El decreto 116/25, sancionado el 19 de febrero último, dispuso la conversión del Banco de la Nación Argentina (BNA) en sociedad anónima. Se trata de un decreto de privatización.
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Tras iniciativa del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales de promover el cobro de aranceles por las prestaciones sanitarias a migrantes, el macrismo salió a defender la medida de ajuste en materia de salud pública, avalando la iniciativa y convocando a un debate nacional. Con argumentos cargados de xenofobia, promoviendo la desprotección de los sectores más vulnerables, el recorte y la privatización de los servicios de salud, el diputado por el radicalismo Luis Petri, parte del bloque oficialista de Cambiemos, presentó un proyecto de ley que restringe los derechos de los migrantes en materia de salud y de educación. A la par los senadores nacionales de Cambiemos por Jujuy, Mario Fiad y Silvia Giacoppo presentaron otro proyecto de ley para crear acuerdos de reciprocidad con países para la atención sanitaria de los extranjeros, una nueva restricción en el acceso a la salud.
Producto de la presión política y social, de acuerdo a un comunicado de la campaña "Migrar no es delito" la iniciativa que promueve el cobro la salud y educación dio paso atrás. Pero el proyecto de ley de reciprocidad está sobre tablas, el cual no hace más que poner a la población de rehén de las políticas de sus países de origen.
Este tipo de medidas son el necesario anticipo de lo que se vienen con las reformas sanitarias y la Cobertura Universal de Salud (CUS). El acceso a la salud y educación públicas no puede, ni debe, estar garantizado solamente a los migrantes que lograron obtener su DNI permanente, esto implicaría ignorar los procesos, requerimientos y obstáculos posibles para el acceso a esta documentación, dichos procesos dependen de normas y disposiciones estatales, y no de un mayor o menor interés por parte de estas personas por "habitar el país” en forma permanente.
Se basan en puntos de vista xenófobos, al separar a los migrantes del resto de la sociedad argentina. Repudiamos estas inicitarivas por tratarse de una política discriminatoria, inconstitucional y regresiva en materia de derechos y desvía el debate social de las reales problemáticas que vive hoy la Argentina. Querer resolver los problemas en materia de salud y educación públicas poniendo en el centro la gratuidad en la atención a migrantes es querer tapar el sol con la mano.
¡Abajo las reformas sanitarias
y la CUS!
Migrar no es delito
El decreto 116/25, sancionado el 19 de febrero último, dispuso la conversión del Banco de la Nación Argentina (BNA) en sociedad anónima. Se trata de un decreto de privatización.
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