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Editorial - De la mano del Fondo, hacia un nuevo ajuste
Ninguna expectativa con Joe Biden
Luego del triunfo de Biden en EEUU, el canciller Solá opinó exultante sobre las mejores posibilidades de obtener el apoyo en las negociaciones actuales con el FMI. Por las dudas, previo al desarrollo de las elecciones ya había votado la condena a Venezuela en la ONU a principios de octubre, para congraciarse con el mundo financiero.
La consagración del candidato demócrata generó tranquilidad en sus aliados más estrechos, europeos principalmente, y a la vez un cúmulo de especulaciones en los países emergentes afectados por la crisis y con elevado endeudamiento externo. Más allá de la incertidumbre por las denuncias y el rechazo del actual presidente Trump, el encumbramiento de Biden parece inevitable. No así desde los hechos concretos y las confrontaciones abiertas antes y durante la elección, con todas las desavenencias que están planteadas y que deberían armonizar entre ambas fuerzas antes del ritual del traslado de mando, a concretarse en enero próximo. EEUU ya no puede esgrimirse como modelo de la democracia y menos aún intervenir en otros países en nombre de la libertad. Su legitimidad está cuestionada por el mismo pueblo americano, cuya participación (67%) en el acto electoral es inédita por cierto, pero cuyo rasgo principal viene de arrastre por la crisis que atraviesa, agravadas por el negacionismo presidencial frente a la pandemia, pero sobre todo por la rebelión del pueblo contra el racismo, la brutalidad de las fuerzas policiales y la indefensión en la que se encuentran amplios sectores sin protección sanitaria alguna. Razones que confluyeron, entre otras, en la derrota de Trump.
Sembrar expectativas en el candidato sin considerar el rol imperialista y/o gendarme que ejerce EEUU en el mundo, además de oportunista supone perder todo rasgo de independencia como país no alineado. El geronteBiden hace 47 años vive de la política en nombre del partido demócrata. Un verdadero burócrata con 39 años como senador y 8 como vicepresidente de Obama. Protagonista y copartícipe de las principales decisiones del Pentágono, independientemente de quién fuera el presidente, ya sean las invasiones o bombardeos a Irak, Afganistán, Siria, Libia. Trump no es un accidente por cierto, pero no hay razones para suponer que todo será distinto con Biden.
Los apuros del ministro
Dijimos que el límite principal del gobierno estaba en su propio proyecto. Sin novedades en cuanto a los cambios estructurales, los acuerdos con los bonistas y el actual frenesí por obtener del FMI dólares frescos, tanto como la negativa a expropiar oportunamente o asumir el control del grupo Vicentín, cerraron toda posibilidad de proyectarse con un programa de transformaciones profundas. De aquí en más, como ya sucedió otras veces, el proyecto peronista, que despertó el entusiasmo inicial ante al estrepitoso fracaso del macrismo, se diluye en los estrechos pasadizos de una economía cuasi-liberal. La heterodoxia expresada por Martín Guzmán como apadrinado de Stiglitz, ha devenido en ortodoxia plena, de tal forma que resulta muy difícil mantener el discurso cuando no hay lugar para progresismo.
La posibilidad de una devaluación brusca, sin colchón de reservas, no está cerrada. Desde que asumió Alberto el valor del dólar mayorista aumentó un 99%, mientras el dólar paralelo otra vez está alrededor de los $170. De allí los apuros por un nuevo préstamo, visto un cierre de año sin recupero de la actividad económica y con más pobreza, desocupación y hambre. Tampoco pasan desapercibidas las elecciones de medio término en 2021. Los apremios del ministro Guzmán giran en la necesidad de recibir dinero fresco, de cualquier forma, a efectos de fortalecer las exiguas reservas antes de que lo gradual se transforme en corrida abrupta y empuje al descontrol de precios. Ni el ministro regatea mucho ni tampoco el FMI abarata nada ni ahorra para imponer condiciones. Curado en salud, Guzmán va por más y busca reducir el déficit fiscal de -4,5%, presupuestado para el año próximo, al -3,5%. En función de ello dispuso la desaparición del IFE y ATP, una nueva cepillada a los jubilados con la movilidad social y la reducción de subsidios a partir de la liberación de tarifas y descongelamiento en los precios máximos.
Preocupa la inflación siendo que el índice de octubre llegó a 3,8% y con ello la interanual a 37%. Esto sucede con tarifas congeladas y lista de precios máximos, por lo cual se espera que con su liberación -incluidos nafta, gas y luz en noviembre y diciembre- crecerá por encima del 4% mensual, llegando a una interanual de 40%, Los rubros con mayor alza fueron vestimentas, calzado y alimentos, con lo cual otra vez, sus efectos castigan a los que menos tienen.
De nuevo economía de mercado
El gobierno entró totalmente en la lógica de la economía de mercado controlada por los grande grupos y bancos. Autorizó que los bonistas Pimco y Templeton (U$S 750 millones) canjeen sus bonos en pesos por dólares, a vencer en 2030 y con tasas de usura. Vuelve a elevar los intereses en plazos fijos al 37% para contener la emisión con lo cual encarece el crédito interno sobre las pymes.
