Abrazado al FMI, todo se derrumba

Mientras se aproxima el cierre de candidaturas y alianzas, la economía profundiza su derrumbe y arroja cifras negativas en todos los índices de la actividad (-6,7% en abril respecto a doce meses atrás), sin que aparezcan signos de reactivación alguna. El riesgo país es lo único que crece, de tal forma que batió record en el período con los 1013 puntos alcanzados en los primeros días del mes, siendo que al arranque de la gestión en 2015 sumaba 400 puntos. Es el reflejo de la lectura que se hace en los centros financieros mundiales respecto a la sustentabilidad de la economía, dado que los intereses que supone tal riesgo (12,5%) tornan inaccesible cualquier préstamo. Argentina ha quedado fuera del mercado de capitales, por eso la aparición del FMI y sus condicionamientos, cuando paradojalmente este gobierno había llegado para “integrarla al mundo capitalista”. 

La necedad y el arrodillamiento son actitudes de clase que el imperialismo exige pero que no respeta ni en sus propios aliados carnales. Aunque el dólar se aquiete momentáneamente -luego de que el FMI autorizó el uso de las reservas- el crédito normal no vendrá por la frágil capacidad de pagos de la deuda contraída. Menos aún si se considera que, durante los 4 años del mandato, en 3 de ellos el PBI disminuyó en lugar de crecer. Las reservas en el Banco Central ascienden a U$S 64.500 millones, aunque de libre disponibilidad se consideran entre U$S 19.000 a 25.000 millones. Por lo que pasado agosto, cuando los ingresos del agro decaigan, la presión cambiaria será insostenible y con ello los riesgos de una nueva corrida volverán a plantearse. En los últimos 50 días se utilizaron U$S 12.000 millones, estimándose que para los próximos compromisos aquellas reservas serán insuficientes. De allí los trascendidos sobre un reforzamiento directo por parte del presidente Trump enfrascado en sostener competitiva, como sea, la reelección de Macri. 

Peor no podrían estar las variables económicas en un gobierno que hizo de la macroeconomía su razón de ser, y a esta altura ya no tiene cómo explicar tal bancarrota. Disminuyó la recaudación en términos reales, con lo cual deberá reajustar el ajuste en el gasto para sostener los compromisos, y en consecuencia profundizará los efectos recesivos del plan. Se proyecta la inflación por encima del 40%, con salarios al 28%, ventas cayendo 14,5% en supermercados y una baja del consumo general de 11,4%. Todos los números en picada. La mitad de la infraestructura industrial permanece ociosa y los despidos son la principal variable de ajuste sobre los trabajadores. Fueron 268.000 despidos en blanco en un año, con lo cual cabe pensar otros tantos miles dentro de la economía informal. La contracara es el negocio financiero de las Leliq, fraguado con los bancos para recibir semanalmente del Central tasas del 70/73%, por el mismo dinero que los ahorristas depositan en plazo fijo al 38/40% promedio. Como dato, en estos primeros 5 meses el monto por intereses en Leliq sumó $240.000 millones, o sea U$S 5.200 millones. Nada es casual: el negocio de unos pocos ocasiona el agobio de la gran mayoría. El endeudamiento externo es una de las cadenas estructurales que somete al país. Al 2018 la deuda pública alcanzó a U$S 332.200 millones, de los cuales U$S 188.000 millones se generaron durante el macrismo. El gobierno que asuma deberá enfrentar vencimientos de 2020/23 por U$S 149.000 millones. Hacerlo será toda una definición respecto a la autonomía ante las corporaciones y por otro lado una condena eterna al pueblo a convivir con la pobreza. Será también una señal para quienes creen ilusamente dentro del campo popular que puede haber salida cumpliendo, aunque sea parcialmente, con el pago de esta deuda fraudulenta. 

