Jubilados: NO al veto

El término “jubilación” proviene del latín
iubilatio (goce o alegría inexplicables) y hace referencia al alivio y el
disfrute de las personas tras ser liberadas de la carga del trabajo. Sin
embargo, en nuestro país la llamada “edad dorada” no se caracteriza por el
bienestar, la plenitud o el descanso, sino por la miseria y el sufrimiento que
le han provocado los sucesivos ajustes en el haber jubilatorio. El último de
ellos fue producto del veto de Javier Milei a la fórmula de actualización
aprobada por el Congreso.

Batalla de fórmulas

El 5 de junio la Cámara de Diputados -con el
quórum de las distintas bancadas opositoras- dio media sanción al proyecto de
Ley 27.756 para modificar la fórmula de actualización que determina los haberes
de más de 7 millones de personas (jubilados y pensionados) y, el 22 de agosto,
el Senado aprobó el proyecto girado por Diputados.

La nueva norma estaba destinada a reemplazar
-por su carácter de Ley- al DNU 274/2024 de marzo con el cual Javier Milei
modificó la fórmula de cálculo de los haberes. En ese momento, comenzaron a
actualizarse mensualmente únicamente por inflación, sin combinarse con otros
índices (como el RIPTE, un índice salarial). Ese cambio implicó para los
jubilados una pérdida en el primer trimestre del año -por la inercia
inflacionaria- y la imposibilidad de recuperar poder adquisitivo a futuro, en
caso de que los salarios le ganen a la inflación.

La iniciativa de la oposición establecía un
incremento adicional del 8% para enero 2024 para complementar el aumento del
12% otorgado por el gobierno nacional (Decreto 274/24), ya que la inflación del
mes había sido del 20%. Trasladando el aumento a los haberes de abril en
adelante, supone un adicional del 7,2% mensual.

En segundo lugar, se actualizaba la fórmula
para calcular los haberes. Por un lado, proponiendo que el monto de la
jubilación mínima surja de multiplicar el costo de la Canasta Básica Total por
un coeficiente de 1,09 y, por otro, si los aumentos salariales promedio (RIPTE)
fueran superiores a la inflación (IPC) en un año, otorgando como aumento
jubilatorio un 50% de la diferencia entre uno y otro índice. El impacto de la
medida hubiera permitido revertir el actual sendero de caída de la jubilación
mínima (que cerraría el año con un -4% respecto a 2023) y terminar el 2024 con
un incremento en términos reales del 2% (Cenital, 3/9).

La jugada parlamentaria de la oposición tiene
un costo fiscal, lo que obligó a Milei a cumplir su promesa anticipada de vetar
la ley en forma completa (mediante el Decreto 782/24) bajo el pretexto del
saneamiento de las cuentas del Estado. Con ello, la administración libertaria
reconoce tácitamente que el superávit fiscal que supimos conseguir es
consecuencia de la licuación de los haberes jubilatorios, entre otros recortes:
entre enero y julio, el 27% del superávit se debe al ajuste previsional (CEPA).

Tras el mantra del “equilibrio fiscal” se
esconde la prioridad del gobierno: evitar la emisión monetaria y continuar el
sendero de desinflación -su principal activo político- incluso al costo de
profundizar la recesión económica y provocar una crisis de desempleo. No
obstante, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) afirmó que el aumento
supone un gasto extra del 0,45% del PBI para 2024 (Chequeado, 2/9) y la
consultora Equilibra estableció el guarismo en 0,3%: una masa de dinero similar
a la que deja de recaudar el Estado con la disminución del Impuesto PAIS
(Cenital, 3/9) o la baja de Bienes Personales (InfoBae, 29/8), ambas
iniciativas de Milei y Luis Caputo. Esto demuestra que el perjuicio causado a
los jubilados podría evitarse manteniendo vigentes los tributos a las
importaciones/exportaciones y a los sectores más ricos de la sociedad: en
definitiva, que la desinflación suponga un costo para los sectores populares y
no para los empresarios es una decisión consciente y explícita del gobierno.

