¿Ley antimafia o ley contra la lucha?

Bajo la excusa de combatir al narcotráfico, con el cual suelen acordar, el gobierno avanza con una ley que saca derechos del pueblo y apunta especialmente contra las organizaciones de los trabajadores.

El gobierno de Milei no oculta que su mayor enemigo son los trabajadores y el pueblo. Trata de condicionar y golpear con todo lo que tiene para imponer su proyecto político que busca hacer el mayor daño posible en el menor tiempo.

Para eso lanzó una batería de leyes que dan poder a las fuerzas represivas, a su vez que criminaliza la protesta. Dentro de este paquete está la ley que habilita la baja de la punibilidad que quedó para el año próximo. Pero lo más grueso fue el 1° de octubre, cuando se votó en la cámara de diputados el proyecto de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado, también conocido como Ley Antimafias. El resultado fue aplastante a favor de la media sanción, con 137 votos afirmativos y 92 negativos, todos de UxP y el Fitu.

La ley tiene varios puntos poco claros, o por lo menos que dejan un gris muy grande para que intervenga el poder judicial, de la mano de las fuerzas represivas, sin dar garantías constitucionales. Por ejemplo, una vez que se determina que está operando una organización criminal, la autoridad judicial puede establecer, en un territorio y por tiempo prorrogable, una “Zona Sujeta a Investigación Especial”. Allí las fuerzas de seguridad tendrán la potestad de interceptar llamados telefónicos, mensajería de redes sociales o plataformas virtuales y, en áreas determinadas, realizar allanamientos a domicilios discrecionalmente. También podrán “detener a una persona hasta por 48 horas por una averiguación”, que pueden convertirse en 15 días “cuando la investigación sea compleja”. Aunque la práctica de la justicia implica necesariamente la interpretación de magistrados, existe una apertura a la discrecionalidad de lo que se puede entender como “provocación de temor”, “el control de un territorio”, la insuficiencia de las fuerzas de seguridad o la amenaza a un inmueble estatal. 

Ante estos avances que pueden hacer las fuerzas represivas sobre una determinada zona y un grupo que esté en ella, hay que ver cómo definen a una organización criminal. En principio, apuntan a agrupaciones de al menos tres personas que:

1. Incurran en los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos.

2. Tengan el objetivo de un “beneficio de una organización”; “el desplazamiento o aniquilación de otra”; “el amedrentamiento a la población en general o a ciertos sectores de la población”; y “la provocación de temor a las autoridades”. 

3. Cuando “resulte evidente que a través de la comisión de los tipos penales referidos se tiene por fin asegurar el control de un territorio”.

4. En el caso de que “los mecanismos establecidos para hacer cumplir la ley en una provincia, ciudad o área son notoriamente insuficientes para hacer cesar una cadena de hechos delictivos”.

5. Que “estuviere amenazada por las acciones de miembros de una o más organizaciones con objetivos similares, la propiedad inmueble del Estado nacional o el personal que presta funciones en ella”.

Los puntos 2, 4 y 5 plantean un nivel de generalidad tal que tranquilamente podrían ser aplicados a organizaciones sociales, estudiantiles o sindicatos. En las distintas luchas que se dan por ganar derechos o por no perderlos, se llevan adelante medidas de lucha que podrían encuadrar en la descripción del proyecto. Con esta ley sería muy fácil golpear a estas organizaciones como si fueran criminales, anudando a las luchas con la categoría de “narcoterrorista” que buscan construir para sacar cualquier tipo de humanidad a determinado grupo. De esta forma también le sacan para la opinión pública cualquier tipo de derecho civil.

Siguiendo con los puntos grises de la ley se presenta otro interrogante: cómo se prueba que una persona forma parte de una organización criminal. La imprecisión de la redacción de la ley en este punto provocó una improvisación de Carlos Manfroni, Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, que al ser consultado en el Senado respondió: “Puede determinarse cuando realiza actos propios de lo que estipula la ley o cuando se han comprobado vínculos con personas que realicen estos actos”. 

Según la Real Academia Española, un “vínculo” es la “Unión o atadura de una persona o cosa con otra”. ¿Lo que ata (familiaridad, amistad, cercanía barrial) convierte a alguien en partícipe de una organización criminal? A la duda no le correspondería más que un debate lingüístico, si no fuera que se establecen penas de prisión de entre 8 y 20 años al que se considere miembro de una mafia. Pero aún hay más: cualquier integrante de estas asociaciones, sin importar grado de participación, en todos los casos “será reprimido con la pena que correspondiera al delito más grave cometido por la organización”. La colectivización de las condenas implicaría que una persona que incurrió en un delito menor, se lleve la pena del delito mayor que haya realizado alguno de los miembros de la organización.

Se podrán incautar mercaderías y bienes de las personas que se presumen culpables antes de que la investigación penal avance. Si se absuelve a una persona sospechosa, criterio presumiblemente amplio en una “Zona Sujeta a Investigación Especial”, se restituirán los bienes o el valor monetario de ellos sin resarcimiento alguno. Recordemos que en los años más oscuros de la dictadura, este era el procedimiento de los milicos que no solo desaparecía compañeros sino que se quedaba con sus cosas, viviendas, pertenencias, etc.

Nos encontramos ante una ley que no casualmente deja tantos grises. El peor enemigo de este gobierno no son los narcos, sino que son los trabajadores, los sindicatos, las organizaciones sociales y el pueblo que resiste al ajuste. La ley de momento está en la agenda para ser tratada en las sesiones extraordinarias -si las hubiera- del Senado. No es la única ley a tratar y nuevamente buscará ser tapada por otras que tienen otra relevancia política o mediática, como el presupuesto o “ficha limpia”. 

Hay que posicionar a todo el pueblo en contra de esta ley para tumbarla, no es una ley que busque dar más seguridad, sino que va a avanzar sobre los derechos que tenemos para poder luchar y organizarnos.

 Alexander Kan