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El martes 24 de septiembre se produjo un derrumbe en la obra de ampliación de la Terminal B del aeropuerto de Ezeiza, causando la muerte de un obrero y 13 heridos de diversa consideración. El accidente ocurrió unos días antes de la visita del presidente para la inauguración.
En un primer momento la empresa intentó culpar a los obreros aduciendo un “error humano” por el mal manejo de una grúa que habría provocado el derrumbe. Sin embargo los hechos ratifican la primera sospecha: la desidia de las contratistas. Según la investigación del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, las últimas pruebas confirmarían que fue responsabilidad de la empresa constructora, en pos de bajar los costos de la obra. Por el momento la construcción quedó suspendida.
La muerte de José Bulacio, capataz de una de las empresas contratistas, y sus 13 compañeros heridos, desnudaron las condiciones de precarización a la que eran sometidos los obreros, ya que la obra había sido denunciada por irregularidades. Pero la voracidad de la campaña electoral hizo que aceleren la construcción para que el gobierno de Macri tenga algo que mostrar antes del final de la campaña.
Si bien la UOCRA había presentado denuncias por irregularidades, cabe preguntarse por qué el gremio no convocó a medidas de fuerza si consideraba que el riesgo era inminente.
En las obras en la Terminal B de Ezeiza, que están a cargo de Aeropuertos Argentina 2000, trabajan más de 60 empresas. Las denuncias por las obras fueron presentadas contra la empresa TGLT S.A., una fusión entre la empresa de Nicolás “Nicky” Caputo, amigo íntimo del presidente y otras 11 empresas.
En este caso, el Estado Nacional supervisa la construcción. Por eso solo el apuro electoral explica la presión del gobierno por finalizarla rápidamente, ya que ninguna de las mejoras que se realizaron en los últimos meses en aeropuertos fueron financiados por el gobierno de Macri.
Marcela Stein
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