México, ¿a las urnas?

Este gobierno corrupto,
señores
Nos quiere desaparecer
El pueblo camina junto
Queremos a México despertar
Desde Tijuana hasta Chiapas, señores
La lucha es
por el poder
No somos todos
señores
Nos faltan 43

El 26 de septiembre de 2014, un grupo de normalistas llevaban adelante en la ciudad de Iguala (Guerrero), una colecta para asistir al acto conmemorativo por la masacre del 2 de octubre de 1968. Un operativo criminal organizado por policías y sicarios reprimió a los jóvenes, dejando un saldo de 6 muertos, 25 heridos y 43 estudiantes desaparecidos. (Ver no transar 91 y 92). Más de siete meses después, sigue sin haber certezas sobre el destino que tuvieron los 43 y en medio del repudio popular que abarca al conjunto de la elite gobernante mexicana, se desarrolla la campaña electoral hacia el 7 de junio, cuando se prevén comicios en 16 estados y el Distrito Federal, en nueve de los cuales se elegirá gobernador y la renovación de la Cámara de Diputados.
El clima social que transitan hoy las mayorías populares en México no es el más propicio para realizar este recambio con algún grado aceptable de consenso social. Las razones son profundas.
A fines de 2012, los tres partidos principales (PRI-PAN-PRD), firmaron el Pacto por México, acuerdo impulsado por el Presidente Peña Nieto (PRI) que le da forma a un proceso de feroz liberalización económica. Luego de dos décadas de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que une a México con EEUU y Canadá; desde 2015, el país también se incorporó al Acuerdo de Asociación Transpacífico, reforzando su dependencia del imperialismo yanqui a niveles nunca antes vistos.
La gran mayoría de la población mexicana vive debajo de la línea de pobreza, entre ellos Chiapas, Guerrero, Puebla y Oaxaca, son los estados más pobres donde, según datos oficiales, más del 60% de la población está sumergida en la miseria. Más del 55% de los trabajadores no están registrados y la desocupación está en alza.
La contención de esta bomba de tiempo está a cargo de un régimen político que en los últimos años ha reforzado su faz represiva y de reducción de las libertades democráticas, como política de estado. Entre 2013 y 2014 se aprobaron modificaciones sobre la Ley Antiterrorismo. Se eliminó el artículo en el que se establecía que “no se considerarán como un acto terrorista las manifestaciones realizadas por grupos sociales”. Así, cualquier protesta puede ser penalizada y reprimida legalmente. Junto con esto, superpoderes al ejecutivo: facultades presidenciales para suspender garantías y derechos de los ciudadanos sin necesidad de consulta alguna.
Como lo demuestra la trama detrás de la desaparición forzada de los estudiantes, la estructura estatal y los principales partidos están corrompidos hasta los huesos por el narcotráfico y las bandas de sicarios que se alimentan de este negocio. Esto vuelve una práctica cotidiana el crimen organizado y la desaparición de personas, cuando éstas interfieren, voluntariamente o no, en la sociedad narco-política. Oficialmente, y sólo en los dos años y medio que lleva de gobierno Peña Nieto, son casi 11.000 los desaparecidos en México.
En estas condiciones, no es tarea sencilla para la gran burguesía mexicana convocar a la población a intervenir masivamente en la renovación de cargos de las clases dominantes. Buscando sumar espectadores a la función, el Instituto Electoral del estado de Querétaro lanzó una campaña, donde sostiene que aquellas personas que no votan, tampoco existen. “Está bien fácil, este 7 de junio, si no votas, no existes”. Ya en 2006 habían sostenido una campaña parecida: “Vota ahora o cállate 6 años”. La preocupación de las autoridades electorales tiene sustentos materiales. En medio de un clima de inestabilidad política y desconfianza creciente en las instituciones electorales, con una fuerte crisis de gobernabilidad en varios estados, numerosas organizaciones sociales están llevando adelante acciones contra la realización de las elecciones. Entre ellos se cuentan trabajadores de la educación, estudiantes normalistas, y organizaciones políticas de izquierda. Guerrero, Michoacán y Chiapas son los estados donde más acciones se vienen organizando. Una campaña permanente para retirar propaganda electoral de la vía pública, tomas de locales partidarios, ocupación de oficinas de gobierno y del Instituto Nacional Electoral, bloqueos en las rutas y puentes, se suceden como acciones de avanzada en el marco de una campaña que se propone efectivizar un boicot a las próximas elecciones. Este boicot está en sintonía con una serie de experiencias de auto-gobierno en varias localidades de estos estados, inclusive con organizaciones de auto-defensa popular. En estos lugares el gobierno pierde autoridad conforme avanza el hastío y la práctica de formas mucho más genuinamente democráticas y populares de gobierno que, aunque embrionarias, sirven de fermento para la maduración de un programa popular, antimperialista y revolucionario.
Si esta es la tónica en los estados y poblaciones más organizados en torno a desbaratar la trampa electoral, en otros sectores está abierto el debate sobre la posibilidad del voto nulo y la abstención electoral.
En México el estado de derecho y las libertades democráticas son cada vez más piezas de museo, y las elecciones sirven para oxigenar y darle un barniz de legitimidad a un régimen político abiertamente antipopular. Que importantes sectores del pueblo trabajador estén desconfiando del enemigo de clase, y organizándose para poner palos en la rueda de la maquinaria de legitimación de las minorías opresoras es, en principio, altamente saludable. Y este dato deberá ser tenido en cuenta por los revolucionarios mexicanos para definir la táctica del período. Allí donde sea posible imponer el boicot habrá que ir a fondo con esta orientación. Donde la correlación de fuerzas sea menos favorable, serán válidas las formas de voto nulo o abstención como acompañamiento de la misma táctica. Y en todos los casos la posición electoral necesita de su complemento con un fuerte impulso al establecimiento de asambleas populares que definan planes de lucha conjuntos para prepararse en dirección a confrontaciones mayores. Contraponer a la ilusión democrática que oferta el gobierno, una práctica de verdadera democracia popular como preparación para dar la lucha en un plano superior. Desbaratar la maniobra del enemigo es un momento de la lucha general por el poder, y allí los revolucionarios y sus organizaciones tienen una tarea de enormes dimensiones, en el llamado al conjunto de los trabajadores a tomar en sus manos la lucha por un México liberado y rumbo al socialismo.
En Latinoamérica la ruptura con los gobiernos más serviles al imperialismo ha sido más profunda cuanto mayor y más virulenta ha sido la intervención popular. Y si bien en todos los casos han sido diversos sectores de la propia burguesía los que han logrado timonear la crisis de poder generada, la irrupción de un proceso de lucha de masas como el que late en México operaría entre los pueblos de la región como un fuerte impulso para fortalecer la iniciativa antimperialista y de liberación nacional y social, con los trabajadores a la cabeza.
Leo Funes