El gobierno quema naves sin llegar a puerto

En medio del ajuste, los pronósticos reactivantes no se cumplen y obligan a corregir tiempos y promesas frente a una opinión pública crecientemente desfavorable. Por séptimo mes consecutivo el consumo minorista volvió a bajar. Los aguinaldos y el pago en cuotas con tarjeta de crédito no alcanzaron a compensar la caída de 8,1% en julio con lo cual, estima CAME, el promedio interanual registra una baja de 6,6% en lo que va del año. La zozobra de las Pymes agudiza el desempleo, caída del salario y el poder de compra. Automotrices, metalúrgicas y petroleras acentúan suspensiones, despidos y retiros voluntarios. Adelantan a su vez que seguirán achicando planteles y salarios. Se anuncia el inicio de obra pública repetidas veces sin que se concrete; las demoras en las adjudicaciones se atribuyen a las dificultades para cotizar que tienen los contratistas frente a la permanente variación de los precios.

Precios tutelados y descontrolados

La política de precios se rige por las decisiones del poder monopólico en la economía, muy lejos de la simple regulación entre oferta y demanda como teorizan los CEOs y asesores del gobierno. Los aduladores del ‘libre mercado’ que plantean como nueva una vieja y fracasada política detrás de la cual se benefician los grandes grupos y se perjudican los trabajadores, simulan estar sorprendidos frente a la imposición y el manejo discrecional de precios por parte de corporaciones amigas. Más de un funcionario tuvo que correrse de la ortodoxia liberal y acudir a regulaciones o pautas de controles, que después tampoco son respetados por los grupos. Sucedió con el precio del aceite que después de la disparada (30%) se pautó en un 4 a 6% y se restituyó el fideicomiso que retenía el 1% a las aceiteras. Sucede con los laboratorios, que luego de haber aumentado los medicamentos un 51% promedio en lo que va del año pactaron un congelamiento en los de venta masiva hasta fin de año. Pero el caso más evidente y con efectos más sensibles para el presupuesto familiar, es el de los precios en las góndolas y su desproporcionada relación, entre 7 a 11 veces, con lo que reciben los productores. Es el caso de frutas, hortalizas, carnes y fundamentalmente de la leche, que adquirió mayor resonancia porque las cadenas de supermercados cada más concentradas cerraron frente al ministro Buryaille toda posibilidad de considerar el desfasaje entre el costo y el precio de venta. Es una decisión política que condena a la desaparición de cientos de productores pequeños en beneficio de la gran industria lechera y las cadenas comercializadoras.  En un verdadero libertinaje en materia de precios, se agrega la importación de bienes de consumo en detrimento de la producción nacional, precisamente de la mano de los mismos grupos amigos, que son los que sacan la mejor tajada.

Las fichas puestas en el blanqueo

Despejada la lluvia de dólares que nunca llegó, acentuado el endeudamiento externo no productivo en cifras superiores a U$S 36.000 millones, la reactivación y la generación de empleos prometidos se postergan hacia el próximo año, en tanto y cuanto, la última carta depositada en la ley de blanqueo de capitales mal habidos sea exitosa y les permita ir en la búsqueda de un nuevo consenso electoral. El endeudamiento externo fue destinado centralmente a la cancelación de deudas anteriores, intereses, dividendos o a equilibrar la sostenida emisión monetaria a la fecha, validando incluso la fuga de capitales registrada en el semestre por U$S 6.000 millones. Mientras tanto, para salir del desmadre el gobierno contempla el incremento de la obra pública y el gasto social, siendo consciente  de que marcha hacia un desequilibrio fiscal comparativamente superior a 2015, que puede sumar presiones hacia una profundización mayor del ajuste. Por otro lado espera el ingreso de divisas frescas a partir de la exportación agroalimentaria y sus derivados en la próxima cosecha, cuya tajada mayor siempre queda en manos de pooles, cerealeras, semilleras y bancos.

El poder de los monopolios

La tendencia a la fusión y concentración monopólica es una ley propia del capitalismo que profundizó la dictadura en 1976 con Videla-Martínez de Hoz, se renovó en democracia con el peronismo menemista y retoma impulso con Macri. En el medio otros gobiernos, fundamentalmente el peronismo kirchnerista, patalearon y limitaron pero no quebraron dicha tendencia. Para ello se requieren cambios estructurales propios de un poder con vocación revolucionaria. Hablar de proyecto nacional como alternativa al fundamentalismo neoliberal del macrismo, sin avanzar sobre el poder del capital monopólico, es una farsa, es demagógico y una apuesta de nuevo al fracaso. 

A.Z.