Editorial | FMI, un salvavidas de plomo

La apelación al FMI confirma el fracaso más rotundo de la política del PRO. La velocidad con que se desencadenó la crisis, apenas dos semanas, habla de la precariedad, insolvencia y ocultamiento con que se venían manejando, cuando hace muy poco tiempo el mismo Marcos Peña sostuvo en Diputados, el 14 de marzo, que ya estaban cubiertos y no se contemplaba financiamiento externo hasta el año próximo. En el mismo sentido fueron las afirmaciones previas del presidente, al inaugurar las sesiones parlamentarias a principios de marzo, sobre el “crecimiento sólido e invisible” y que “lo peor ya pasó”. En esta oportunidad, el empleo de la cadena nacional para hacer el anuncio, como el viaje acelerado de Dujovne a Washington o la solicitud a otros jefes de estado -Alemania, EEUU, España, China- para que intercedan, son definiciones que el oficialismo decidió jugar antes que la situación quede fuera de control.
El gobierno pretende un préstamo de U$S 30.000 millones como piso, con lo cual busca ponerse a resguardo de mayores alteraciones financieras, visto que el llamado mercado de inversores cerró los grifos de usura ante la insolvencia argentina. El FMI como instrumento de dominación y coerción que ejerce el capital imperialista, lejos de ser una ayuda, viene para agravar las condiciones de vida del pueblo y la entrega de sus recursos. Presentar como una ventaja el 4% de interés como dijo la diputada Carrió, oculta cínicamente que la piratería central del Fondo radica en los condicionamientos y ajustes sobre los presupuestos nacionales. En este caso, sobre políticas específicas enmascaradas en la reducción del déficit fiscal, pero que afectarán sustancialmente el régimen laboral, salarial, previsional, salud, ciencia, educación, etc. Allí están, frescos en la memoria, las ‘relaciones carnales’ de Menem-Cavallo y, poco después también, los hechos que determinaron el levantamiento popular de 2001. Si el gobierno decidió pagar los costos políticos sabiendo que el 75% de los encuestados sobre la conveniencia del préstamo manifestó su rechazo, lo hace porque ya asumió el fracaso y no tiene plan B, porque cuenta aún con el apoyo de los centros del poder y hasta porque especula con la descomposición de algún sector de la oposición para llegar a 2019.

Sin tregua contra la coalición del ajuste

El gobierno quemó naves y su desconcierto, atado a las imposiciones de Wall Street, abrió curso al llamado de unidad nacional o coalición, expuesto en algunos medios e invocados por sectores del radicalismo que integran Cambiemos. Al igual que la franja de gobernadores peronistas, entre los cuales tanto Schiaretti como Urtubey jugaron más pegados al oficialismo, y ahora buscan espacio en la reorganización del PJ. No hay lugar para un segundo pacto cuando el primero quedó hecho trizas en los sucesos de diciembre. Menos aún si la propuesta viene teñida de los requerimientos del FMI, y la necesidad de una cobertura política negociada la consideran como último intento, antes del abismo. El macrismo lo niega, pero ha tomado nota del cambio de clima y entre las rectificaciones que trascienden, hay renuncias y debates sobre el futuro de la reelección. Cómo se definirán los acontecimientos, de aquí en adelante, dependerá fundamentalmente del nivel que alcance la lucha popular y de la confluencia hacia escenarios parecidos a diciembre. Secundariamente del rol que pueda jugar la oposición política, donde el peronismo pese a contar con mayoría parlamentaria, no es creíble y tampoco quiso comprometerse en el repudio a la injerencia del Fondo y su stand by. La posibilidad de llegar competitivos en 2019 aumenta con la declinación actual del macrismo, pero a su vez la disputa interna entre federales y kirchneristas no supera límites programáticos históricos ni profundiza en la acción concreta y unitaria para quebrar el ajuste hoy.

