Editorial - Turbulencias por arriba y señales por abajo

Al gobierno no le están yendo bien las cosas. En el primer trimestre el aumento de los alimentos en CABA llegó a 15,4%, por encima del 13% del índice inflacionario según el Indec. Con lo cual aquel 29% presupuestado para todo el año quedó atrás y hasta los mismos formadores de precios se manejan con estimaciones inflacionarias por encima del 42%. Aunque no se quiera, se trata de un verdadero ajustazo en los ingresos de los trabajadores, visto que en la gran mayoría el costo de la canasta alimentaria absorbe el 90% de los ingresos. A la vez que la canasta básica completa de $58.000 a febrero, para cubrir las necesidades de una familia tipo, se distancia cada vez más del salario de bolsillo general. Corre riesgo, en el marco de la agudización pandémica, la reactivación para el estimado 6% como parte del rebote de la economía luego de la caída en 2020 de 9,9% del PBI. Por otro lado, la emisión monetaria en marzo fue de $23.410 millones, como parte de una cobertura de pasivos de $ 3.260.000 en el trimestre que se buscó esterilizar con leliq y pases, reservados exclusivamente a la bicicleta que funciona entre los bancos y el Central. Paradójicamente, el factor determinante en dicha expansión fueron los intereses por un monto de $ 261.000 millones en este caso, pero que visto la escasa capacidad de financiamiento local, la emisión y el negocio compartido con los bancos, es el único recurso de aquí en adelante. Conocidas las cifras de pobreza con el 51% en el Conurbano y próximos al 60% en el NOA y NEA, el escenario sobre el cual se despliega la pandemia y la escasez de vacunas no podría ser peor. 

Guzmán, con el sombrero en la mano

Aferrados a los precios de la exportación agroalimentaria y al excedente que irá a engrosar las reservas, el gobierno patea hacia delante la intención de arreglar con el Fondo y con el Club de París. La misión del ministro Guzmán en Estados Unidos y Europa consiste precisamente en explicar por enésima vez la vocación de pago a la vez que postergar todo vencimiento actual y renegociar nuevos plazos e intereses. Hay un cálculo electoral, pero también un límite allí donde los niveles dependen de la intervención popular. Tranquilizan los U$S 3.400 millones que le corresponden al país por extensión de los Derechos de Giros Especiales ampliados en el FMI. No es contradictoria la gestión del ministro con las declaraciones que oportunamente hizo la vicepresidenta sobre que “en estas condiciones no se puede pagar”, lo cual no exime al gobierno del cumplimiento del plan donde el ajuste y las restricciones presupuestarias predominan sustancialmente. Eso y no otra cosa es, por ejemplo, la negativa a compensar salarialmente y garantizar condiciones laborales dignas al personal de salud, como la política de sobrevivir y contener la pobreza en los territorios en lugar de generar fuentes de trabajo con salarios genuinos. Es más fácil negar que existan los recursos antes que justificar el posibilismo de achique permanente que la domesticación política, en su mayor parte y en sus distintas expresiones, practicó en las cuatro últimas décadas. 

Pero la gestión política con los aprietes correspondientes Estados Unidos la concretó, en primer lugar, con la visita del jefe del Comando Sur Craig Faller a Ushuaia, buscando congraciarse con donaciones de campaña pero con el ojo puesto en el dominio del mar territorial y el cruce bioceánico. El dominio inglés sobre Malvinas y sus adyacencias aprietan en la intención de impedir el establecimiento de una base logística China en la región. En segundo lugar, la misión de Juan González, enviado por JoeBiden en su carácter de asesor del Consejo de Seguridad, afirmó las condiciones ante el presidente Fernández y su ministro Solá. El apoyo ante el FMI, el endeudamiento y la provisión de vacunas fueron parte de la solicitud oficial. Los reparos ante la base de Observación Espacial ya instalada en Neuquén, el cumplimientos en el pago de la deuda, las inversiones extractivistas y la sostenibilidad política en la región con la mira puesta en el expansionismo chino, fueron los condicionantes estadounidenses. 

