Acuerdo con los bonistas: nada para festejar

Más que nunca, investigar y suspender pagos

El acuerdo con los bonistas de la deuda en dólares bajo legislación extranjera (U$S 66.200 M) constituye un capítulo más en la entrega y el saqueo del patrimonio nacional.

En lugar de aprovechar el contexto internacional para censar a los tenedores de bonos, el origen de los fondos, la compra-venta de títulos y auditar e investigar todo el proceso de endeudamiento, la administración de Alberto Fernández optó por reconocer “a libro cerrado” el conjunto de la deuda pública central y renegociar las condiciones de pago. Acordar una reorganización de la estructura de vencimientos e intereses para volver “pagable” una deuda impagable constituye un “rescate” a los tenedores de títulos argentinos devaluados.

El aplauso al acuerdo provino de todas partes. De la oposición, incluidos varios responsables del endeudamiento serial (Caputo, Prat-Gay, Dujovne), representando al conjunto del capital, local y extranjero. De los medios de comunicación ligados a los fondos de inversión (Clarín, Nación, Infobae). Del gran empresariado local, tenedor de bonos locales que quieren ver revaluados y, simultáneamente, temeroso de un default que lleve a sus empresas a la quiebra. Desde el gobierno, sus referentes y sus medios afines (Página/12), que vendieron un “triunfo” al público desprevenido.

El detalle del acuerdo se conocerá con la publicación de la documentación oficial. Según la información disponible, la reducción de intereses obtenida, la extensión de los plazos y un relativo “período de gracia” permiten al gobierno “festejar” por el alivio que supone a su mandato (2020 - 2023) y en menor medida, por unos años más. Eso es real: en ese sentido, resolvió transitoriamente una “crisis de liquidez”, pero a costa de una hipoteca futura (a partir de 2028). Mientras tanto, rezan por un crecimiento milagroso que cubra los pagos de deuda (volveremos sobre este punto).

En cuanto a su transcurso, la negociación giró en torno al precio de reventa de los bonos: “el gobierno ofreció U$S 39”, “los bonistas querían U$S 75”, “la cosa cerraba en U$S 55”, etc. La confusión mediática generada dio lugar a un mito que debemos develar: con este acuerdo, la Argentina no pagará U$S 55 por cada bono, sino su valor nominal total (U$S 100) menos la leve quita obtenida (1,9%). Es una “perinola” donde todos (los bonistas) ganan: quienes compraron al momento de su lanzamiento y quienes lo hicieron a precio de remate, cuando ya estaban devaluados por el riesgo de default. En este caso, títulos con un valor de mercado de U$S 30, tras la renegociación se venderán por U$S 54,8: ese “salto” en el llamado “Valor Presente Neto” (VPN) es pura ganancia para los especuladores. Aquellos que prefieran esperar al vencimiento de cada bono, recibirán el valor nominal total (U$S 100) más los intereses correspondientes.

El precio de venta de los bonos es un reflejo de las condiciones del acuerdo. La quita de capital es insignificante (1,9%) y será compensada por la capitalización de los intereses devengados correspondientes al período de la negociación (U$S 1.757 M). Por su parte, el recorte de intereses es más bien una adecuación de las tasas exorbitantes comprometidas por el macrismo (~6,6%) a unas más “normales” (~3%); y ni tanto, porque la tasa promedio es ~2%, en EEUU un 0,5% y en Europa el 0% ¡e incluso tasas negativas!. Es que la emisión de divisas en los países centrales durante la pandemia fue monumental (triplicó la realizada durante la crisis de 2008) y creó una época de “dinero gratis”: una sobre-abundancia de capitales que provoca disponibilidad de crédito voluntario y el desplome de las tasas de interés. Dicho sea de paso, esto abrirá un nuevo proceso de toma de crédito para pagar la deuda reestructurada: el ciclo es permanente, inagotable.

Por otro lado, los fondos de inversión agregan determinadas condiciones legales que operan de “protección” ante futuros defaults y reestructuraciones, como elevar el porcentaje de aprobación de un hipotético nuevo canje, eliminar el piso mínimo de bonistas para reclamar pagos en tribunales internacionales o la posibilidad de embargar bienes argentinos en el exterior. El conjunto de las condiciones obtenidas no solamente impactan en Argentina, sino que fijan la vara para la negociación de las deudas soberanas de los países dependientes a favor de los acreedores: tal fue el caso de Ecuador.

