Diciembre en el horizonte

El domingo 23/7, el ministro de Economía y precandidato del oficialismo Sergio Massa, anunció una serie de medidas económicas de corto plazo en sintonía con las exigencias del FMI en el marco de las negociaciones por la refinanciación de la deuda hasta fin de año. Unos días después, el viernes 28, las partes cerraron finalmente el acuerdo largamente anunciado.

En primer lugar, subió el dólar solidario para los ahorristas y se unificó con el dólar tarjeta. Más importante, aumentó un 25% el dólar para la importación de servicios ($270 a $340) y un 7% para la importación de bienes ($270 a $290), con excepción de los correspondientes a la canasta básica como alimentos y remedios. Finalmente, se implementó una nueva edición del dólar agro para el maíz y otros productos regionales, con una suba del 13% ($300 a $340), mientras el gobierno conversa con el capital agrario la implementación de un nuevo dólar soja después de las PASO.

El encarecimiento de los dólares de importación de bienes y servicios tendrá un impacto en el aumento de los precios internos, provocando más inflación, pues incrementan el costo de los insumos importados para la industria y del transporte de mercancías a nivel internacional. La suba del precio de exportación del maíz se trasladará hacia la cadena productiva dentro del país (carnes, harinas, etc.), incrementando sus precios finales al consumidor. Además, el esquema implicará más emisión de pesos para cubrir la brecha entre el precio del dólar oficial y el dólar agro, pesos que seguramente sean aspirados mediante instrumentos de deuda (como las Leliq), elevando el endeudamiento interno. Finalmente, la política de devaluar a escondidas no es gratuita y se reflejó pocos días después en una suba de los dólares paralelos, sean legales (MEP / CCL) o ilegales (blue), que saltaron un 10%.

Las cuatro medidas de Massa reflejan las dos exigencias principales del FMI: devaluación y reservas. La “devaluación fiscal” es una manera de encarecer objetivamente el precio del dólar con impuestos y retenciones sin devaluar, y simultáneamente aumentar la recaudación para bajar el déficit fiscal. Segundo, los incentivos a la exportación y desincentivos a la importación apuntan a un incremento de las reservas. El gobierno procedió de esta manera para cumplir con el organismo sin recurrir a una devaluación cambiaria, pues le teme al impacto electoral y a la posibilidad de espiralizar la inflación o provocar una corrida. No obstante, la presión del FMI y el proceder del gobierno también muestran el principal efecto del acuerdo con el organismo: el aumento de la inflación.

En definitiva, por su carácter y su fecha, las medidas adoptadas fueron el último capítulo de la negociación con el FMI, que ocupó la primera plana de la política económica desde que la sequía del verano pasado afectó la cosecha de soja, el ingreso de dólares al sistema financiero local y la recaudación impositiva por retenciones, desarmando las previsiones optimistas para 2023. Lo que en una economía estable sería una simple “mala racha” transitoria, en Argentina amenaza con producir un colapso financiero, pues la deuda pública es muy elevada: USD 400.000 millones (85% del PBI), y el acuerdo vigente con el Fondo establece un cronograma de desembolsos del organismo y pago de vencimientos sujeto al estricto cumplimiento de una serie de objetivos fiscales, financieros y monetarios. Las “metas” no solamente implican un ajuste de proporciones sobre las condiciones de vida de la población, que Massa viene aplicando, sino que establecen un sendero económico muy angosto donde cualquier imprevisto puede echar toda la planificación por la borda.

En efecto, a caballo de la sequía desde marzo todas las metas fueron incumplidas, el acuerdo objetivamente se rompió y dio lugar a un escenario de tensión, con posibilidades de default. La firma de un nuevo acuerdo de largo plazo (años) no tenía sentido pues el gobierno está en retirada y todo indica que habrá un cambio de color político (JxC) o de orientación político-económica con el peronismo (Massa). Por eso la salida buscada y pre-anunciada durante meses por Massa era que el FMI adelantara los desembolsos de 2023 antes de la PASO, añadiendo la posibilidad de utilizar una parte para intervenir en el mercado de cambios (vender dólares), con el objetivo transitar el período electoral sin sobresaltos y negociar con la siguiente administración en el poder.

No obstante, el FMI puso como condición una fuerte devaluación del peso para impedir la fuga de los dólares -como sucedió con Macri en 2019-, lo cual fue rechazado por el gobierno, dado su impacto electoral. Por eso la negociación se estiró y el gobierno hizo malabares para el pago del vencimiento de junio (USD 2.700 millones), finalmente abonado con una mezcla de DEG (moneda del FMI) y yuanes del swap con China, pues se calcula que las reservas del BCRA son negativas. El viernes 29/7 era el último día posible para las negociaciones con el FMI, pues terminaba el plazo para abonar el vencimiento de USD 2.660 millones (31/7) y de intereses por USD 830 millones (1/8).

