Estatales Córdoba - Enfrentar el ajuste y la precarización

En consonancia con la política de ajuste Milei, a poco de asumir como gobernador de la Provincia de Córdoba, Llaryora comenzó su gestión lanzando una serie de medidas que impactan directamente en la situación salarial y en las condiciones de trabajo de las y los trabajadores estatales, a la vez que dio inicio a la implementación de un conjunto de reformas en el Estado provincial que afectan de lleno a los sectores de salud y educación.

Llaryora se jacta de que Córdoba es una de las pocas provincias que cuenta con superávit fiscal; sin embargo, y en sintonía con la política del gobierno nacional, asegura que es necesario hacer un ajuste para reducir el gasto público. Así las cosas, el 27 de diciembre, luego de una sesión fallida por falta de quórum, la Legislatura aprobó una ley que dispone el aumento de los aportes a la Caja de Jubilaciones y a la obra social Apross. Ya en las liquidaciones de enero, los trabajadores estatales se encontraron en sus recibos con aumentos de aportes personales a la Caja retroactivos a diciembre en un 2% (con posibilidad de extenderlo a 4%) y un 1% para el Apross, junto con un extra en concepto de “enfermedades catastróficas” (0,8%). En palabras del gobernador en el inicio de sesiones legislativas del 1° de febrero: “el esfuerzo recayó en los activos para ayudar a los jubilados”.

Pero además de este recorte salarial, en el marco de la crisis económica y el aumento de la inflación, el gobierno provincial desconoció los acuerdos paritarios firmados por el propio Schiaretti que implicaban aumentos por cláusula gatillo para equiparar la inflación y una nueva mesa de negociación en febrero. En su lugar, el ejecutivo provincial ofreció una propuesta trimestral que deja a las y los trabajadores estatales más cerca de la línea de indigencia y consolida una nueva pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Este acuerdo fue aceptado sin más por la mayoría de los sindicatos estatales, excepto por el gremio docente UEPC. Sin embargo, con una nueva campaña de desprestigio hacia los trabajadores de la educación, en la cual el gobernador llamó a apelar al “sentido común”, se dio de manera unilateral el aumento del 14,6% frente a la inflación de diciembre de un 25,5%. Ésta es una medida que rompe cualquier posibilidad de negociación entre el gobierno y los docentes. Es así como Llaryora, mientras se ha mostrado como un “dialoguista” con el gobierno nacional, decide confrontar los trabajadores estatales de la provincia.

Reforma laboral docente y precarización laboral de estatales

Lo salarial implica solo un aspecto del ajuste que se pretende hacer recaer sobre los trabajadores estatales y el sector público. Desde su asunción y particularmente en el discurso de inicio de sesiones, el gobernador viene enfatizando en implementar un conjunto de reformas en la salud y educación públicas. El “cambio de paradigma” que plantea el gobierno, lejos de garantizar mayor acceso, calidad y asignación de recursos a estos sectores, lo que busca es la descentralización, el desfinanciamiento y una mayor precarización de los empleados públicos basado en criterios de “productividad y eficiencia”.

Ya en los primeros días de gestión se dieron de baja a cientos de contratados, monotributistas y becarios de diferentes dependencias de la provincia, de los cuales han sido reincorporados una parte, más que por acciones del Sindicato Empleados Públicos, por la desprolijidad de cesantear a personas que se encontraban situaciones de licencias de maternidad y de salud justificadas. Junto con el intento de avanzar en recortes de personal, particularmente en salud, se está implementando una política de descentralización y “empoderamiento” de los 42 hospitales provinciales y sus direcciones, otorgando la posibilidad de contratación directa de personal y de servicios privados, y un mayor control de ausentismo y productividad.

En el ámbito educativo la situación es similar. Ya fue incorporado a la liquidación de haberes el ítem de “profesionalidad docente”, que comprende una suma fija y fuera del básico en concepto de presentismo, mientras que también el gobierno avanzó con la implementación del Decreto N°43 que habilita el doble cargo para inicial y primaria, permitiendo así una duplicación en la carga laboral para que la docencia llegue a fin de mes y encima en carácter de interinato, con fecha de finalización en diciembre. Además, en las postrimerías de la vuelta a las escuelas, el Ministerio de Educación plantea jornadas de taller para toda la planta docente de educación media, bajo el título “La escuela posible” como puntapié para la modificación de los diseños curriculares y la descentralización del sistema educativo. Con un vocabulario teñido por conceptos de innovación, eficiencia, desafíos y valoración de la cultura institucional, este documento omite cuestiones centrales que atraviesan la realidad educativa: las condiciones en las que se enseña y aprende, los niveles de violencia presentes en las aulas, la crítica situación económica y social de niños, niñas y jóvenes, los preocupantes niveles de alfabetización y lecto-comprensión, entre los principales.

En suma, un conjunto de políticas públicas que bajo el discurso de eficiencia y productividad pretenden por un lado, avanzar en la precarización y ajuste a los trabajadores del Estado, y por el otro descentralizar y desfinanciar a la salud y educación públicas. Queda en manos de los trabajadores defender los puestos y las condiciones de trabajo, torciéndole el brazo a Llaryora por aumentos salariales que mínimamente cubran la Canasta Básica. Esta pelea necesariamente debe darse en unidad y a pesar de la docilidad de las conducciones sindicales de la provincia. De cara a febrero, la docencia en particular, con la UEPC Capital a la cabeza, tiene la posibilidad de ser impulsora de un plan de lucha con el no inicio de clases, buscando confluir con estudiantes y familias y el resto de trabajadores del Estado por educación y salud públicas al servicio del pueblo.

Marilyn T.