En el Fondo, la inflación

La inflación de abril fue del 8,4%. El alza de precios fue mayor en los sectores más vulnerables, pues el plan de Precios Justos apenas llega a los comercios de barrio, ya que está pensado para las grandes cadenas de supermercados. Asimismo, para mayo es esperable una cifra superior, porque la corrida cambiaria tuvo lugar a fines de abril e impactó fundamentalmente sobre los precios de este mes (BAE, 4/5). Más allá de los tecnicismos, cualquier bolsillo percibe y sufre lo que el INDEC informa.

De acuerdo a diversos analistas, las medidas antiinflacionarias de corte ortodoxo lanzadas por Massa la semana del 15/5 son contradictorias y no van al hueso del problema. En tanto no haya un ingreso de dólares suficiente a la economía, los pesos seguirán usándose para comprar dólares, empujando la devaluación e impactando en los precios, que seguirán subiendo. 

Entre las medidas se encuentra la suba de la tasa de interés de referencia al 97% (una exigencia del FMI, en rigor) para atraer pesos hacia los plazos fijos, LELIQ e impedir que se usen para comprar dólares, objetivo que por ahora no fue alcanzado: la cotización de los dólares paralelos continuó subiendo. Por un lado, subir las tasas frena la economía, pues incrementa el costo del endeudamiento de empresas y PyMES, lo cual se traslada a precios y sube la inflación. Además, en un contexto donde la inflación se espiraliza y una devaluación brusca está dentro del menú, quien tiene pesos acumulados tiende a comprar dólares. En ese sentido, ya entramos en la previa de las PASO: el desarme de inversiones en pesos, la compra de dólares e incluso el retiro de los billetes físicos (en abril, USD 1.000 millones). Por otro lado, la suba de tasas eleva el monto de los intereses que el Estado debe pagar -mediante la emisión de pesos- a los bancos e inversores por los pasivos remunerados (LELIQ, Pases BCRA): con un stock de deuda de $12 billones (13,5% del PBI), los intereses serán de $800.000 millones por mes (casi 5% del PBI, anualmente). Con una tasa de interés real positiva, las LELIQ son un negociado automático para los bancos. Asimismo, es la mayor fuente de emisión monetaria: a este ritmo, en tres meses el stock de pasivos remunerados triplicará a la base monetaria (básicamente, la cantidad de pesos en la economía argentina). Adicionalmente, con la emisión de $670.000 millones entre marzo y mayo para auxiliar al Tesoro el gobierno incumple otra de las metas del acuerdo con el FMI: limitar la emisión a $372.000 millones en el primer semestre de 2023. Son los pesos con los cuales los inversores financieros hacen las corridas cambiarias.

Otra medida fue la aceleración del crawling peg (devaluación progresiva, por exigencia del FMI) que también incrementa la inflación, pues los precios internos están parcialmente sujetos a los precios de importación de insumos y exportación de productos y al monto de la ganancia empresarial medida en moneda dura. En segundo lugar, la liberación de permisos para importar alimentos e insumos industriales, pensada para impedir que los precios internos suban demasiado, genera una salida de dólares en un contexto de restricción externa y agudiza el problema de fondo, la falta de dólares. Además, la diferencia entre el precio de compra de los dólares-soja (a $300) y el precio de venta a los industriales ($230) alimenta el déficit fiscal y, con él, la emisión de pesos que alimentan las LELIQ o corren hacia el dólar. Lo mismo ocurre con los “alivios fiscales” implementados, justamente cuando la meta del FMI es reducir el déficit fiscal. Finalmente, la disminución de la tasa de interés del Ahora 12, además de ser contradictoria con la suba de las tasas de interés, promueve el consumo en un contexto donde se incrementa el costo de reposición de los productos (y por ende, sube su precio en góndola) dadas las restricciones a la disponibilidad de dólares a valor oficial para el financiamiento de importaciones de insumos industriales: las empresas están sobreendeudadas con sus proveedores del exterior.

En definitiva, el sueño de la inflación del 3% en abril quedó muy atrás. El gobierno apuesta a sostener las cifras actuales y evitar una espiralización que termine en una hiperinflación. En cualquier caso, lo importante de la inflación es que canaliza una disputa por los precios relativos, es decir, por determinar cómo se dividirá la ganancia entre las distintas fracciones del empresariado y, fundamentalmente, por cuál es la proporción del ingreso generado que se apropian los trabajadores y cuál el empresariado. La inflación no afecta a todos por igual porque no es un incremento de todos los precios de la economía en forma proporcional: en particular, el salario -precio de la fuerza de trabajo- tiende a quedarse atrás del resto. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, las jubilaciones promedio han perdido un 18% del poder adquisitivo en los últimos 12 meses (BAE, 18/5) mientras el haber mínimo, la PUAM y las pensiones están todas bajo la línea de indigencia. Los salarios promedio perdieron 3,4% de poder adquisitivo y los informales (en negro) casi un 30% (Cronista, 10/2). En otras palabras: escondido tras la inflación hay un ataque a los ingresos de la población trabajadora (sueldos, jubilaciones, planes sociales) en la que coinciden estratégicamente el gobierno, la oposición, los empresarios y el FMI, y que acompaña mansamente la CGT firmando paritarias a la baja y frenando la movilización obrera. 

FMI

El FMI está detrás de la inflación y de toda la política de ajuste, sin eximir de responsabilidad al gobierno que aplica su programa. 