Finalmente, el FMI y el gobierno arribaron a un acuerdo a nivel técnico, que deberá ser refrendado por el directorio del organismo después de las PASO. Mientras tanto, los vencimientos inmediatos se pagarán con créditos “puente” de diversas entidades financieras (CAF, BIS) y yuanes del swap con China.

El nuevo acuerdo consiste en un diferimiento de los vencimientos de 2023 que serán abonados gracias a dos desembolsos del FMI por un total de USD 7.500 millones en agosto (21/8) y noviembre. En cuanto a las metas a cumplir para recibir esos fondos, las mismas quedan acomodadas a la realidad económica: 1) un 1,9% del PBI de déficit fiscal en 2023, que si bien es igual al acuerdo anterior, ahora supondrá mayores ajustes y recortes de gastos e inversiones del Estado dados los gastos extra del primer semestre; 2) la reducción de la meta de reservas a USD 1.000 millones, dados los efectos de la sequía; 3) mantener tasas de interés reales positivas (festejan los bancos) y 4) acelerar la micro-devaluación gradual (el crawling peg) para acompañar o superar la inflación, devaluar excepcionalmente de manera selectiva (dólar agro, dólar importador, etc.) y caminar hacia la “armonización” de los múltiples tipos de cambio, una forma sutil pero clara de exigir una devaluación común y corriente para después de las elecciones. El organismo aprobó la posibilidad de usar dólares de las reservas y de los desembolsos para intervenir en el mercado de cambios en casos puntuales y evitar una devaluación, aunque ello sería improbable porque incluso con los desembolsos del FMI, a las Reservas del BCRA no les sobra un centavo. Por otro lado, el FMI no perdió su esencia ortodoxa y exigió 5) reducir salarios estatales y jubilaciones, 6) recortar subsidios a los servicios públicos (tarifazos), 7) disminuir la ayuda social a la población y 8) bajar la asistencia a las provincias (básicamente, para obras públicas) y empresas del Estado.

Todo ello indica que continuará y se profundizará el ajuste sobre las condiciones de vida, fundamentalmente porque son medidas que avivan la inflación, promueven la recesión o directamente implican ataques al bolsillo de los sectores populares. Es una continuidad del ajuste que venimos atravesando con particular fuerza en el último año, bajo la gestión de Massa.

Conclusiones

Lo acotado de los tiempos reveló la fragilidad de la realidad económica argentina y las medidas implementadas por el gobierno muestran la influencia del FMI en el proceso electoral.

Esa influencia no se limita a lo que haga el candidato-ministro para cumplir con los vencimientos: se extiende hasta establecer los términos del debate, los límites y las orientaciones principales de todos los planes para afrontar la crisis económica en el siguiente período de gobierno. Especialmente cuando los acuerdos de deuda vigentes con el FMI y los acreedores privados establecen un esquema de pagos muy abultados a partir de 2025, con vencimientos imposibles de afrontar para el país.

Por eso los tres candidatos con chances de ganar (Massa, Bullrich, Larreta), comparten de manera tácita un programa económico similar. La diferencia puede estar en los tiempos del ajuste (cuánto devaluar, cómo liberar el cepo), el grado de distribución de la riqueza y las formas de contención del movimiento de masas, con más o menos violencia represiva. Sin embargo, los trazos gruesos son comunes: comenzar por una devaluación, recorte de los gastos del Estado y la emisión de pesos (austeridad fiscal y monetaria), negociar un nuevo acuerdo con el FMI y organizar la economía nacional en función del pago de la deuda externa, poner el énfasis en el aumento de la capacidad exportadora del país, apoyarse en la gran burguesía local asociada al capital extranjero y pivotar entre la tutela de EEUU y China, según los vaivenes de las disputas internacionales. No está previsto un cambio de matriz productiva, un salto tecnológico o una redistribución de la riqueza.

El reciente entusiasmo con Vaca Muerta, el gasoducto y el litio demuestran esa orientación. Y Massa lo dijo abiertamente mediante su consigna “nestorista” sobre “juntar los dólares, pagarle al FMI y decirle chau”. Que la épica de la frase no confunda a los desprevenidos: implica profundizar la extracción de materias primas, que beneficia al capital concentrado y genera poco empleo, trae graves consecuencias ambientales y sanitarias, no requiere del desarrollo de un sólido entramado industrial, tecnológico y humano, y tiene un escaso margen para el agregado de valor. No son conjeturas: el “milagro de la soja” quedó en manos de grandes productores, proveedoras de insumos y semillas y corredoras de cereales.

En síntesis, el régimen político trae bajo el brazo el programa económico de los grandes grupos económicos y el capital financiero. En agosto y octubre nos convocan a votar para darle validez y legitimidad a su implementación. El voto bronca es la expresión política de rechazo a esa propuesta de hambre, pobreza y desocupación planificadas, que debe ser acompañada por la movilización popular y un plan económico alternativo con un aumento inmediato de salarios, jubilaciones y planes sociales financiado con el no-pago de la deuda externa y la estatización del sistema bancario, el comercio exterior y los recursos estratégicos.

David Paz