Algo más que una grieta

La desaparición de Maldonado

El gobierno quiso mantener el festejo de los resultados obtenidos en las PASO, pero no pudo. Al día siguiente, la realización del primer acto en Plaza Congreso por la represión en la Patagonia, abrió una situación de activa movilización en el país.
Las implicancias por la desaparición de Santiago Maldonado expusieron una crisis de alto voltaje político de la cual no logra salir. Lo que pretendió ser una represión de las tantas que soportan los pueblos originarios, desembocó en la desaparición forzosa de una persona, con responsabilidad directa del estado, sus órganos represivos y sus responsables políticos. El pretendido argumento deslizado por algunos periodistas de que “se le fue la mano” a gendarmería, dando por cierta la muerte de Santiago, transcurridos ya más de 40 días y visto que las pistas falsas sembradas por el gobierno y la justicia fueron cayendo una tras otra, es demasiado benigno en la medida que presenta como casual lo que en realidad constituye una parte esencial en el plan de ajuste: la represión. El delito mayor no está en suponer que la desaparición respondería a no querer hacerse cargo de un exceso en la tortura durante la detención del joven. La acusación más grave debe pesar sobre quienes dieron la orden de reprimir con todas las derivaciones que de ello se desprenden. La política de criminalizar la protesta social en la Argentina actual -sobre todo después de 2001-, está condenada al fracaso y habilita el ingreso directo a una situación donde se sabe cómo empieza pero nunca cómo termina.

Por otro lado, las palabras de la ministra Bullrich al momento de su interpelación en el Senado, cuando las cosas no eran tan evidentes -“no voy a tirar un gendarme por la ventana porque necesitamos de esa institución para el cumplimiento del plan general”- hablan por sí solas.
Que el gobierno niegue las evidencias, embarre la cancha o promueva renuncias para salir del atolladero, no cambia la esencia de su política general. Las razones del porqué tanto encubrimiento o distorsión de los hechos van más allá de la coyuntura. Son costos políticos lo que están midiendo y, a ese efecto, pretenden amortiguar o desligar responsabilidades para que en plena campaña las consecuencias de la desaparición no caigan sobre ellos ni las aproveche la oposición kirchnerista. Podrá tener mayor o menor incidencia electoral en lo inmediato, pero visto la fuerte convicción democrática de nuestro pueblo y la sensibilidad latente que despierta la figura de los desaparecidos, contribuye sin dudas -como se pudo ver en las multitudinarias marchas- al desenmascaramiento estratégico de qué es lo que se juega en el sur y que intereses defiende este gobierno.