El otorgamiento del crédito a Macri en 2018 y la refinanciación acordada por Alberto sometieron al país a un endeudamiento ilegítimo en beneficio de unos pocos que fugaron todo al exterior, dejándonos a nosotros el pago de la deuda. El acuerdo firmado establece un sendero de medidas económicas destinadas a reorganizar la economía nacional en torno al pago de la deuda: recorte de los gastos e inversiones del Estado (eliminación del déficit fiscal), control de la emisión monetaria, tasas de interés positivas, quita de subsidios y tarifazos, y devaluación del peso. Además de ser un plan altamente inflacionario, en el mediano plazo empuja a la economía hacia la promoción de las actividades con orientación exportadora (lo que profundiza el extractivismo) y las reformas laborales y jubilatorias, dos temas que no casualmente volvieron a la agenda de políticos y medios de comunicación en los últimos meses, todo ello con el objetivo de ganar “competitividad externa” y reducir el déficit fiscal. 

A un año y pocos meses de la firma del acuerdo “razonable”, que supuestamente abriría “un sendero transitable” (Guzmán dixit), la economía va por su tercera corrida cambiaria, las reservas internacionales del BCRA están por el piso, la inflación supera el 8% mensual, los salarios han perdido poder adquisitivo, el panorama es recesivo para 2023 (menor actividad y empleo) y el acuerdo se ha vuelto imposible de cumplir. Hacia adelante, en 2024 se incrementan sensiblemente los pagos de deuda a los bonistas privados reestructurados en 2020 y en 2027 comienza la devolución de los actuales desembolsos del FMI. 

A partir de marzo pasado, comenzaron los incumplimientos de las metas del FMI (reservas, déficit, emisión), gatillados por las consecuencias fiscales y económicas de la sequía. Con el acuerdo definitivamente caduco, el nudo del asunto es cómo y cuándo se firmará el siguiente. Mientras tanto, Massa negocia el adelanto de los USD 10.600 millones que el FMI debe desembolsar durante 2023, con el objetivo de reemplazar los dólares que no están ingresando vía retenciones dada la sequía y así evitar nuevas corridas cambiarias. En ese camino realiza concesiones políticas, diplomáticas y económicas de todo tipo, como la mencionada suba de tasas, la asignación del espectro radioeléctrico de 6 Ghz a compañías norteamericanas (en detrimento de las chinas) y los recortes en términos reales de las prestaciones sociales del gasto público, como las becas Progresar, las asignaciones familiares y el plan Potenciar Trabajo (BAE, 19/5). Los dólares del FMI son la única chance que tienen Massa y el FdT de llegar a las elecciones en condiciones de competir. Sin embargo, a cambio el FMI reclama una devaluación del orden del 30 a 50% para evitar que sus fondos sean dilapidados en vender dólares baratos, como sucedió con Caputo, Dujovne y Macri en 2018 y 2019. Se trata de una devaluación que terminaría de enterrar el poder adquisitivo del salario y, con ello, la menguada base electoral del peronismo. Asimismo, el FMI es un salvavidas de hierro: fue el Fondo quien nos trajo hasta acá, con el otorgamiento del crédito en 2018 y el acuerdo de 2022, con su programa económico ortodoxo y sus metas. Es esperable que un nuevo plan implique otra ronda de ajuste sobre las condiciones de vida de los sectores populares, máxime cuando la urgencia financiera del Estado es mayor a la de 2020/2022. Para colmo, se trata de planes incapaces de conducir un sendero virtuoso de desarrollo: así lo prueba la historia argentina y la experiencia internacional. 

Lo anterior es el fracaso de la política económica “moderada” basada en la normalización de las relaciones con el capital financiero, un desarrollo productivo traccionado por los grandes grupos económicos (industriales, energéticas, cerealeras) y la reducción de la participación de los trabajadores en el producto. Solamente en un sentido puede considerarse exitoso: la recuperación de la actividad económica fue tan importante que superó las caídas de la pandemia y de la experiencia macrista, pero nunca llegó a los bolsillos de la gente, pues se quedó en las ganancias empresariales. 

Cristina critica al FMI y pide un programa económico distinto. No obstante, el acuerdo con el FMI fue el nudo central del programa económico del FdT, lo mismo que el acuerdo con los bonistas privados. Guzmán, Massa y Alberto fueron el sustento político del mismo, amén de la oposición que puso su voto positivo en el Congreso. El FdT fue la reestructuración y el pago de la deuda sin ponerla en tela de juicio; el desperdicio de la oportunidad para cuestionar la política de endeudamiento perpetuo de nuestro país. Transcurridos tres años y medio de una estrategia moderada, el gobierno se encuentra preso de sus propias decisiones, con una crisis económica y una inestabilidad política que se retroalimentan.

La incertidumbre electoral que arrecia en 2023 es una manifestación de la crisis política, que puede sintetizarse como la indefinición de las clases dominantes sobre qué sendero económico trazar para recomponer el ciclo de acumulación de capital y cuál es el diseño político más adecuado para conducirlo. En esta crisis, la clase obrera debe proponer su programa económico basado en el no pago de la deuda externa y la estatización de los recursos estratégicos, el sistema bancario y el comercio exterior, para financiar un inmediato aumento de salarios, jubilaciones y planes sociales hasta cubrir la canasta básica familiar. La tarea de la hora pasa por impulsar un paro activo y piquetero y construir la fuerza social necesaria para imponer aquel programa. De ello dependen el bienestar de los sectores populares y el futuro de nuestro país.

David Paz