Córdoba - Avanza la reforma de la educativa

Las reformas educativas en la Argentina han reflejado históricamente las necesidades de las clases dominantes de adaptar la educación a los requisitos de la acumulación de capital, atravesando regímenes políticos democráticos y dictaduras. Bajo las premisas de racionalización del gasto, eficiencia y adecuación a las demandas locales, desde mediados del siglo XX se impusieron políticas de descentralización, flexibilización del curriculum y regionalización, que fueron profundizadas en los ‘90 con Ley Federal y posteriormente encontraron cobija en la Ley de Educación Nacional del 2006. En su conjunto buscaron alinear la formación de fuerza de trabajo a los cambios que sufría la estructura económica y social y las crisis cíclicas del capitalismo dependiente argentino. El resultado fue la balcanización del sistema educativo, su degradación y la profundización de las desigualdades entre las provincias.

En los últimos veinte años, Córdoba ha implementado una serie de reformas apuntando a “mejorar los índices de alfabetización y los resultados educativos”. Pero distintos relevamientos oficiales arrojaron resultados paupérrimos, que entendemos, expresan una crisis en el sistema educativo producto de una profunda descomposición social. 

Estas reformas han sido impulsadas en un contexto de aumento de la pobreza y el desempleo sobre vastos sectores del pueblo que han visto deteriorada significativamente sus condiciones de vida, dando lugar a una supernumeraria “población sobrante” desde el punto de vista del capitalismo; marginados que en su mayoría asisten a escuelas periféricas, signadas por crecientes niveles de violencia y para los cuales no hay perspectivas reales de estabilidad laboral o de continuar sus estudios.  

En este escenario, la aplicación del Nuevo Régimen Académico que redefinió los criterios de evaluación y promoción, la organización escolar y las condiciones de ingreso, permanencia y egreso, pasando por la instrumentación de medidas de promoción automática durante la pandemia y el actual programa provincial “TransFORMAR@Cba”, tienen en común partir de un diagnóstico, que en lugar de identificar la crisis del sistema educativo con el agotamiento de las relaciones sociales de producción, apela a explicaciones individualistas o sostiene ilusiones culturalistas; como la del docente “potente” que implementa metodologías innovadoras o enseña el “oficio de estudiante” a pibes que “no leen en sus casas”. Ambos enfoques desvían la atención de las causas estructurales, invisibilizando las políticas de ajuste en educación, culpando a la docencia y ocultando el carácter de clase del problema. 

TransFORMAR@Cba es un programa del Ministerio de Educación que, según sus términos, apunta a una renovación curricular y pedagógica en todos los niveles y modalidades. Entre sus ejes rectores destacan la puesta en práctica de dispositivos de seguimiento de trayectorias escolares, la integración de saberes entre espacios curriculares y la planificación, seguimiento y evaluación inter-asignaturas para la promoción de “capacidades fundamentales”.  

Las 200 “escuelas precursoras” adoptaran dispositivos experimentales “innovadores” para reorganizar el curriculum, la enseñanza e inclusive la planta funcional. Constituyen la punta de lanza de una reforma que pretende extenderse a todas las escuelas en 2027. Entre sus características están la reestructuración curricular y pedagógica que comprende la fusión e integración de saberes de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales a través de la elaboración de proyectos en equipo. En segundo lugar, impone cambios en la organización laboral a través del trabajo colaborativo y cátedras compartidas, donde los docentes de cada asignatura deben juntarse y destinar tiempo a planificar, coordinar horas en conjunto y evaluar desempeños. Asimismo altera las plantas funcionales redistribuyendo horas y cambiando roles a los docentes.

Esta reforma se presenta como una innovación pedagógica y curricular orientada a modernizar el sistema y adaptar la escuela a las necesidades de las comunidades; sin embargo, su implementación evidencia modificaciones amplias que trascienden lo educativo, consolidando una reforma laboral encubierta y profundizando desigualdades.  

La reorganización curricular, prioriza una suerte de localismo, buscando vincular las “capacidades fundamentales” con las “necesidades comunitarias” a través de proyectos de desarrollo sostenible, emprendimientos, etc., generando una mayor fragmentación educativa, donde escuelas con mayores recursos logran adaptarse con propuestas sofisticadas, mientras otras quedan rezagadas a propuestas de economía circular o reciclaje. 

La modificación de los planes de estudio, con la inclusión de saberes “para el siglo XXI” redefine las prioridades educativas desplazando la centralidad y profundidad de los contenidos disciplinares que garantizan una formación universalista y crítica, sustituyéndolos por las “capacidades fundamentales” y “competencias para el empleo", definidas por poseer un carácter utilitarista que reduce la educación a las necesidades del mercado.

Las condiciones laborales docentes se ven severamente impactadas. La sobrecarga es abrumadora, incluyendo la aplicación de “metodologías innovadoras” y evaluación de “métricas”, el diseño de proyectos interdisciplinarios, coordinación de cátedras compartidas, participación en ferias científicas y variadas jornadas escolares. Estas tareas se suman a la jornada habitual en escuelas carentes de infraestructura y recursos adecuados, sin contemplar tiempos institucionales o reconocimiento del trabajo fuera de la escuela, incrementando la carga burocrática y desgastando el rol pedagógico.

A esto se agrega la inestabilidad laboral por la reconfiguración de las plantas funcionales, que abre la puerta a reubicación forzosas de horas, cambios de roles y funciones, en el caso de los titulares, mientras, docentes con situación de revista precaria (ej. suplencias) quedan por fuera de la reubicación.  

Organizarse para parar la reforma 

A pesar de presentarse bajo discursos de participación, innovación, inclusión y adaptación a las demandas del siglo XXI, la imposición de la reforma educativa cordobesa opera profundizando la degradación educativa y precarizando las condiciones de trabajo docentes.

La descentralización y flexibilización curricular, bajo la premisa de la "pertinencia local", transfieren responsabilidades a las instituciones escolares y sus docentes, sin garantizar recursos, profundizando la desigualdad en escuelas localizadas en contextos vulnerables, con infraestructura deficiente y planteles docentes sobrecargados.  

Esta fragmentación no es casual, responde a las exigencias de los organismos internacionales de crédito y a las necesidades de la acumulación capitalista para segmentar la fuerza de trabajo y contener a la futura “población sobrante”, formando estudiantes para nichos laborales de baja calificación y reservando una educación de calidad para franjas menores de la población.  

Además, la flexibilización de exigencias y las políticas de promoción automática y finalidad, disfrazadas de inclusión, encubren una degradación de la enseñanza donde los estudiantes pasan de año y terminan la escuela sin garantía de haber certificado aprendizajes, naturalizando la idea de que ciertos sectores merecen una educación de menor calidad.  

La modalidad segmentada y progresiva de imposición de estas reformas, promueve la fragmentación del colectivo docente. Se imponen como ejes centrales de la lucha: entender estas reformas como un ataque directo a la educación pública y las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo y organizarnos para torcerle el brazo al gobierno provincial.  

La discusión es pedagógica pero principalmente política. La superación de la crisis del sistema educativo no se trata de una querella entre los métodos más apropiados de enseñanza sino de la intervención de la docencia junto a la comunidad educativa y el resto de los trabajadores para cambiar las condiciones de vida y las condiciones materiales del sistema educativo.

Cándido López