La gobernabilidad sin seguros

La precariedad política envuelve al gobierno en su ocaso. El fallido intento de pactar una salida sobre los 10 puntos legitimados por el establishment tuvo corta duración. El rechazo popular en calles y barriadas fue explícito también en las elecciones a gobernador realizadas en 13 provincias, de las cuales solo pudo revalidar en Jujuy. Con reproches cruzados y las internas al rojo vivo, crecen las posibilidades de que la fuerte caída de la figura presidencial arrastre también a Vidal y pierdan provincia de Buenos Aires. El macrismo buscará contener votos decepcionados, pensando en la segunda vuelta. Pero la desconfianza y los efectos del ajuste se instalaron habilitando la posibilidad de una derrota en la primera. Por otro lado, la oposición peronista en sus diversas ramas tiende a cerrar detrás de la fórmula digitada por Cristina. Incluido Sergio Massa, que tanto vociferó pero que al final, no sin regateos, termina yendo al pie. Por la negativa, la gestión de Macri posibilitó que la ex presidenta, envuelta en tantos expedientes de corrupción, recupere votos perdidos y vaya por un nuevo ciclo. El peronismo federal quedó pulverizado y termina replegándose detrás del oficialismo con la posición colaboracionista de Pichetto. Tampoco Lavagna, reflotado por los gordos sindicales y un grupo de empresarios duhaldistas, pudo instalarse. La novedad fue la designación de Alberto Fernández como cabeza de lista en Unidad Ciudadana, un saltimbanqui de buenos modales con vínculos potables siempre a la derecha. Más que una táctica para ampliar votos y atraer corrientes pejotistas, quien cambió fue Cristina, en un remedo de aquel Perón del 73 que volvió sin rencores y como “león herbívoro”. Con obediencia pero escaso entusiasmo reaccionaron jóvenes kirchneristas y cierto progresismo de izquierda que deberá tragar otros sapos.  

Nunca tan desalentador el escenario por arriba. Nunca tanto oportunismo en los programas y en la conducta. Al final de cuentas el régimen político es eso, un montaje casi circense, donde la vocación de servir al país ha derivado en servirse del mismo. Con derecho a regateos, pero sin salirse de los marcos de esta democracia domesticada por el capitalismo monopólico, siempre habrá lugar para el mal menor. 

La lucha del pueblo también con la guardia alta

En ese camino decimos que la crisis es profunda, porque es estructural y no alcanza con la sumatoria de votos para recomponer una gobernabilidad cuestionada. Las necesidades son muchas, la inflación no cesa y el costo de la canasta redondea los $30.000. Por otro lado el promedio salarial gira en los $21.000, crecen despidos y suspensiones y no hay atisbos de que esto pueda cambiar medianamente. Cualquier nuevo intento no tendrá futuro si no confronta con el poder económico y financiero como prioridad. Para las necesidades del pueblo, octubre está lejos y más aún diciembre, si los tiempos institucionales predominan sobre las urgencias de vida. 

El paro general del 29 mayo fue contundente. No fue dominguero como pretendió la CGT. Miles de trabajadores cortaron y se movilizaron en todo el país, con acciones de punta como la protagonizada en Puente La Noria con choferes y estatales centralmente. El día anterior miles de jóvenes y mujeres se expresaron por el proyecto de ley para el aborto legal, repitiéndose la movilización el 3J con “Ni una menos”. El escenario de luchas seguirá abierto hasta el último día, pese a los esfuerzos de quienes contienen el protagonismo de los trabajadores pensando en las candidaturas. 

Cobró plena actualidad el 50 aniversario del Cordobazo, aquella insurrección popular que terminó con la dictadura de Onganía. Actos y jornadas en todo el país para reivindicar el levantamiento obrero-popular que, guardando la distancia, tuvo como blanco al mismo sector de poder que hoy se beneficia y digita la política del ajuste. Ni la pobreza, ni la desocupación, ni la inflación, tenían entonces la magnitud de hoy. Desde el porteñazo de 2001 que tiró a De La Rúa, nadie discute la legitimidad de la pueblada, pese a haber desalojado a un gobierno elegido constitucionalmente. Con más razón en el presente, cuando la ilegitimidad del gobierno de Macri queda impresa en sus propios objetivos y resultados. 