Saqueo y difamación

En la década del 90 el grupo Benetton compró a precio irrisorio tierras y estancias que abarcan 924.000 hectáreas en el sur, casi 20 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Fue en el marco de la profundización del extractivismo impulsado por el menemismo con leyes mineras, ley forestal, transgénicos y uso de agrotóxicos. En el período kirchnerista también se ampliaron el área de siembra transgénica y los proyectos mineros, además de que se dio inicio al fracking en Neuquén. El macrismo profundizó con el quite y baja de retenciones a mineras y pooles de siembra, flexibilización laboral en los convenios y entrega de Vaca Muerta a las grandes petroleras privadas. También afianzó vínculos y negocios con Joe Lewis, acaudalado inglés poseedor de miles de hectáreas e inversiones energéticas en las inmediaciones de El Bolsón. En dicho marco se desarrolla la campaña anti mapuche desatada por el gobierno con el objetivo de poner límites a los reclamos territoriales pero, a su vez, con el mensaje hacia los grandes grupos de que las inversiones están garantizadas y el territorio controlado.
Por su parte, los pueblos indígenas tienen miles de años de historia, y los mapuches en particular existen desde muchos antes de la conformación de los Estados. Es decir, son previos a la existencia de Argentina y Chile. El art.75 de la Constitución lo establece: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
En los últimos años la prensa oficialista vino difamando la realidad de los mapuches. En especial, en lo referido al conflicto de la comunidad de Cushamen frente al grupo Benetton. Dijeron primero que estaban financiados por las Farc para luego vincularlos con la Eta, con los kurdos y últimamente con ISIS. Que dirigidos por Facundo Jones Huala -actualmente preso- le habían declarado la guerra a la Argentina y a Chile, que pretendían una construir una zona separada del territorio nacional, que traficaban armas y que habían cometido arriba de 70 acciones violentas, etc., etc. Insólitas y mentirosas declaraciones sin documentación ni prueba alguna que, de solo reflexionar sobre la cantidad de originarios existentes en la región o las armas que se les atribuyen, cuando a lo sumo solo esgrimen los instrumentos de trabajo que usan en el medio rural, se derrumban por su mala fe. Periodismo mercenario de escritorio, que no recorre el territorio ni se conecta con las comunidades. Que venden su conciencia y cuyas mentiras legitiman destierros y represiones. En este caso, desapariciones.
Los pueblos originarios ejercen su derecho de volver al territorio que les fue arrebatado. Están respaldados por tratados internacionales que tienen rango superior a las leyes locales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras, establece que: “Los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes, tienen derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad”. La recuperación territorial para ellos significa mucho más que una cantidad de hectáreas: instala una concepción diferente de la tierra, que interpela el concepto de propiedad individual en busca de rentabilidad y lo suplanta por un espacio de ocupación colectivo, “territorio ancestral”, imprescindible para el desarrollo como pueblo originario.
Hay antecedente de esto. En 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa volvió al territorio indígena: recuperó 625 hectáreas dentro de lo que entonces era parte de la estancia Leleque de 96.000 ha, pertenecientes al Grupo Benetton. Después de una larga pulseada, en 2014 según ley 26.160, el estado reconoció la posesión y uso de la parcela. En 2015 se produjo una nueva recuperación. “Actuamos ante la situación de pobreza de nuestras comunidades, la falta de agua, el acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el despojo que se viene realizando desde la mal llamada Conquista del Desierto hasta la actualidad por parte del Estado y grandes terratenientes. Sumado a esto la inmensa cantidad de familias sin tierra donde poder siquiera subsistir dignamente”, explicó el comunicado firmado por el Pu Lof en Resistencia del departamento de Cushamen.
Benetton descargó toda su maquinaria legal contra ellos y contrató una agencia internacional de prensa y lobby (Jeffrey Group) cuyo representante en Argentina es Diego Campal. A la par, junto al resto de las corporaciones zonales, ejerció fuerte presión sobre el gobierno. El ministerio de Seguridad acusó en agosto de 2016 a los pueblos originarios de la Patagonia por delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar ninguna prueba. La ministra hizo suyo el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros. Tan es así que, en junio pasado, efectivos de gendarmería ingresaron a la comunidad de Campo Maripe (en Vaca Muerta, Neuquén), cerraron los caminos internos y escoltaron a una cuadrilla de YPF para realizar una nueva perforación petrolera. Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se la mostraron) y denunciaron a la ministra por la escalada represiva. También destacaron: “Los indígenas no aceptamos el extractivismo. Nunca lo aceptaremos. Y vamos a morir luchando contra las mineras, petroleras, empresas transgénicas. Por eso nos consideran un peligro”.
El fortalecimiento de las tropas de gendarmería con destacamentos estables y lejos de su función de frontera, apunta centralmente a controlar los reclamos de los trabajadores petroleros visto la decisión de modificar los convenios a la baja y flexibilizar la legislación, como condición de las multinacionales para otorgar mayor impulso en la extracción de gas y petróleo en la cuenca neuquina. En ese camino, la decisión de limpiar la zona y sepultar el derecho a la posesión de la tierra por el que pelean los pueblos originarios, responde a los intereses que tan descaradamente defiende el gobierno. Allí están las razones de fondo que se ocultan y tergiversan, pero que la desaparición de Santiago Maldonado vino a destapar.
Por detrás de los acontecimientos el gobierno apela al uso de la violencia. Busca descargar en otros las razones de tanta crispación y justificar el uso indiscriminado de la represión en la vida cotidiana. No se puede separar la cacería montada al final de la marcha del 1° de setiembre de las intenciones por deslegitimar la contundencia del reclamo. Como tampoco se puede separar el desalojo de Pepsico o de los estatales en Santa Cruz, de la represión desatada en Cushamen. Son parte de una misma política esgrimida, en pleno proceso electoral, ante la inviabilidad del plan económico. La recuperación no llega y la presión de los grandes grupos monopólicos, locales o externos, para avanzar con los recortes en el sistema previsional, en lo laboral e impositivo, empujan en la idea de imponerlos a como sea. Desde otro enfoque, suman quienes aspiran al disciplinamiento social, con rémoras fascistas algunos, y otros como recurso de acumulación electoral.

La acción de masas al frente

Contrariado por las circunstancias, Macri aspira a que pronto el clima electoral disipe la causa Maldonado. Con saldo a favor, encuentra el terreno despejado para negociar con la oposición dividida, aislar y polarizar con Cristina presentándola como rémora del pasado, a la vez que anticipa una serie de medidas que afectarán aún más la condición social de los trabajadores. Por otro lado, la burocracia de la CGT con mucha presión de las bases debió sostener la convocatoria a movilizar aquel 22 de agosto en Plaza de Mayo. La enorme concurrencia ratificó que los despidos, la desocupación, la baja salarial y la reforma laboral volvieron a instalarse como cuestión central en el programa de los trabajadores. No obstante los “arreglos” con el gobierno y el temor a los carpetazos, la conducción cegetista desalentó cualquier posibilidad de paro o plan de lucha nacional, de modo tan claudicante que hasta la propia convocatoria al Congreso Confederal quedó diluida.
En sentido contrario, los reclamos desde abajo y las expresiones de lucha directa no cesan. Despidos, salarios, recesión y repudio a la represión constituyen los ejes movilizadores. Allí están las huelgas docentes, de choferes de larga distancia, de pilotos, de operarios de Mascardi y las movilizaciones contra el gatillo fácil, la represión y la libertad de los presos políticos. A lo cual suma la toma de los colegios secundarios en Capital en rechazo a la reforma de la escuela secundaria y también la marcha del 18 al cumplirse un año más de la desaparición en democracia de Julio López.
Contrastando con ello, se concretaron las elecciones primarias como supuesto ejercicio democrático, pero que nada dejaron en relación al debate de ideas, a las medidas profundas que se deben tomar para eliminar la concentración de riquezas, habilitar la igualdad de oportunidades o la liquidación de la pobreza. En el mismo sentido se perfilan las definitivas, a realizarse el 22 de octubre, por lo cual redoblaremos los esfuerzos por la construcción de un frentismo militante, para que el repudio y malestar popular que se advierten en las calles se expresen también en las urnas con el voto bronca o no voto, consecuente con el punto de vista de que las elecciones pasan, pero el hambre y la pobreza quedan. Si ayer fue Julio López, hoy existe una razón más para calificar esta farsa electoral: la desaparición de Santiago es responsabilidad del gobierno pero también del régimen político que lo sustenta.
Andrés Zamponi