Uno de los caballitos de batalla del gobierno macrista es la “modernización del Estado” eufemismo que encubre una de las políticas de ajuste en marcha.
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El procesamiento de Boudou no significa tan solo un caso más de corrupción que afecta al gobierno. Se trata del vicepresidente, el segundo funcionario en importancia que representa a los argentinos, tanto dentro como fuera del país. Se apropió de la empresa Ciccone, donde se producen papel moneda (billetes) y pasaportes, elementos ambos que hacen a la seguridad estratégica de cualquier nación. No se trata solo de asociación ilícita para delinquir o actividades incompatibles con la función pública, también arrastra causas por enriquecimiento ilícito, adulteración de documentos públicos, cohecho, etc. Lo suficiente como para que cualquier ciudadano, que no fuese funcionario del establishment, marchara preso. La permanencia de Boudou es una confesión de la impunidad que otorga el poder y el funcionamiento del régimen democrático actual, como también la tiene Macri procesado por espionaje interno o como la obtuvo el ex presidente De La Rúa, absuelto de las coimas y de su responsabilidad ante los hechos represivos del 2001. De allí que, ante el debate sobre “juicio político” montado en la reciente sesión de la Comisión de Diputados cuando se sabía de antemano (oficialismo y oposición) que no prosperaría, sostenemos que un verdadero juicio político le correspondería a la mayor parte de la clase política actual por sustraer, distraer y funcionar repetidamente en contra de los intereses del pueblo.
El empecinamiento de Cristina por sostener al vice deviene más, por su carácter de socio interno con quien todavía no hay acuerdos para la retirada, que por lo que pudiera interpretarse como un paso atrás para festejo de una oposición genuflexa. Al fin de cuentas será el pueblo quien juzgará y lo hará con los dueños del poder y sus privilegios en general antes que por un delincuente en particular.
Lo cierto es que el desgaste corre a cuenta del proyecto kirchnerista que se bate en retirada y afecta principalmente a quienes se perfilan en el FPV como candidatos nacionales o provinciales para las próximas elecciones. El gobierno pugna por sacar el lastre de encima pero suma complicaciones en la medida que pierde legitimidad y ya no puede controlar otros resortes institucionales, tal como se preanuncia en el fallido intento de remover al fiscal Campagnoli y su equipo.
A.Z.
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