El acuerdo negociado se aplica al 20% de la deuda pública total, pero opera como testigo para la negociación de los títulos en dólares bajo jurisdicción local (U$S 42.000 M) en manos de grandes empresas locales y fondos de inversión. Con los votos opositores incluidos, Diputados aprobó extender a los bonistas de la deuda local las condiciones favorables obtenidas por los bonistas extranjeros, sumando algunos endulzantes: bonos actualizados por inflación (CER), capitalización de intereses e igualdad de trato en futuras e hipotéticas reestructuraciones. Los paquetes de deuda restantes corresponden al Club de París (U$S 2.000 M), organismos internacionales como el Banco Mundial, BID y CAF (U$S 25.000 M) y a las deudas de las provincias (U$S 28.000 M). La deuda en pesos representa una carga menos volátil, especialmente la contraída con áreas del Estado (como ANSES), pero no deja de pesar sobre el erario público. Por su parte, la negociación de la deuda corporativa (U$S 16.000 M) será tarea de las empresas endeudadas, pero debe considerarse en el cuadro económico, porque los dólares con que se paga deberán salir del circuito económico local.

Párrafo aparte, resta la negociación con el FMI: U$S 49.000 M entre capital e intereses. Cuando en 2018 se quebró el esquema de bicicleta financiera (carrytrade) armado por Macri y sus secuaces, el Fondo operó como garante de la retirada de los capitales especuladores autorizando un crédito de U$S 57.000 M en cuotas (por encima de su capacidad y potestad de préstamo, de acuerdo a sus propios estatutos): se trató del primer “rescate” a los bonistas. El segundo lo acaban de implementar Martín Guzmán y Alberto Fernández. En ese sentido, el FMI (bajo la sombra de Trump) operó como la columna vertebral de un modelo insostenible: es por ello cómplice del desfalco nacional, junto al funcionariado macrista y el propio Mauricio. Para entender la magnitud del asunto: en el período macrista se fugaron U$S 88.000 M y se estima que el sector privado tiene atesorado el equivalente a un PBI anual afuera del sistema bancario y/o en el exterior.

Sin embargo, el gobierno se apresta a negociar con el FMI, como si la deuda contraída fuera legítima e incuestionable. La renegociación con el Fondo supone tomar un préstamo distinto (quizás un Extended FundFacility a 10 años) para pagar los vencimientos del crédito adquirido por el gobierno de Macri (bajo modalidad Stand By). Es posible que, con algunos artilugios, el gobierno obtenga una ligera quita de intereses y un “período de gracia”, pero el asunto está en los condicionamientos impuestos a cambio: el FMI llega a dirigir de hecho la política económica nacional en dirección al ajuste. No solamente es su “naturaleza”, sino que se lo exigen los fondos de inversión acreedores de la deuda.

Mientras tanto, la máxima que mueve al gobierno de Alberto Fernández, postergar la deuda y crecer en el camino, es una falacia: no hay desarrollo legítimo con una estructura económica dependiente y en manos de grandes monopolios extranjeros y nacionales, basada en la explotación y exportación de commodities primarios (soja, trigo, petróleo, minería, y ahora posiblemente chanchos). Es una ilusión eso de “volver a crecer” de la mano de una clase empresaria (local y extranjera que no solamente llevó al país a la quiebra una y otra vez a lo largo de la historia, sino que ahora reclama reforma laboral y mayores subsidios del Estado (UIA) y un régimen impositivo favorable a la agro-exportación (Consejo Agroindustrial). El caso de Vicentín abrió la puerta al debate sobre el origen, la propiedad y destino de las divisas en nuestro país: el acaparamiento y la fuga. Es una radiografía de la gran burguesía local, el famoso empresariado “nacional” socio menor del capital imperialista.

Simultáneamente, la deuda supone un ancla demasiado pesada para las necesidades económicas de una población con salarios miserables, despidos y una tasa de desocupación del 10%, con un índice de pobreza en torno al 50% y un cuarto de la población (12 millones) alimentada gracias a los comedores populares, entre otros índices que podrían citarse. No hay margen para exprimir a los sectores populares, y tampoco hay tolerancia a continuar siendo exprimidos.

Es urgente la suspensión de los pagos y una auditoría e investigación del proceso de endeudamiento, para determinar qué parte constituye una deuda legítima y cuál es simplemente una estafa al pueblo, pura usura. Al mismo tiempo, establecer un plan económico integral de emergencia para garantizar el bienestar popular a partir de la estatización de los recursos estratégicos, el sistema bancario y el comercio exterior y las principales fuentes de riqueza de nuestro país. En esa dirección hay que orientar las iniciativas unitarias como la que impulsa la Autoconvocatoria por la Suspensión del pago y la Investigación de la deuda, que además del encuentro de las fuerzas populares, antiimperialistas y democráticas, debe apoyarse en la movilización de los trabajadores y el pueblo que enfrentan las consecuencias del rumbo económico en curso.

David Paz