Y el poder, dónde está

El gobierno pretende, a partir de las variables de una economía regida por el capital monopólico, restaurar un modelo de “capitalismo sano”, siendo que las multinacionales determinan sin conmoverse y donde las viejas banderas del peronismo son violadas por la propia dirigencia. Para contener la inflación se establecen controles sobre los precios, divisas, abastecimiento, tarifas, lealtad comercial, etiquetados, créditos; vistos la efímera vigencia de todos ellos, pero sobre todo sus resultados prácticos, queda claro que sin erradicar o afectar de fondo a los grupos económicos, entonces el único obligado a vivir en la emergencia con el cuento de que no hay recursos, es el pueblo trabajador. Esa es la política predominante en el Frente de Todos, más allá de corrientes internas que esgrimen otro programa, pero cuyo oportunismo resultadista los hace responsables también del estado de situación. Allí se monta la derecha de Juntos por el Cambio que, al estilo Bolsonaro, encontró en los apremios de la pandemia y en las dificultades de la política sanitaria, la fórmula para el desgaste con sentido electoral. Nada serio por supuesto, visto que el arrodillamiento ante Wall Street sin regulación alguna, en sus cuatro años, agudizó la crisis, la deuda y el sometimiento.

Un debate inútil el de la grieta, donde nadie pretende cambiar la matriz productiva ni romper la dependencia. De allí la intención presidencial de continuar pagando una deuda fraudulenta que ni siquiera desconoce ni investiga los ilícitos de quienes la contrajeron. De allí también la continuidad con el decreto 949/20, del neoliberalismo menemista, en el manejo y control del Paraná y Cuenca del Plata por parte de las multinacionales asociadas con cerealeras y grupos que administran el comercio exterior. Allí se entrega no solo soberanía sino también evasión y contrabando, cimentados sobre la red de puertos privatizados, la extinción de la marina mercante, de astilleros, y la consecuente indefensión total sobre los 6,3 millones de km2 del mar continental. En el mismo sentido, los recursos estratégicos y energéticos, con minería incluida, son sometidos al saqueo contaminante de petroleras y monopolios, en lugar de estatizar su explotación en las condiciones ambientalistas en correspondencia al bienestar y voluntad de los pueblos. 

Señales para tener en cuenta

La situación del campo popular es despareja, con sectores que se muestran muy activos en sus exigencias y otros no tanto. Por encima de los movilizados predomina un descontento de conjunto, puesto que las condiciones de vida empeoran, hay incertidumbre en el trabajo y sobre todo una perspectiva desalentadora en relación al futuro que viene. 

Sin rebelión no hay salida. La contención  ejercida por las dirigencia de CGT, CTA, Cetep y otras corrientes integrantes del oficialismo, viene agrietándose en la medida en que la protesta de desocupados, trabajadores de la salud, docentes, portuarios, ambientalistas y otros tantos, marcan el único camino que practican los pueblos allí cuando la paciencia se va agotando. En ese contexto se repiten planteos y medidas de lucha cada vez más elevadas, que conviene destacar sobre todo cuando la negativa y la subestimación son repuesta común en funcionarios o grandes patronales. En esta dirección se destacaron la lucha del pueblo de Andalgalá contra la explotación minera que terminó con el incendio a las oficinas de la empresa Agua Rica, luego que esta desconoció la voluntad popular y se amparó en la decisión de reprimir definida por el gobernador; los cortes y acampes prolongados por los trabajadores de salud en Neuquén alrededor de Vaca Muerta y otras rutas, que aguantaron y respondieron toda clase de agresión por parte de las petroleras y matones; la toma del hospital Larcade en San Miguel, con desalojo de su directora, ante despidos y las precarias condiciones en que se desempeñan los trabajadores: el apoyo de los barrios, que abraza su hospital, determinó corte de vías y movilización con plan de lucha en curso. El mes pasado, tuvimos también la toma del Ministerio de Educación luego de tres intentos fallidos de dialogar, por los jóvenes de los territorios en demanda de conectividad y becas de estudio. 

Ejemplos donde los métodos de lucha van paralelos a la bronca y a la falta de repuesta en las demandas. Esta política no va más, y los trabajadores empujan en el sentido de que la crisis la paguen quienes la provocaron. Que la repuesta sea la represión, por parte de un gobierno que se invoca popular, solo traerá mayor solidaridad y potenciará luchas más elevadas.  

Andrés Zamponi