La pelea contra la megaminería

Jueves, 13. Febrero 2020
La pelea contra la megaminería

El año pasado cerró con una victoria popular contra los proyectos megamineros, al lograr la derogación de la ley provincial que permitía la actividad minera en Mendoza. Otra provincia que se encuentra en el ojo de la tormenta es Chubut, en donde la Pan American Energy tiene la intención de buscar plata a cielo abierto. La embestida pro-minera no solo despertó una gran movilización de protesta, sino que también desnudó las intenciones de sus promotores, entre los que se encuentran figuras del oficialismo y de la oposición.

Marcha atrás en Mendoza

La ley 7722 fue derogada por iniciativa del ejecutivo provincial y luego restablecida, visto el enorme repudio provocado en la provincia. La norma, vigente desde 2007, había sido resultado de un proceso de movilizaciones que las asambleas ambientalistas comenzaron en 2003, a poco de haber triunfado el plebiscito de Esquel (Chubut) que logró prohibir la megaminería con uso de cianuro en la provincia patagónica, hoy también amenazada. El origen de estas leyes por impulso de la iniciativa popular, contrasta fuertemente con su intento de derogación, motivada por un lobby minero que supera toda “grieta”.

La megaminería es un gran negocio para unos pocos, y la tentación de integrar ese selecto grupo es fuerte. Quince días antes de que se derogue la 7722, mientras se iba tejiendo la mayoría en ambas cámaras, el dirigente radical y oriundo de San Rafael Ernesto Sanz, constituyó una nueva firma dedicada a la minería (Bergbau S.A.S.), y a los pocos días participó de la inauguración del Instituto Argentino de Derecho para la Minería, una organización de abogados defensores de las megamineras. En simultáneo, el diputado nacional por Mendoza Omar Félix (Frente de Todos) y su hermano Emir Félix (intendente de San Rafael), crearon la empresa Sierras del Nevado S.A., también dedicada a la minería.

Mendoza lleva diez años consecutivos de crisis hídrica, el período más delicado desde que hay registros oficiales. Los ríos mendocinos en este momento tienen entre el 18% y el 35% del caudal normal para esta misma época. Para una economía provincial basada en la producción agrícola bajo riego y las industrias derivadas, en el marco de un territorio árido y semidesértico, abrir la jugada a la minería metalífera es condenar al resto de las actividades a una competencia imposible por el agua. Esto explica gran parte de la masividad de las protestas, junto con el riesgo palpable de contaminación de un recurso especialmente escaso como es el agua en la región. El uso de sustancias como el cianuro y el ácido sulfúrico para el procesamiento de la roca y la decantación de los metales, tiene en las vecinas San Juan y Catamarca una frondosa muestra de las catástrofes ambientales que le esperan a Mendoza. La sucesión de “accidentes” que ha tenido la Barrick Gold en Jáchal y Andalgalá, con derrames de “solución cianurada”, son suficiente muestra del riesgo que se puede correr. 

Gabinete minero

Así como la billetera de las mineras es capaz de superar la “grieta” entre el Frente de Todos y Cambiemos, inclusive al punto de despertar el emprendedurismo minero entre sus dirigentes. Sin embargo, la protesta en calles y rutas de la provincia, forzó a algunos referentes del oficialismo nacional a expresarse al respecto, y la reacción fue despegarse de sus propios actos, descargando en el gobierno provincial del radical Rodolfo Suárez toda la responsabilidad. Las declaraciones con las que estrenó su cargo el Ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, demuestran además de oportunismo, desconocimiento en la materia. “Es un tema exclusivamente provincial, donde el gobierno nacional no interviene”, sostuvo. No solo es falso en tanto el propio Alberto Fernández avaló públicamente a sus partidarios para avanzar con la modificación de la ley, sino que desconoce que los principales ríos de Mendoza forman parte de la cuenca hidrográfica Desaguadero, que atraviesa ocho provincias y desemboca en el Mar Argentino. Al habilitar los procesos de lixiviación que utiliza esta industria, con uso de sustancias altamente tóxicas, el riesgo de contaminación de los ríos crece exponencialmente y cualquier siniestro de proporciones similares a los ya sucedidos con la Barrick en San Juan afectaría a todas estas jurisdicciones. 

Por otra parte, una recorrida por el nuevo gabinete nacional es suficiente para advertir que el aliento al extractivismo es una de las políticas centrales del gobierno de Fernández. Alberto Hensel como ministro de Minería es ya una confesión de parte. Fue funcionario de Gioja y secretario de Minería de Uñac, el artífice de la “San Juan Minera”, sello de gestión provincial. En su provincia, Barrick Gold explota el proyecto Veladero y aspira a hacerlo con el proyecto binacional Pascua Lama, una vez que resuelva un conflicto con la justicia chilena. En 2018 un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo encontró en ríos cercanos a Jáchal la presencia de mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto. Este es el modelo de minería que Fernández pretende nacionalizar. Roberto Salvarezza, mientras estuvo al frente del Conicet estuvo alineado a la política científica de Lino Barañao, impulsando el agronegocio, la megaminería y el fracking. Juntos, se dedicaron a desprestigiar al científico Andrés Carrasco, quien había demostrado en 2009 los efectos letales del glifosato. Hoy ha sido premiado con el ministerio de Ciencia y Tecnología. Luis Basterra (ministro de Agricultura), fue una pieza clave en la expansión del algodón transgénico como ministro de Industria en la Formosa de Insfrán, y luego desde la vicepresidencia del INTA. Gracias a su gestión, todos los productores formoseños dependen de las semillas e insumos de Monsanto. El nombramiento de Guillermo Nielsen al frente de YPF es en función del esquema de régimen especial para Vaca Muerta: libre disponibilidad de divisas, exportación ilimitada, estabilidad tributaria, eliminación de impuestos para la importación, posibilidad de demandas en tribunales internacionales, flexibilización extrema de los contratos laborales, son algunas de las ofrendas para que el capital extranjero acceda a invertir en la fractura hidráulica del suelo neuquino. El canciller Felipe Solá, que en sus tiempos de secretario de agricultura de Menem fue quien habilitó la entrada de la soja transgénica de Monsanto y el uso de glifosato al país, completa el equipo de ministros cuyo CV no deja lugar a sorpresas. 

