Córdoba - Contra las imputaciones y la criminalización de la protesta, unidad y lucha obrera y popular

En el marco de la jornada nacional de lucha de la Unidad Piquetera del día 5 de abril, el fiscal Aragón decidió imputar penalmente a seis referentes de las organizaciones movilizadas en el centro de Córdoba. Esta arremetida del fiscal se inscribe en una serie de iniciativas reaccionarias del gobierno de Schiaretti, bloques oficialistas y opositores en la legislatura provincial y sectores afines, buscando limitar la protesta social en Córdoba. 

Luego de la presentación de dos proyectos de ley coincidentes en 2022 que apuntan a cercenar el derecho a la protesta, los cuales están listos para su tratamiento en la unicameral, la presente embestida judicial toma como justificativo la presentación de un habeas corpus colectivo por parte del presidente del centro vecinal del barrio centro de la capital donde, arrogándose la representación de los comerciantes de la zona, reclama la disolución de las movilizaciones en el radio céntrico, alegando que éstas son el motivo de la caída en las ventas de los comercios que él dice representar.

Rápidamente el Juez Fernández López recoge el guante sin dudarlo y emite un fallo ejemplar por su inconstitucionalidad, dejando las manos libres a la policía de Córdoba para actuar de manera preventiva a fin de evitar manifestaciones en el centro de la ciudad. Y en los “argumentos” del fallo llega a afirmar cosas tales como que “las movilizaciones constituyen tiranías equiparables a la dictadura de Videla”, o que “las únicas vulneraciones de los Derechos Humanos que se han verificado a lo largo de la causa son las padecidas por los vecinos y comerciantes de la zona afectada”. 

Apoyándose en este engendro reaccionario, el fiscal Aragón manda a la policía a identificar a los referentes de las distintas organizaciones que participamos de la jornada del 5/4, para notificarles que están imputados por infringir el art. 194 del código penal. 

En una provincia y un país donde lo único que prospera es la pobreza y la indigencia, donde ni siquiera con un empleo formal se puede llegar a fin de mes, la bronca social y sus distintas manifestaciones crecen día a día. Y esto ya no se expresa solamente a través del movimiento piquetero. El estado de movilización permanente entre los trabajadores provinciales de la salud y la educación vienen dando testimonio de un estado de ánimo entre los asalariados que cada vez se vuelca más masivamente a las calles, aún a pesar de las conducciones gremiales acuerdistas o directamente traidoras. 

Es la miseria en los ingresos populares lo que atenta contra las ventas de los comerciantes del centro, no las movilizaciones. La profundización de una crisis social y económica que se va tornando insoportable para las mayorías populares, al tiempo que impulsa a ganar las calles, habilita las condiciones para comprender la necesidad de unir los reclamos del pueblo trabajador en un mismo torrente de lucha que ponga contra las cuerdas a los responsables políticos de esta situación. 

La ilusión de resolver este drama social con el código penal en la mano es la muestra más clara de la incapacidad de esta dirigencia política y su apéndice judicial para dar una salida favorable a esta crisis que ellos mismos han generado. Será el pueblo trabajador y sus organizaciones quienes hagan tronar el escarmiento como enseña la historia cordobesa.

Ismael Bello