Guatemala - El caso Diario Militar

Lunes, 16. Mayo 2022

Reproducimos la nota que nos acercaron Familiares de Desaparecidos Caso Diario Militar. Aquí se brindan detalles sobre el proceso judicial por los desaparecidos de Guatemala, impulsado a partir de la desclasificación de documentos sobre la represión terrorista en aquel país en el período 1983-85. Se trata de una causa ejemplar, en la que a 39 años de sucedidos los hechos, los sectores de poder siguen pujando por defender la impunidad, como lo atestiguan las amenazas que recibe el juez que encabeza la causa.

El 29 de diciembre de 1996 marcó un hito en la historia reciente de Guatemala al suscribir los acuerdos de paz que pusieron fin a un enfrentamiento armado de 36 años. Los sectores sociales que buscaban reivindicaciones sociales, económicas y políticas durante los años más cruentos del enfrentamiento fueron catalogados como “enemigo interno” gracias a la consolidación de políticas de Estado contra insurgentes, desarrolladas e implementadas a partir de procesos de intercambio y formación en países de América del Sur, cuyas fuerzas armadas fueron utilizadas por los gobiernos de turno de Estados Unidos para aniquilar a los movimientos insurgentes y a las expresiones organizadas de la sociedad civil que se ubicaban en oposición al statu quo, en el marco de la Guerra Fría.

De ese enfrentamiento armado que dejó 200.000 muertos y 45.000 víctimas de desaparición forzada, de las cuales, se estima que al menos 5,000 eran niños y niñas, se desprende el Diario Militar, un documento de la inteligencia militar guatemalteca que registra a personas que tenían supuestos vínculos con la oposición armada. Este documento fue filtrado en 1999 al Archivo de Seguridad Nacional, un instituto de investigación y organización no gubernamental con sede en la Universidad George Washington, en Washington, EE.UU., y expone las fichas de 183 personas -con nombres, fotografías, fechas y códigos- que de 1983 a 1985 fueron vigiladas, perseguidas, detenidas, torturadas, asesinadas y desaparecidas por integrantes de la estructura clandestina de inteligencia militar del Estado Mayor Presidencial (EMP), en conjunto con estructuras policiales.

El Diario Militar coincide con documentos similares redactados por los ejércitos de América Latina durante la época de la represión, como los que han sido encontrados en Argentina, Chile, Colombia y El Salvador.

22 años después de su publicación, la Fiscalía de DDHH del Ministerio Público reveló la investigación del llamado Caso Diario Militar, que se mantenía en reserva, cuando el 27 de mayo de 2021 las fuerzas de seguridad guatemaltecas detuvieron a 11 militares y policías retirados por su presunta participación en el secuestro, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y otros delitos contra más de 183 personas consideradas “enemigo interno” de Guatemala.

De los 11 detenidos, solo cinco asistieron a la audiencia de primera declaración el 1° de junio de ese año: Enrique Cifuentes de la Cruz, José Daniel Monterroso Villagrán, Edgar Virgilio de León Sigüenza, Edgar Corado Samayoa y Rone René Lara. Otro militar retirado, Jacobo Esdras Salán Sánchez, se entregó ese mismo día en la Torre de Tribunales. Salán Sánchez también está relacionado con graves casos de corrupción, presentados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Los seis imputados fueron ligados a proceso el 9 de junio, la mayoría por desaparición forzada.

Gustavo Adolfo Oliva Blanco, Marco Antonio González Taracena, Víctor Augusto Vásquez Echeverría y Juan Francisco Cifuentes Cano fueron internados en clínicas y hospitales por supuestos quebrantos de salud. Dos sindicados más, Eliseo Barrios Soto y Mavilio Aurelio Castañeda, fueron detenidos fuera de la ciudad capital y también estuvieron internados en clínicas privadas de Alta Verapaz y Petén.

Después de una semana de audiencias fuera del juzgado y programadas en el Centro Médico Militar, donde se habilitó una sala para el efecto, el 25 de junio González Taracena, quien dirigió la red de inteligencia clandestina del EMP, conocida como "El Archivo", fue ligado a proceso por desaparición forzada, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de humanidad.

Oliva Blanco y Vásquez Echeverría alegaron supuesta discapacidad auditiva, lo cual les impedía entender lo que sucedía en las audiencias. Ante esto, el Ministerio Público propuso acciones para su atención y adaptación de aparatos auditivos, así como un peritaje de dos expertos para determinar su condición, en los cuales se confirmó que sí podían escuchar y enfrentar proceso.