Lucha de masas y lucha de calles

La persistencia del auge de masas, por encima de las derrotas parciales y de los balances al momento de analizar los resultados electorales de octubre, constituye un elemento determinante para definir la política de intervención y orientar la crisis con perspectivas revolucionarias. La gobernabilidad en relación a las demandas populares, siempre estuvo cuestionada por la movilización callejera y la protesta en general. El gobierno no pudo satisfacer aquellas ni logró impedir el descontento pese a los protocolos existentes o la complicidad de sus referentes. La lucha se mantuvo y fue creciendo en 2016/17 en rechazo del ajuste, con variadas e intensas movilizaciones y se transformó en punto de inflexión a partir de las jornadas violentas contra la ley previsional en diciembre último. Pasaron solo cinco meses y desde entonces el gobierno de Cambiemos se relame en sus propias internas buscando cerrar heridas, para que la declinación de la figura presidencial escoriada en esta oportunidad por el fuego amigo de la usura internacional, no se lo lleve puesto antes de lo esperado. El llamado gradualismo es el ajuste hasta donde el nivel de la lucha de masas lo permite. No hay lugar para la ortodoxia liberal como aconsejan algunos y si se pretende avanzar en tal sentido, será en otra coyuntura y con otros componentes, porque la aparición del tercer contendiente obrero y popular ha cerrado toda posibilidad.

Cada uno en su puesto de lucha

Sobran las razones que movilizan al pueblo y realimentan el auge. Los trabajadores, estatales, docentes, municipales van por reapertura de paritarias, contra los despidos y por un salario en los mismos niveles que la inflación. Mientras tanto, aumento de emergencia a quienes quedaron fuera o no cerraron convenios. Los desocupados por trabajo genuino y alimentos, con sus cortes de calle y movilización hacia el centro. Los vecinos e instituciones en los barrios contra el tarifazo y para impedir cortes de servicio. Los estudiantes contra el cierre de los profesorados y el recorte presupuestario. Las mujeres por aborto legal, seguro y gratuito, y contra los feminicidios. Aquí está la base de la rebeldía que puso en jaque el plan de los monopolios, y también la clave para derrotar las condiciones que trae el FMI. En la confluencia de la lucha y en la elevación de la misma las posibilidades de una etapa mayor, en la medida que los límites generados por la ausencia de la CGT y el freno, cuando no la traición, que acarrea el sindicalismo empresario, no logren desvirtuarla.

Tres banderas para la unidad política

Superar los límites del auge es un factor subjetivo. También una responsabilidad planteada al movimiento revolucionario y a nuestro Partido. Supone un desarrollo mayor del combativismo y la unidad con vocación estratégica, para que la lucha traspase la reivindicación concreta y defensiva hacia un programa democrático popular y antiimperialista que afecte las estructuras monopólicas y vaya por el cambio de la matriz productiva. El saqueo tarifario no tiene solución sin nacionalizar los recursos hidrocarburíferos. La soberanía del peso junto a la desdolarización de la economía y el manejo del crédito interno tampoco tienen solución sin nacionalizar y administrar los bancos. El manejo de lo que se exporta e importa de acuerdo a la producción diversificada y con sentido estratégico no se garantiza sin nacionalizar y tener control del comercio exterior. En sí, una síntesis de tres banderas en un programa antimonopólico y democrático que permita unir y orientar ese torrente que se expresa hoy en las calles, para sentar las bases de un frentismo comprometido. Lo cual se logra con lucha política, con vocación unitaria, elevando los métodos, impidiendo políticas oportunistas de coyuntura que obturen el desarrollo de una perspectiva de cambio real, revolucionario.
Trabajamos para que se abra una situación distinta, que se proponga superar la polarización decadente de los años pasados y para que la vanguardia obrera, estudiantil y popular que se perfila intervenga activamente ante a la posibilidad cierta de una derrota, más temprano que tarde, de la política promonopólica del macrismo.

Andrés Zamponi