Dada la magnitud de la crisis económica y el rechazo popular al rumbo de ajuste, el desfile de candidatos no debe hacer perder de vista que aun es tiempo de condicionar la transición política desde la intervención del movimiento de masas, que genere condiciones para instalar un programa mínimo que apunte a soluciones de fondo: no pago de la deuda, nacionalización de la banca, el comercio exterior y los recursos estratégicos, medidas básicas para avanzar en el bienestar del pueblo. Y si bien el cronograma electoral tiende a darle tranquilidad a la transición, el gobierno asume la tarea sumamente debilitado: si su desgaste se acelera, la posibilidad de que el recambio no sea tranquilo no está excluida. Con este punto de vista hay que interpelar a los trabajadores, poniendo especial celo en clarificarlo entre su vanguardia.

En este punto, llama la atención que distintas fuerzas progresistas, de izquierda y peronistas, se apropian del Cordobazo como hecho histórico pero toman distancia al momento de aplicar sus enseñanzas en el presente, poniendo paños fríos a la lucha e intervención popular en nombre de alianzas o frentes antimacri. Se alinean detrás de una conducción política y sindical claudicante que gobernó y fracasó, y que en el mejor de los casos no representa los intereses de la clase obrera ni se propone tampoco liquidar los sostenes del capital monopólico. Cuando se trata de quebrar una política, el hecho cualitativo lo introduce la irrupción violenta de las masas, tal como lo marcó el Cordobazo en 1969 y el “que se vayan todos” en 2001. Soberanía política, independencia económica y justicia social, no vienen atadas a ningún resultado electoral. 

Intervenir en la coyuntura y plantear una salida de fondo

Transcurre una crisis de dominio de carácter estructural que las burguesías locales monopólicas, con mayores o menores ataduras con el capital imperialista, trasladan sobre el pueblo. El aumento de la pobreza, la pérdida de derechos y el saqueo indiscriminado de los recursos naturales, es la consecuencia de tal dominio que caracteriza el período. En ese intento, recuperar la gobernabilidad es la condición necesaria y a su vez la razón principal de las desavenencias en las alturas, visto que la resistencia de los pueblos es el obstáculo principal a tales intenciones. 

Nuestro partido nació comprometido con la revolución y con la rebelión de los pueblos como táctica, convencido de que sin poder popular no hay ninguna posibilidad de construir una nación democrática económica, política, jurídica y socialmente. Desde allí la necesidad de una vanguardia obrera y popular que se proyecte por encima de las políticas de contención en que han derivado las democracias dependientes y sus partidos. Terminar con este plan de ajuste y sacarse de encima al macrismo es el objetivo, sin subordinarlo a proyectos de recambio que no fueron ni irán a fondo por erradicar el control de los monopolios. 

De allí que luchamos por la concreción de un programa inmediato sin perder de vista que la batalla principal es el poder. Ese poder, la burguesía monopólica no lo expone en una elección. Puede compartir su administración en caso de ingobernabilidad como en el presente, pero no lo cederá. Quien pretenda ejercerlo plenamente deberá tomarlo revolucionariamente. Por lo cual la clave está en elevar y ampliar la lucha para quebrar el ajuste de Macri-FMI antes de octubre e impulsar un voto programa para continuar la lucha por transformaciones de fondo después de octubre. La pelea de los trabajadores ocupados y desocupados, los estudiantes, la juventud barrial y de villas, de las mujeres por sus derechos, de los movimientos ambientalistas contra las políticas destructivas de las corporaciones, de técnicos y científicos, artistas e intelectuales, es demasiado amplia y también determinante como para perder de vista que todas las pequeñas batallas cobran sentido, sí y solo sí, forman parte de la lucha definitiva por el poder.  

Andrés Zamponi