Un mes después de las capturas, el 1° de julio, la audiencia de primera declaración para otros tres sindicados se desarrolló mediante videoconferencia, ya que se encontraban hospitalizados en distintos lugares del país: Cifuentes Cano, Barrios Soto y Castañeda Bethancourt; sin embargo, para este último fue suspendida provisionalmente la persecución penal luego de que médicos especialistas dictaminaron que es incapaz de afrontar un procesos penal por su deteriorada salud mental, por lo que se inició un proceso de interdicción.

Cifuentes Cano, ex Primer Jefe de la Brigada de Operaciones Especiales de la Policía, fue ligado a proceso por delitos contra los deberes de humanidad y desaparición forzada de al menos 10 personas, entre ellas una niña de 2 años y un niño de 5 años.

Barrios Soto, señalado de haber participado en los operativos que involucran a víctimas registradas en el Diario Militar, también fue ligado a proceso por los delitos contra deberes de la humanidad de al menos cinco personas y desaparición forzada de otras tres.

A casi cuatro meses de haber sido capturados y de varias audiencias de seguimiento para garantizar la salud de los militares retirados, dos de ellos que habían postergado este proceso fingiendo problemas auditivos -Oliva Blanco, ex Primer Jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) y  Vásquez Echeverría, comandante de la Zona Militar de Chimaltenango- fueron ligados a proceso el 21 de septiembre, por desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad.

Después de que concluyeran las audiencias de primera declaración, el 22 de septiembre se conocieron las recusaciones para solicitar que sea separado del caso el juez de Mayor Riesgo “B” Miguel Ángel Gálvez, quien ligó a proceso a 11 de los capturados.

La investigación del MP incluye testimonios, documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional, peritajes, entre otras pruebas que sustentan las imputaciones. Familiares de las Víctimas del Caso Diario Militar y sobrevivientes querellantes han pedido que se garantice el derecho a salud y de defensa de los militares sindicados, algo que sus propios familiares no tuvieron frente al terrorismo de Estado, que incluyó tortura y violencia sexual bajo el pretexto de obtener información, incluso contra niñas y niños. Ellas y ellos reivindican la militancia política de sus familiares contra un Estado autoritario, siguen exigiendo que les digan dónde están las personas desaparecidas de Guatemala y que se rompa el pacto de silencio e impunidad sobre estos crímenes de Estado que afectaron y siguen afectando a la sociedad en su conjunto.

“Nuestro amor es más grande que la misma muerte. Como agraviados solicitamos, señor juez, que nos garantice que durante el proceso de los sindicados se les puedan brindar las condiciones necesarias de salud para garantizarles la vida. Es importante mencionar que nuestros familiares detenidos desaparecidos nunca tuvieron esas medidas de garantía a su integridad física; al contrario, fueron torturados y posteriormente asesinados y enterrados clandestinamente”, expresó el querellante Manuel Mendoza Farfán.

“37 años de buscar, esperar, desear encontrar a nuestros familiares, de nombrar los graves delitos que se cometieron, las formas en que se torturó a mujeres y niñas, en que se desapareció a nuestros seres amados, con la intencionalidad de que nunca más fueran localizados, incluso de negar su propia existencia. Ante delitos cometidos por esta estructura clandestina e ilegal, dentro del circuito clandestino de detención y desaparición forzada a cargo del Ejército de Guatemala, no puedo hacer otra cosa que pedir que se garantice nuestro derecho de acceso a la justicia”, manifestó la querellante Alejandra Cabrera.

“Como ya he mencionado con anterioridad, mi papá estaba enfermo y casi ciego, pero eso no importó, hoy continúa desaparecido. Sigo esperándolo. Sigo buscándolo. Sí, nos despojaron de mucho, sino de todo, pero ese odio y desprecio por la dignidad de las personas, con el que nuestros familiares fueron brutalmente tratados, no alcanzó nuestra humanidad, ni la firme convicción de que la justicia y el marco del Estado de Derecho son la vía para alcanzar un país justo, en el que nadie sea perseguido, secuestrado, torturado, violado, ejecutado y desaparecido por pensar distinto, nunca más. Por eso, reitero la solicitud del MP, garantizando el derecho a la salud y la vida de los sindicados, algo a lo cual no tuvieron acceso nuestros familiares”, agregó.

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Lunes, Mayo 16, 2022 - 18:15

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