El discurso que acompaña al desarrollo de esta industria es conocido: así como se simula la inocuidad de las fumigaciones con agrotóxicos y se promueven las supuestas “buenas prácticas agrícolas” mientras la evidencia indica que se multiplican los efectos nocivos por la exposición a los químicos, o se habla de “fracking seguro” mientras son cada vez más los países que prohíben esta práctica, del mismo modo se habla de “minería sustentable y amigable con el ambiente” para amortiguar las críticas de las poblaciones que vienen sufriendo sus efectos. Del mismo modo se enarbola la generación de empleo y la entrada de regalías a la provincia como carnada en el anzuelo de la megaminería. Lo cierto es que en Argentina operan 850 empresas mineras. De ese número, más del 90% son pymes que nuclean al 40% del empleo en el sector. El 60% restante es contratado por el 10% concentrado en grandes empresas. Según datos de 2016 del ministerio de Trabajo, el sector minero en su conjunto emplea en total a 78.100 trabajadores, lo que representa un 0,65% del total de asalariados a nivel nacional. La minería metalífera no llega a los 10.000 puestos de trabajo. Las cifras extremadamente infladas que difunden los propagandistas de esta actividad son una estimación que incluye empleos indirectos (de mucho menor calidad) y puestos de trabajo temporarios. Por otro lado, fruto de los regímenes de promoción minera, las empresas pagan muy pocos y bajos impuestos, y las retenciones son mínimas. En promedio, las provincias reciben un 3% de lo facturado que, en la mayoría de los casos se deduce de una declaración jurada que hacen las propias empresas de lo que extraen. A esto hay que agregar la ausencia o laxitud extrema de los controles que el estado provincial ejerce sobre la actividad. De nuevo, la experiencia reciente en provincias pioneras en la megaminería metalífera como San Juan y Catamarca nos exime de profundizar en detalles. Al menos en un país capitalista dependiente como el nuestro, con una democracia hecha a medida de los monopolios y multinacionales que explotan a discreción nuestros recursos humanos y naturales, los controles estatales (provinciales o nacionales) sobre una actividad como la megaminería a cielo abierto son lisa y llanamente un mito. El proyecto renegociador de la dependencia, centrado en atraer inversiones extranjeras a como dé lugar, está mostrando su disposición a pasar por encima de todo mandato popular con tal de dar “sustentabilidad” a la deuda ilegítima.

La pelea por Chubut

En la provincia patagónica la megaminería está prohibida por la ley 5001 que, desde 2003 y como fruto de la lucha popular, les cerró el paso a los pulpos mineros en la provincia. La desastrosa situación fiscal de Chubut, cuyo gobernador Arcioni (alineado al Frente de Todos) mantiene a docentes y estatales cobrando sueldos atrasados y en cuotas desde hace meses, agrega un condicionante. La intención de Arcioni, de usar a su favor la crisis provincial para amplificar la ilusión de que en la apertura a la megaminería estaría la llave para contar con recursos que permitan recuperar las finanzas provinciales, es lo que hay detrás de la ofensiva para descartar esa ley que funciona como obstáculo para la explotación minera. Sin embargo, Chubut es quizás la provincia con mayor historia de lucha contra emprendimientos nocivos para el ambiente. Antes que la lucha forzara a la legislatura provincial a votar en sintonía con el plebiscito “No a la Mina” que en 2003 impulsaron los vecinos de Esquel, la provincia contaba con la victoria popular contra el basurero nuclear que intentaron instalar Carlos Menem, Domingo Cavallo y María Julia Alzogaray. Esta vez, además de los antecedentes a su favor, el pueblo chubutense cuenta con un clima social adverso no sólo a la megaminería sino al gobierno provincial y al funcionariado político en su conjunto. En Chubut, el agua también es un bien común escaso, especialmente en la costa y en la meseta, donde la Pan American Silver busca emplazar la mina de plata a cielo abierto. 

“Gane quien gane, que pierda la megaminería” fue la consigna con que las asambleas afrontaron las últimas elecciones. Los meses de lucha de docentes, estudiantes y empleados estatales son el brasero sobre el que se dará esta pelea. Si la memoria y el presente de lucha logran unir a un pueblo conciente de sus derechos, es posible que el presidente deba arrepentirse de haber adelantado el resultado de una pelea que está lejos de haber terminado. 

Leo Funes

Publicado en: 
Jueves, Febrero 13, 2020 - 00:15

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