Ojo por ojo: Morales juega con fuego

Cuenta la historia que hacia el año 1014 tuvo lugar la batalla de Belasica en la que, luego de muchos enfrentamientos, el Imperio Bizatino derrotó por fin al Imperio Búlgaro. En dicha oportunidad, según las crónicas, tras ser capturados los soldados búlgaros estos fueron reunidos en grupos por sus vencedores y, posteriormente, 99 de cada 100 fueron cegados de ambos ojos mientras que el restante fue cegado en un solo ojo para, de esa forma, poder guiar a sus compañeros derrotados de regreso a su territorio. Todo diseñado como un acto de terror contra el pueblo búlgaro, en represalia por haber cometido el delito de rebelarse al poder bizantino. 

Visto así, pareciera que semejante hecho fuese expresión de la “barbarie medieval”. Sin embargo, el cegamiento de uno o ambos ojos es un castigo vigente y recurrente de las fuerzas policiales frente a quienes tienen la osadía de rebelarse contra la opresión.

Según un informe reciente de Amnesty Internacional titulado: “Me estalló el ojo: El abuso global de los proyectiles de impacto cinético”, los balazos contra los ojos de los manifestantes es un fenómeno generalizado, concebido como parte del accionar policial.

A título enunciativo baste recordar lo acaecido recientemente en Chile, Bolivia o Haití, donde la represión se cobró uno o ambos ojos de distintos manifestantes, para advertir que lo sucedido en Jujuy no es algo atípico ni casual.

El propósito, aquí y allá, no es más que aunar la represión con el terror a la hora de atender las protestas y dar un claro mensaje a todo aquel que se atreva a luchar por su dignidad.

¿Será la actuación de la policía de Gerardo Morales un accionar desgraciado, no querido, del “Estado de derecho” o una muestra elocuente del “terrorismo de Estado”? ¿Existe, en verdad, tal dualidad del Estado?

Sin lugar a dudas nadie podrá decir que el Estado de derecho consiste en balear docentes, pueblos originarios, periodistas y menores, ni en realizar allanamientos sin órdenes judiciales, realizar detenciones de turistas con camionetas sin identificación ni chapas patentes, mantener personas detenidas sin brindar datos de su paradero ni permitir a sus abogados ejercer la defensa, etc., pero lo cierto es que la brutal represión de la protesta popular jujeña se realizó al amparo del Estado con el aplauso del arco político afín a Morales. Todo, sin entrar en la cuenta de aquellas cuestiones subyacentes que el terrorismo represivo resguarda, como el saqueo del litio y los territorios ancestrales de los pueblos originarios o el contraste entre la miseria salarial y la opulencia de las grandes empresas como Ledesma. Precisamente, no por casualidad, el accionar represivo de Morales recuerda al de sus mentores, la familia Blaquier, durante la última dictadura.

De la lucha antisubversiva a la lucha antipiquetera

Por ingenuidad o necesidad, la barbarie represiva y terrorista podrá aceptarse como algo superado, sin cabida en el actual “Estado de derecho”; sin embargo, los hechos hablan por sí mismos al tiempo que Morales y su banda permanecen impunes por violaciones a los derechos humanos sin siquiera haber sido querellados ni detenidos, que es lo mínimo que cabría esperarse de un Estado de derecho.

Al contrario, la represión terrorista actuó desde la más absoluta ilegalidad y desde ese lugar construyó un “enemigo interno”-“subversivo”, emulando a Patricia Bullrich quien pretextó la existencia de la Resistencia Ancestral Mapuche a la hora ordenar los asesinatos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, o reprimir al pueblo mapuche. Artimaña que hoy repite Gerardo Morales cuando calumnia a la Tupac Amaru vinculándola con supuestos terroristas bolivianos, para así cargar contra el pueblo jujeño.

Lo cierto es que el fantasma de la subversión vuelve al ruedo, sólo que esta vez corporizado en la lucha piquetera. De ahí la justificación del control, la vigilancia y la eliminación de la nueva “delincuencia” mediante métodos brutales, y la razón de la represión en el espacio público, los allanamientos y demás procedimientos de carácter claramente extralegal, paralegal o, si se prefiere, de “represión terrorista legal” amparada por la nueva constitución jujeña, parida por Morales. ¿Ese es el Estado de derecho?

Por eso, a partir de aquí, si los crímenes de los Bullrich y Morales o los peronistas que acompañaron con su voto la reforma constitucional de Jujuy, quedan impunes, en particular en un contexto de creciente conflictividad social, la policía y el resto de las fuerzas represivas no harán más que adecuar su estructura y funcionamiento al solo efecto de perseguir dirigentes y militantes, utilizando métodos probados en la lucha contra la delincuencia común y/o incorporando prácticas y dispositivos represivos más o menos novedosos como la señalada voladura de ojos, el uso de pistolas Taser, la sistemática caza de brujas, y todo lo que en materia terrorista se pueda imaginar, siempre al efecto de mantener el orden público y la paz social que hagan posibles el saqueo por parte de los monopolios y la embajada yanqui.

Jorge Díaz