#LibertadParaBelen

Belén es una joven pobre de Tucumán que el 19 de abril fue condenada a ocho años de prisión, víctima de una causa armada caratulada como “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el vínculo”, luego de haber cursado un aborto espontáneo. Decimos causa armada ya que no existen pruebas del delito que se le imputa, tal cual surge del fallo plagado de incongruencias basado solo en testimonios e informes del personal médico y policial del hospital. No caben dudas de que Belén es víctima de un atroz disciplinamiento social que hay que enfrentar para lograr su libertad.

Hace dos años, Belén llegó en la madrugada al Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán solicitando asistencia sanitaria debido a un fuerte dolor abdominal, producto de un aborto espontaneo de un embarazo que desconocía. En vez de ser contenida y asistida se violó su derecho a un trato digno y respetuoso, sufriendo maltrato psicológico y físico de parte del personal médico, quienes a su vez la denunciaron violando su derecho a la confidencialidad médico-paciente. Derecho que es necesario remarcar: cualquier mujer que haya sufrido un aborto espontaneo o inclusive provocado, tiene el derecho a recibir asistencia médica con la tranquilidad de estar jurídicamente protegida por la confidencialidad, como lo remarca la abogada de Belén, Soledad Deza, en recientes declaraciones.
Desde entonces Belén fue encerrada con prisión preventiva. Una de las pruebas presentadas en su contra fue un feto encontrado en el baño del hospital, que aducen que “era su hijo”, aun cuando la querella nunca pudo probar que el mismo fuera producto de su embarazo, ya que no se le realizó un análisis de ADN por no encontrarse en la morgue del hospital, según consta en un escrito del abogado asesor del hospital, Diego Silbserstein, y el subdirector técnico, Marcelo Gómez. Esta no es la única irregularidad en la acusación: existen a su vez contradicciones en el expediente judicial. Una de ellas es la que establece que Belén estaba embarazada de 22 semanas y el feto tenía 32, otra respecto de la hora en que se encontró el feto -3:00 am- y la hora de llegada de Belén al hospital -3:50 am-, y hasta del lugar donde el mismo fue hallado.
Esta condena repudiable no es aislada, engrosa la lista de mujeres pobres como Belén que luego de cursar un aborto han sido criminalizadas ellas y/o sus familias, demostrando cómo desde el Estado se violan los derechos de las mujeres y se criminalizan los problemas sociales en vez de ser prevenidos y asistidos. Ayer ocurría de la mano del doble discurso del kirchnerismo, hoy con la abierta política anti aborto del PRO condenando a una mujer en una situación de vulnerabilidad extrema.
Un dato no menor es que Tucumán es la única provincia que por decisión política no adhirió a la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable. La inexistencia de voluntad política del entonces gobernador kirchnerista Alperovich para garantizar los derechos sexuales, generó el marco para que se lleven a cabo prácticas médicas contrarias a los derechos de las mujeres, amparadas en este caso por los directivos del hospital. La ausencia de voluntad política y el modelo médico que esto genera, junto a las fuerzas policiales y al poder judicial, centrado en ejecutar la criminalización de los problemas sociales, se unieron para llevar a cabo una condena que materializa un intento de ataque feroz a la lucha por la legalización del aborto.
Porque lo que sucedió realmente es que Belén fue condenada por sufrir un aborto, porque subvertir el mandato social de la maternidad, sea en forma espontánea o provocada, no es opción para las mujeres pobres. Este fallo armado a la medida de los sectores más reaccionarios de la curia, consumado bajo la gestión del actual gobernador del FPV Juan Manzur y en consonancia con la línea de la gestión de Cambiemos, es una demostración más de ello, junto con las más de 300 muertes anuales de mujeres de los sectores populares a causa de abortos realizados en forma clandestina e insalubre.
Por otro lado no se puede dejar pasar el papel escandaloso de los medios de comunicación que, como La Nación, han reproducido el discurso moralizante y retrogrado de la querella, con el intento de aportar a la condena social que el fallo quiere imponer sobre Belén y las mujeres que se realizan un aborto.
Frente a esta situación, son muchas las iniciativas que se vienen dando en el marco de la campaña nacional #LibertadparaBelén. El martes 3/05, día de la lectura de los fundamentos de la sentencia, se realizó una marcha en Tucumán y un acto en los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires exigiendo su liberación donde estuvimos presentes señalando a los responsables políticos de esta condena reaccionaria.
Será con la presión de las mujeres en lucha junto a los sectores populares en la calle lo que logrará invalidar este juicio trucho y la libertad para Belén. Ante este ataque a los derechos de las mujeres, debemos redoblar la apuesta en la lucha por la legalización del aborto seguro y gratuito con la posibilidad de realizarlo en el hospital, defendiendo además las conquistas como lo son el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que Macri quiere avasallar.
Por último, no escapa a esto la lucha por un sistema de salud en sintonía con las necesidades del pueblo y con más presupuesto y aumento salarial para las y los trabajadoras/es que lo componen. Muchas/os profesionales de la salud están en pie de lucha contra el ajuste que los distintos niveles de gobierno vienen llevando a cabo, peleando por salario y en defensa de la salud pública, contra el cierre de programas y servicios. En este sentido es necesario tomar la pelea por la libertad de Belén como propia en el marco de abordar el derecho al aborto como una política de salud pública.

Invitamos a sumarse a la lucha
por la #LibertadparaBelén.

¡Aborto legal ya! ¡Ni Una Menos!

Julia Quinteros