Despidos en el estado provincial

En sintonía con las medidas de ajuste que aplica el gobierno de Macri, el gobernador Schiaretti ha decidido comenzar a ponerse a tono con los lineamientos emprendidos por el gobierno nacional respecto a los despidos en el estado y a la desprotección de la población atendida en diversas dependencias. Todo esto apoyado, como a nivel nacional, en la precariedad del régimen laboral y contractual que deja como herencia la gestión de De la Sota.

A fines del mes de enero, trabajadores que desempeñaban tareas en diversas dependencias del estado provincial como la SeNAF (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia), Dirección de Violencia Familiar y la Secretaría de Trata fueron despedidos.
Con la ausencia del Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba –SEP-, en manos de José Pihen y aliado del gobierno provincial, el 4 de febrero se realizó una marcha en el centro de la ciudad con más de 3.000 personas, entre los propios trabajadores despedidos organizaciones sociales y políticas, que se movilizaron y salieron a la calle en contra de los despidos y por la inmediata reincorporación de todos. De acuerdo al comunicado emitido el día de la marcha por los trabajadores despedidos “23 trabajadores psicólogxs que desempeñaban sus funciones en el Complejo Esperanza (Sistema Penal Juvenil, SeNAF), 2 psicólogas y 5 trabajadoras sociales en la Dirección de Violencia Familiar, y 4 psicólogas, 1 trabajadora social, 5 abogados y 4 administrativos en la Secretaría de Trata, quedaron sin trabajo”.
Tal cual describieran los trabajadores afectados los despidos son doblemente dañinos, dado que además de la perdida de la fuente laboral, se llevaron a cabo en programas que trabajan con niños, niñas, adolescentes y mujeres en situación de gran vulnerabilidad, agravándolas aún más ante el vaciamiento de los programas abocados a abordar problemáticas complejas como la trata de mujeres con fines laborales o de explotación sexual. De esta manera se visibiliza también como el gobierno emprende el ajuste contra el pueblo.
Ya en las manifestaciones realizadas por “Ni una Menos”, denunciamos, no solo las situaciones de violencia hacia las mujeres exigiendo más presupuesto para los programas, sino también la precarización laboral que sufren los / las trabajadores de los dispositivos que abordan la problemática, sobe la cual se asienta ahora la posibilidad implementar los despidos.
Además muchos municipios vienen siguiendo la política de despidos, como el municipio de Unquillo con 180 trabajadores despedidos, a mano del intendente Jorge Fabrissin (Unión por Córdoba), siendo uno de los principales afectados, donde se encuentra un trabajador encadenado y en huelga de hambre a punto de descompensarse.
No hay tiempo que perder para la puesta en pié de una instancia de coordinación entre los trabajadores del estado, para esbozar un plan de lucha que se plantee la reincorporación de los despedidos, le ponga freno a la prepotencia del gobierno, y caliente motores hacia una pelea por aumento salarial acorde a la canasta familiar y el pase a planta permanente. Si las direcciones sindicales traidoras miran para otro lado, la unidad y coordinación entre los laburantes tiene que dar un paso al frente para defender los puestos de trabajo.

Julia Quinteros