Se calientan los números

En abril Massa lanzó el “Dólar soja 3”, ampliado a ciertos productos regionales y exceptuando maíz, trigo y carne, prometiendo además una cuarta edición en agosto. La medida otorga un tipo de cambio a $300 por dólar durante 45 días para la liquidación de las cosechas, lo cual significa una enorme transferencia de ingresos hacia el sector agrario: la diferencia con el dólar oficial ($220) equivale a $450.000 millones que termina en los bolsillos de los sectores más poderosos de la economía (grandes productores y cerealeras exportadoras). Asimismo, supone un fuerte golpe a las finanzas públicas: sumados a los beneficios obtenidos en las dos ediciones anteriores del dólar soja llega a $1 billón, una suma que casi duplica al presupuesto anual del Potenciar Trabajo que beneficia a un millón de personas. El hueco fiscal que deja esa transferencia obliga al Estado a emitir pesos y absorberlos con instrumentos financieros, como bonos colocados en BCRA o las ya conocidas LELIQ, que acumulan un stock de $12 billones (230% de la base monetaria) y unos intereses de $2 billones solo en los tres meses de 2023 (según consigna Perfil del 14/4).

Lo anterior tiene un efecto sobre la cotización de los dólares paralelos, que subieron a $400. También tiene una consecuencia sobre la inflación, cuyo impacto se verá en los cálculos de abril y mayo. Mientras tanto, el INDEC indicó que los aumentos en marzo promediaron el 7%, una tendencia irreversible que ubica el escenario anual en torno al 120% de inflación, siendo optimistas. En ese terreno, también hay que responsabilizar en forma directa al acuerdo con el FMI, pues tiene un carácter inflacionario: aumento de tasas de interés, quita de subsidios y tarifazos, etc.

Por su parte, otro dato publicado en marzo fue la pobreza -39,2%- que creció un 3% de julio a diciembre de 2022 y alcanzó a 18,6 millones de personas. Y para cerrar, el FMI publicó la estimación de crecimiento para la economía argentina en un 0,2%, lo cual dejaría al 2023 como un año recesivo. Con ello, se evaporan las expectativas de sostener el crecimiento del empleo observado en el período 2021-2022, o de proceder a una recuperación de los salarios, que en 2022 retrocedieron fuertemente respecto a las ganancias empresariales.

En este escenario, primero Alberto Fernández y luego Massa viajaron a EE.UU. para arrodillarse ante el imperio. El ministro de Economía busca negociar un préstamo del FMI y la modificación de algunas metas del acuerdo (“un puente”, según Alberto), con el objetivo de sostener el esquema económico-financiero del país hasta fin de año sin necesidad de recurrir a una devaluación brusca. Un salto en el tipo de cambio es el destino hacia donde apuntan tanto la evolución de las variables económicas como las intenciones de varias fracciones de la gran burguesía. Mientras tanto, el FMI reconoce el “esfuerzo” del país ante la sequía, disminuyó la meta de reservas y aprobó la revisión del primer trimestre de 2023 (FMI, 2/4), pero insiste con la necesidad de cumplir los términos de lo firmado: sostiene la meta de un déficit fiscal del 1,9% del PBI para 2023 a pesar del golpe fiscal por la sequía, y sugiere un ajuste más riguroso e inmediato en diversas áreas, particularmente recortes en la asistencia social, restricción de la moratoria previsional y quita de subsidios, aunque en términos generales también desliza un mayor ritmo de devaluación, mantener las tasas de interés positivas, enfriar el mercado laboral y pisar los sueldos para disminuir la demanda. Un combo letal para los sectores que viven de un ingreso fijo en pesos (salarios, planes sociales y jubilaciones). 

Para colmo, se añadieron dos datos que presionan sobre las reservas internacionales y golpean la precaria estantería financiera del gobierno. Por un lado, la deuda comercial de las empresas importadoras con el exterior (USD 2.700 M), que representa un peligro en un contexto de escasez de divisas -podrían suspenderse ciertas importaciones y, con ello, una parte de la producción industrial. Por otro, dos fallos judiciales internacionales a favor de los fondos buitre: en EEUU, Burford Capital en su reclamo por la estatización de YPF, por entre USD 8.000 y USD 14.000 M; en Inglaterra, varios fondos buitre en el reclamo del pago del cupón PBI de 2013, por unos €1.330 M. 

El repaso superficial sobre algunos datos y variables dan cuenta de aquello que cualquiera percibe tocando su bolsillo: una economía que no deja de caer, a los sectores populares cargando con el costo de la crisis y una salida que no aparece, al menos en los términos y márgenes del capitalismo dependiente y el régimen político actuales. Se trata, por ende, de correr esos límites y aplicar un programa económico que priorice un inmediato bienestar popular y un verdadero desarrollo económico, basado en la suspensión del pago de la deuda y la nacionalización del sistema bancario, el comercio exterior y los recursos estratégicos.

David Paz