“El Estado está presente a través de la corrupción”

Viernes, 14. Agosto 2015

Tras cumplirse dos años de la explosión del edificio en Rosario, para los familiares, tanto el gobierno nacional como el provincial tienen claras responsabilidades en los hechos. La política privatista no es exclusiva ni a la década de los ´90, ni al gobierno de Menem, pues es la continuidad de esta receta liberal la causante de lo ocurrido en la calle Salta 2141.

En el marco del segundo aniversario de la explosión ocurrida en el edificio de calle Salta 2141 se realizó un acto recordatorio de las víctimas en el cual se volvió a marcar la necesaria salida de la empresa Litortal Gas, su intervención por parte del Estado nacional y el juicio político a los responsables del directorio del Enargas por incumplimiento de funciones en el control de la empresa prestataria del servicio. Además se reclamó la expropiación del terreno donde se encontraba el edificio a fines de poder establecer allí un sitio de prevención y contención de las víctimas en escenarios similares a los vividos aquel 6 de agosto del 2013.
Marcela Nissoria, ex esposa de Hugo Montefusco, una de las víctimas en la explosión, narra algunas de las sensaciones experimentadas a dos años de lo ocurrido: “Calle Salta es kilómetro 0, todo comienza allí. A dos años creo que hay una mayor maduración, se entienden los sucesos de otro modo. Cuando uno ve para atrás, se da cuenta que hizo un montón de cosas que nunca pensó que podría haber hecho”. Así explica Marcela lo que han sido los 730 días vividos desde la mañana del 6 de agosto del 2013: “La vida de uno cambió, es la impotencia lo que te hace seguir, pero sin la lucha mi casa sería peor. Yo quisiera otro duelo, uno más personal o privado, pero así se dio todo. Nuestro desafío es cambiar las cosas, a pesar de que muchos nos consideren locos por lo que hacemos o decimos. En definitiva somos lo que hicieron de nosotros”, remarcó.
La causa penal llevada adelante en los tribunales provinciales superó la instancia de declaraciones y recolección de pruebas y ahora está ingresando en la etapa de juicio oral. Ante esto Marcela consideró: “La justicia es peor de lo que yo creía, porque nosotros queremos que vayan presos los culpables, pero en la lista de imputados faltan varios de los que creemos tienen responsabilades y ni siquiera se los menciona en los pasillos de tribunales. La justicia no te quita el dolor, pero sí es necesario que quienes cometieron este crimen estén tras las rejas, sólo así podremos dedicarnos a realizar nuestro duelo puertas adentro”. En la nómina de imputados se encuentran el gasista, Carlos Osvaldo García y su ayudante, Pablo Miño; los responsables de la administración del edificio (Calvillo propiedades) y cinco empleados de Litoral Gas; aunque no así los responsables legales y técnicos de la empresa (Conrado Bianchi y José María González) ni quien preside el directorio del Enargas, Antonio Luis Pronsato.
Al momento de aludir a lo ocurrido, los familiares no utilizan el término “tragedia” sino que prefieren referirse a los hechos como un “crimen social”: argumentan que no es lo mismo una tragedia que un crimen pues el episodio de aquella mañana “estuvo premeditado por la corrupción de la empresa y la negligencia del Estado con sus organismos de control que allanaron el camino para que termine ocurriendo el fatídico desenlace que ya conocemos”. Además, Nissoria añadió algunas valoraciones en torno al rol del Estado en sus diferentes niveles en situaciones como la acaecida: “Cuando se dice que el Estado está ausente porque dio paso a las empresas se comete un error. El Estado está presente a través de la corrupción, la corrupción y el lucro de las empresas con las cuales el gobierno selló acuerdos y permitió que estas avancen sobre nuestros intereses”. Luego realizó una descripción de los momentos inmediatamente posteriores a la explosión: “Para nosotros es lamentable que hayan utilizado la muerte de nuestros familiares políticamente. La presidente, el gobernador y la intendenta días después de lo ocurrido al visitar la zona hicieron parar la búsqueda para sacarse fotos arriba de los escombros, cuando los rescatistas advirtieron que todavía había gente con vida y que cada minuto de rastrillaje era imprescindible. Esos personajes no merecen nuestro respeto, hay una crueldad terrible”.
Durante el acto se leyeron una serie de demandas que los familiares y víctimas le realizan a los gobiernos tanto municipal como provincial y nacional: “El gobierno municipal nos ha prometido un montón de cosas que no cumplió. Nunca tuvo un protocolo post-explosión y hasta padecimos el hurto de un montón de pertenencias de nuestros familiares, de lo cual nunca dieron respuestas. El gobierno provincial guarda un silencio como si lo que ocurrió no se hubiese producido en Santa Fe. Y el gobierno nacional sostiene a un ente regulador inexistente e incompetente como Enargas, cuyo directorio no funciona, prometieron una reunión que nunca fue y continúan apoyando al director del organismo Antonio Pronsato”.
Finalmente Marcela insistió en cuáles son las pretensiones que los familiares tienen respecto a la causa judicial y a otras medidas que quieren llevar adelante después de lo ocurrido: “Nosotros queremos que se vaya Litoral Gas de Rosario, que la empresa sea intervenida de una vez por todas. ¡¿Les parece poco lo que ocasionaron, que continúan prestando un servicio obsoleto y absolutamente peligroso, que un número importante de vecinos en la ciudad no tiene gas?! Además entendemos que el terreno donde ocurrieron los hechos nos pertenece, allí pusieron los cuerpos nuestros familiares, y allí pretendemos realizar un lugar de memoria, porque para nosotros no es un pedazo más de tierra. La expropiación de calle Salta es un proyecto de vida que nos permite recuperar algo de lo que perdimos”.

Corresponsal

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Viernes, Agosto 14, 2015 - 23:15

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