Un caso a destacar, que permanece ignorado por la resonancia y a su vez el desparpajo de la dirigencia política, es la denuncia de Alejandro Olmos a partir del último balance del Banco Central, sobre la deuda y pago que dicha institución realiza al sistema financiero. Son $4.772 millones diarios en concepto de intereses por Leliq y pases internos. Es decir $143.160 millones mensuales, cuando por otro lado se niega el pago del IFE que beneficia a 9 millones de pobres, y significan solo $90.000 millones. Por otro lado muchas fricciones y balbuceos para hacer votar el impuesto a las grandes fortunas, con el que se pretende recaudar por única vez aproximados $ 300.000 millones, siendo que con dos meses de los intereses mencionados que paga el Central a la banca interna, se completa casi el mismo monto. Tan meneado impuesto debería ser definitivo y sumar a otras decisiones, para desmentir a quienes dicen que no se puede cuando la verdad es que no se quiere. Los apuros de Máximo-Heller para que se apruebe en esta semana apuntan a simular un equilibro de cargas, visto que todas las disposiciones fueron de neto corte ajustador, impropio de un gobierno que se supone vino para hacer lo contrario al anterior. La decepción popular crece y con ello se complican los ajustadores y quienes pretenden forzar la contención social.
El rumbo económico impreso no tiene retorno. Los acuerdos de pago de la deuda con bonistas e instituciones financieras, arreglos en gestación con aceiteras y multinacionales o la renuncia a expropiar determinadas palancas productivas, entre otras, responden a la decisión política de un gobierno peronista que se esmera en recomponer la gobernabilidad del capitalismo monopólico sin afectar los intereses de las clases dominantes. Aquel slogan de “liberación o dependencia” ya no forma parte de su identidad. Fue reemplazado por el híbrido que habla de “recuperar la nación” sin aplicar la justicia social ni cortar con los beneficiarios del saqueo. La inclinación pro-fondomonetarista es opuesta a todo rasgo de independencia o de cambios estructurales que se pretendan.
Guernica: un punto de referencia
La búsqueda de consenso con el “círculo rojo” tuvo sus implicancias. Las reuniones con los empresarios (AEA) donde asistió el propio Magnetto de Clarín y Paolo Rocca de Techint fueron en paralelo con la decisión política de recomponer credibilidad y reglas de funcionamiento. La carta de Cristina convocando a la unidad de los distintos sectores para abordar, entre otras, la condición bimonetaria de la economía, también fue un espaldarazo.
En esos días vencían los plazos de la toma en Guernica. La decisión de reprimir fue parte de aquel consenso. Luego de negociar tres meses, la negativa de cerrar el preacuerdo dos horas antes solo se puede explicar desde dicha perspectiva. La justificación del ministro represor Berni, amparado en la determinación de un juez totalmente funcional, tanto como la del secretario de La Cámpora 'Cuervo' Larroque que responsabilizó a organizaciones de izquierda, ocultan que primó el desalojo como gesto de autoridad, independientemente de la firma del convenio. La presión del poder fáctico, consternado porque se puso en debate la propiedad privada desde la mirada del derecho a una vivienda digna, pudo más que las justificaciones del gobernador Kicillof que finalmente ordenó desalojar. Lo cierto es que para muchos militantes del FdT, la imagen de las topadoras rodeadas de uniformados y al mando de un coronel fanfarrón arrasando humildes casillas, resulta difícil digerir y explicar.
Desde otra perspectiva el intento de Grabois por señalar la impostura de familias como los Etchevehere, cuya posesión de la tierra está cuestionada, expresa un camino distinto al plan de ajuste del gobierno de los Fernández. El blanco bien elegido y la ocupación como método, abrieron un debate que el gobierno pretende acallar. A la vez, nuestra observación crítica sobre la valoración de la iniciativa, que no terminó bien, porque el balance sobre derrota o victoria no puede depender nunca de una decisión judicial, so pena de caer en el facilismo. La lucha de clases es abierta y en ella hay amigos y enemigos. La gran burguesía agraria forma parte de estos últimos. Como que tampoco habrá soberanía alimentaria ni reforma agraria alguna, sin soberanía política ni económica. Para ello se requieren medidas confluyentes con la lucha popular como parte de un programa que está en las antípodas del oficialismo.
El cambio no aparece. Se afirma la bronca
Al cierre del primer año de Alberto Fernández, las expectativas de cambio presumen estar frente a un nuevo fracaso. Más allá de la pandemia cuyos efectos no se disipan con una incierta vacuna, las condiciones de vida del pueblo se agravaron y el ritmo de recuperación aparece muy distante. Con salarios cerrando a la baja en acuerdo con la burocracia sindical y una masa de 6,5 millones de desocupados -cuya mejoría no se resuelve con un plan o changas discontinuas-, el abismo con el costo de la canasta familiar ($47.000) se profundiza paralelo al ajuste implementado. Terminar con las tomas de tierra cuando faltan 3,5 millones de viviendas, quitar el IFE sin generar trabajo genuino, planchar salarios sin controlar la inflación: todo ello no se puede contener con represión. Tanto la tierra para vivir, los alimentos, y un ingreso único obligatorio, son derechos que la masa viene exigiendo con la acción directa. El protagonismo y la movilización popular son parte de la democracia y sería un error dejar en manos de la dirigencia política ya fracasada decisiones que hacen al presente y futuro de la nación. De allí que junto a la lucha del movimiento piquetero y la juventud, los trabajadores municipales y estatales, crecen también los movimientos contra las quemas o la megaminería como en Chubut, al igual que los espacios de Autoconvocatoria por la suspensión del pago de la deuda.
Todos juntos, superando los paños fríos que colocan la CGT, CTA y movimientos oficiales, son parte de ese auge de luchas que sopla en la región sin condicionamientos de tiempos electorales.
Andrés Zamponi
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