Educación: una crisis sin precedentes

Luego de la derrota electoral y la crisis desatada al interior del FdT, uno de los salientes es Nicolás Trotta, ahora ex ministro de Educación nacional. En su reemplazo ingresa Jaime Perczyk, hasta el momento secretario de Políticas Universitarias y rector de la Universidad Nacional de Hurlingham. La “renovación” del ministerio, que no tiene ninguna figura nueva, es más una lavada de cara para intentar dar vuelta el resultado electoral que una reformulación de la política educativa hasta aquí implementada.
A nivel general la situación educativa es crítica. Si antes de la pandemia el desfinanciamiento era lo que predominaba, con la llegada del Covid-19 la situación tendió a agudizarse. Durante estos dos años, en todos los niveles educativos se vivió un ajuste presupuestario. Dejando de lado el debate sanitario, tanto la virtualidad como la presencialidad planteadas por el gobierno, se caracterizaron por la falta de recursos, la profundización de la precarización laboral y la expulsión de miles de estudiantes de la educación pública.
El principal problema de la educación está relacionado con la crisis económica en marcha que trae desastrosas consecuencias pedagógicas. En el nivel inicial se multiplicó el analfabetismo, que se extiende incluso a estudiantes de los últimos años. En la secundaria, el combo de deserción escolar sumado a jóvenes sin perspectivas de un futuro en donde se pueda conseguir trabajo y mucho menos ser profesional, hace estragos en las escuelas populares. Mientras tanto, en el nivel superior -tanto terciario como universitario-, no hubo ninguna política de sostenimiento en la cursada y casi cerrando el año educativo son miles los y las estudiantes que aún no tienen respuestas del Progresar, cuyo monto mínimo es de unos miserables $3600.
Si la situación educativa no es aún peor se debe a los enormes esfuerzos de la docencia de todos los niveles, que viene pagando con su salud, sus condiciones de trabajo y su salario, la desidia estatal. Pero la mecha es corta y las condiciones objetivas de pobreza en la que se encuentran el conjunto de trabajadores de la educación y del estudiantado, hacen que la repetición de procesos de lucha como los de Salta no sean probabilidades remotas.
En este contexto, está casi descartado que a corto plazo el gobierno persista con votar los cuatro proyectos educativos que envió al Congreso. La reforma educativa integral, que viene a consolidar la injerencia de los planes educativos de los organismos internacionales de crédito, tendrá que esperar a que el gobierno logre consolidar la estabilidad -si es que logra hacerlo.
¿Qué sucede con el movimiento estudiantil?
Si bien la crisis tiende a agudizarse y los conflictos por abajo a multiplicarse -aunque persista su carácter aislado y espontáneo- el papel del movimiento estudiantil no destaca. El atraso de este sector en relación con otras franjas del pueblo tiene bastante que ver con la situación abierta con la virtualidad, que dificultó al extremo la posibilidad real de organización en los lugares de estudio. De hecho, la última intervención relevante fue en 2018, cuando el movimiento estudiantil universitario se levantó contra el FMI y el terciario -principalmente CABA- contra las reformas educativas.
Esta situación presenta un problema a resolver e intentar combatir, dado la importancia que tiene este sector en la lucha popular de nuestro país. Ahora bien, que existan procesos de lucha educativos que puedan forjar a una nueva camada de activistas y militantes estudiantiles, va a depender en gran parte de lo que suceda afuera de los lugares de estudio. Precisamente, fue luego del estallido del 2001 cuando en las universidades se habilitó la posibilidad del debate de ideas, se multiplicaron las luchas en defensa de la educación pública y se avanzó en la solidaridad con los reclamos en curso. Si bien esto tuvo como epicentro a la UBA y los terciarios de CABA, su coletazo llegó a varios puntos del país.
Allí está la clave para este momento: aunar los reclamos específicos, justos y urgentes con la lucha general contra la pobreza. De allí que la mejor política para incentivar la formación de futuros activistas estudiantiles sea la de estar plegados al sector más dinámico de la lucha callejera. Reforzar el papel del estudiante, como parte de esa juventud que hoy sufre las consecuencias de un régimen que solo trae miseria para el conjunto de trabajadores y el pueblo. En ese camino de solidaridad con las luchas en curso, no dejar de incentivar la apertura y participación en espacios amplios que tiendan a la unidad de los/as que luchan y el antiimperialismo, con la mira puesta en sacarse de encima al FMI y sus socios locales.

Martina Bas