CABA - Represión macrista en los barrios populares

El llamado “Operativo Tormenta Negra” evidenció una política que se profundiza al calor del ajuste: la criminalización de la pobreza y el avance represivo sobre el pueblo. Bajo el discurso de la “seguridad” y la “lucha contra el delito y el narcotráfico”, el gobierno porteño de Jorge Macri desplegó durante el mes de mayo fuerzas policiales y operativos espectaculares que tuvieron como principal blanco a trabajadores, jóvenes y familias enteras que viven en condiciones de enorme vulnerabilidad en los barrios populares de la CABA. Entre ellos la Villa 31, la 1-11-14, la 21-24 y Zavaleta, además de Ciudad Oculta, Barrio 20, Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, INTA-Bermejo, Padre Mujica, Cildañez y Barrio Mitre.
Lejos de ir contra las redes de narcotráfico y trata que azotan a las barriadas en connivencia con la policía, estos operativos apuntan a reforzar la histórica estigmatización que sufren las familias que viven en condiciones de pobreza. En medio de la disputa por liderar el espacio de derecha frente a los libertarios que ganaron las últimas legislativas, Jorge Macri busca mostrarse como garante del “orden” mediante operativos represivos que construyen una idea de “enemigo interno” asociada a lo más humilde del pueblo, tanto de quienes viven en la ciudad como de quienes la transitan proviniendo desde el conurbano bonaerense. 
A esto se suma el creciente ataque contra quienes trabajan vendiendo en calles y plazas, con operativos que persiguen, prohíben y requisan sus herramientas y elementos de trabajo: todos los días vemos cómo la Policía de la Ciudad literalmente le afana medias o cajones de paltas a personas que tratan de rebuscársela. También es parte del cuadro la política de desalojos, por las que decenas de familias se quedan en la calle en nombre del “respeto a la propiedad privada”. La realidad es que no se trata de casas usurpadas a otras familias trabajadoras. De pronto aparecen, luego de muchísimos años, “dueños legítimos” que reclaman inmuebles ocupados por familias; producido el desalojo, se puede comenzar a construir edificios que alimenten la especulación inmobiliaria. Una política que lleva varios años, y que Jorge Macri está profundizando al máximo.
En sintonía con el gobierno nacional y en el marco del brutal ajuste sobre la educación, la salud y las políticas sociales -que incluye salarios a la baja, ataques y mayores mecanismos de control sobre las y los trabajadores estatales de la Ciudad-, estas políticas represivas avanzan sobre barriadas enteras mientras se profundizan la precarización, el desempleo y el abandono. 
Allí, donde faltan políticas sociales, trabajo, vivienda y acceso a derechos básicos, la única presencia permanente del Estado es la policía. Con este operativo el gobierno profundiza una lógica peligrosa que la derecha intenta instalar: que cualquier joven pobre pueda ser tratado como sospechoso y delincuente, en línea con la modificación de la ley penal juvenil y la baja de la edad de punibilidad que entrará en vigencia en septiembre de este año. Los allanamientos masivos, las detenciones arbitrarias, la presencia intimidatoria de fuerzas policiales y el hostigamiento cotidiano por supuesto no aparecen en los countries, donde durante el operativo los propios vecinos y vecinas denunciaban que viven los verdaderos narcos vinculados al poder político. La represión tiene geografía de clase: siempre recae sobre los pobres y la publicidad que hace el macrismo sobre su política fachistoide es repugnante.  
Rápidamente las familias damnificadas salieron a denunciar el operativo, sus características y fines políticos. Las organizaciones políticas y sociales con militancia territorial también salimos a las calles en respuesta a este ataque. Hay que ir a la coordinación entre los barrios y las y los trabajadores estatales y entre todos los sectores afectados por el ajuste y las políticas anti populares del Pro. Hay derrotar desde las calles a la derecha que hace 19 años gobierna la ciudad, y que pretende relanzarse frente a su histórico núcleo duro de apoyo, decidido a avanzar aún más sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora porteña. Hay que cortar de raíz con este proyecto elitista, digitado por los grandes grupos del negocio inmobiliario y de los contratistas del Estado, condición indispensable para resolver los verdaderos problemas del pueblo trabajador. 

Julia Quinteros