Frenar el ataque a la educación pública

Al cierre de esta edición, nos encontramos en las vísperas de la marcha federal universitaria del 23 de abril. Movilización que se avizora masiva y contundente, ante el desfinanciamiento que viene sosteniendo el gobierno nacional en la educación superior, así como también en el resto del sector público nacional. Una jornada callejera que será también expresión del descontento popular ante la profundización de las medidas de ajuste, los despidos, suspensiones y el desenfreno de una inflación que semana a semana destruye los salarios.

La situación de crisis presupuestaria no es nueva en las UUNN. Ya el presupuesto de 2023, presentado en su momento por Massa, se calculó sobre la base de una estimación del 60% de inflación, la cual terminó cerrando en un 211% y significó la licuación del salario del conjunto de trabajadores de las universidades. Algo que se replicó en el resto de paritarias, lo que incrementó la bronca y el descontento hacia el gobierno de Unión por la Patria y es en parte la explicación del triunfo de Milei. Ahora bien, si ya veníamos con una situación alarmante en las Universidades en donde para subsistir se propiciaba el autofinanciamiento, a través del arancelamiento o el convenio con empresas, actualmente ni con la caja propia alcanza. 

No solo el presupuesto de 2024 es el mismo que el del año pasado, sino que además al cuadro de situación se le suma que el gobierno nacional no está ejecutando las partidas presupuestarias. De hecho, en comparación con el año pasado, la ejecución destinada a salarios docentes es 32% menos, mientras que disminuyó un 28% en cuanto a salarios no docentes y 72% menos en lo que refiere a los Hospitales Nacionales. Si a esto le sumamos el tarifazo que significa el 500% de incremento en las boletas de energía eléctrica, producto de la quita de subsidios, el escenario se vuelve crítico.

Con este cuadro de situación, hasta el Consejo Interuniversitario Nacional, espacio que nuclea al conjunto de rectores de las universidades nacionales, se tuvo que expedir. Los propios rectores, en su mayoría pertenecientes a distintas variables del PJ o de la UCR, salieron al cruce diciendo que el presupuesto anual alcanza hasta mayo y que de no haber un incremento en el mismo no está garantizada el inicio del segundo cuatrimestre. Por supuesto que muchos de ellos lo hacen con la clara intención de cubrirse ante los conflictos en sus propias universidades, los cuales incipientes y focalizados, vienen en alza. Si bien cada universidad tiene su particularidad, no hay que ser ingenuos con la participación de los rectores en la movilización: en muchos casos busca ponerle un techo al proceso de organización por abajo y darle un marco de contención institucional. Queda en la memoria, que la última movilización nacional universitaria en 2018 vino de la mano de paro por tiempo indeterminado por parte de la docencia y tomas estudiantiles en la mayoría de las UUNN.

En cuanto a la docencia, se armó un Frente Sindical entre todas las centrales docentes para organizar la movilización e intentar coordinar las acciones de lucha. Algo que en los últimos años venia aletargado. Sin embargo, no hay que dejar de mencionar que hay sectores que son más renuentes a llamar al paro que otros, de hecho, la propia CONADU esperó hasta último momento para convocar al paro del 23, obligada frente a la presión de las bases de cada Asociación que ya tenían como referencia la convocatoria al paro de CONADU Histórica. Habrá que ver cuáles son los próximos pasos del plan de lucha luego de la movilización del 23A. 

Otro cantar es la reactivación de la FUA, en manos de la Franja Morada y de la Juventud Universitaria Peronista, que luego de años de letargo e inactividad se vio obligada a convocar a movilizar. Si bien lo hace con una orientación ligada a mantener el conflicto en los canales institucionales, su participación habla del carácter de masas de la convocatoria. En donde no salir a marchar en defensa de la universidad, implica el repudio masivo del conjunto de la docencia y el estudiantado.

Frente a este panorama el gobierno de Milei intentó dar un manotazo de ahogado procurando disminuir y desactivar la convocatoria del 23A. El anuncio del 70% de incremento para los gastos de funcionamiento de las Universidades va en esa dirección. Sin embargo, no deja de ser insuficiente, en tanto ese “incremento” se da en el 10% del presupuesto universitario (destinado a el mantenimiento de las Universidades), pero sigue congelado el 90% del mismo (destinado a salarios de docentes, no docentes y funcionarios). Igualmente, el anuncio del aumento da una pauta: plata hay y se le puede torcer el brazo al ajuste del gobierno. Será cuestión de dar la pelea por si la plata y los recursos van a incrementar las ganancias de multinacionales, monopolios, FMI y demás, o van a las universidades, trabajadores, jubilados, etc.

Mientras tanto, la política al interior de las universidades tiene que centrarse en la defensa de la educación pública, focalizando en la necesidad imperiosa de refuerzo presupuestario para incrementar salarios, becas estudiantiles y científicas. Poniendo como blanco central al gobierno nacional, pero sin olvidarse de las autoridades locales que planteen sostener la política de recorte en el interior de cada universidad. En ese marco será central impulsar acciones en conjunto entre trabajadores y estudiantes universitarios como clases públicas, asambleas y cartelazos, a los fines de profundizar el debate y las medidas de lucha. Poniendo todos los esfuerzos por incorporar al movimiento docente y estudiantil en la pelea contra el ajuste, la entrega y el saqueo.

Martina Bas