesto a profundizar los planes de lucha. Queríamos resaltar los casos de ENACOM y el MDSN para evidenciar que más allá de los límites que intentan imponer las direcciones sindicales el camino es claro: la ocupación de los organismos que despidan por un lado, demostrando la voluntad y fuerza que tienen los trabajadores; y la calle como escenario para dirimir estas cuestiones con el gobierno, como ya esbozó la masiva movilización del pasado 29 de noviembre.
En este sentido, es clave que los trabajadores estatales tomen el protagonismo en esta situación y ya no exijan, sino que impongan los métodos históricos de la clase obrera para defender sus derechos y dar por tierra las intenciones de un gobierno antipopular y entreguista.
Isabel Gómez