Más allá de la rosca, el fundamento del
proyecto aprobado y vetado obedece a una realidad muy conocida por jubilados y
pensionados: la caída del poder adquisitivo de los haberes, que durante 2024
perdieron un 18,5% respecto a los mismos meses de 2023, tomando el caso de la
jubilación mínima, y del 29% para el conjunto de los haberes (Clarín, 23/8). Si
bien en el segundo trimestre de 2024 (abril-junio) hubo una recuperación
gracias a los aumentos correspondientes a la inflación del primer trimestre
(enero-marzo), en septiembre-noviembre los haberes mínimos con bono incluido
continúan un 13,6% debajo respecto al mismo período de 2023 (CEPA, 3/9). Y, más
allá de los porcentajes, con los $304.000 que cobrará un jubilado de la mínima
en septiembre (bono incluido) apenas se pueden pagar las cuentas y comprar
alimentos. Para colmo, el PAMI disminuyó el financiamiento gratuito de 44
remedios básicos, por los cuales sus afiliados deberán pagar ahora un 40 o 50%
de su valor de mercado, a sabiendas que se trata de uno de los gastos más
importantes de la población adulta-mayor.

Vale destacar que el cambio de fórmula
propuesto por la oposición no está exento de oportunismo político. La bancada
del PRO dio quórum y aprobó el proyecto con el objetivo de enviar un mensaje a
Javier Milei, quien por ahora rechaza un pacto político con Mauricio Macri para
permitir el ingreso del PRO a las estructuras de gobierno (ministerios,
empresas públicas, etc) y establecer las bases para una alianza electoral hacia
las legislativas de 2025. Tan falsa fue la conducta del PRO que Macri terminó
apoyando el veto de Milei y criticando a sus propios senadores, en una movida
claramente premeditada. Además, durante el gobierno de Macri las jubilaciones
cayeron casi un 20% (Chequeado, 27/5). Por su parte, el peronismo -en sus
múltiples expresiones- carga sobre sus hombros con el veto de Cristina Kirchner
al 82% móvil (2010) y con la caída del 8% de la mínima y un 39% del resto de los
haberes en el período 2019 - 2023, bajo la conducción de Alberto Fernández.

El bolsillo siempre vacío

Meterle la mano al bolsillo de los jubilados
es una práctica usual de la política argentina. En las últimas décadas, el
sistema previsional atravesó numerosas reformas regresivas (1966, 1980) que,
con el argumento de resolver problemas financieros o de liquidez en el corto
plazo, golpearon el poder adquisitivo de los haberes, el carácter
redistributivo del sistema y los criterios y mecanismos de acceso a la
jubilación (Di Cano, 2016).

Por caso, la dictadura militar en 1980 eliminó
los aportes patronales que realizaban las empresas en su condición de
empleadoras, reemplazándolos por recursos provenientes de la recaudación del
IVA, un tributo al consumo que recae mayormente sobre la clase trabajadora,
incluso los informales que no tendrían ni jubilación.

A ello se sumaron factores estructurales como
la tendencia creciente a la informalidad laboral (trabajo en negro, sin
aportes), el envejecimiento poblacional y la persistente evasión impositiva,
que terminaron por perjudicar la estabilidad y sustentabilidad del sistema
previsional, volviéndolo cada vez más dependiente de las transferencias no
contributivas del fisco.

En los años ´80, con el retorno de la democracia,
el sistema previsional incorporó algunos aspectos progresivos (como los aportes
patronales) pero el desequilibrio heredado terminó de provocar una crisis
financiera y la caída de los haberes. El deterioro de la credibilidad del
sistema de reparto solidario permitió legitimar una reforma neoliberal (1994)
que abrió paso al sistema de capitalización individual gestionado por las
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que recaudaban
las contribuciones de los aportantes, se guardaban grandes comisiones,
simulaban grandes costos operativos y administrativos, hacían inversiones
financieras y se llevaban enormes ganancias.

El régimen de los ´90 supuso un deterioro de
la recaudación previsional del Estado, una disminución en la cobertura
(cantidad de afiliados totales) y por ende un tendal de personas sin
jubilación, el estancamiento del poder adquisitivo de los haberes en un nivel
10% inferior a la década anterior (1980) y un negocio extraordinario para las
AFJP y el sistema bancario. Conforme transcurrió la década neoliberal, la
desocupación y el trabajo en negro debilitaron la sustentabilidad del sistema
en su conjunto: para 2001 el régimen estatal dispuso un recorte del 13% en las
jubilaciones y las privadas disminuyeron por la caída de las inversiones
financieras de las AFJP, mientras que el poder adquisitivo de ambas fue
afectado por la devaluación del 2002 y el incremento de los precios.

En 2008, la estatización de las AFJP implicó
la eliminación del sistema de capitalización, el traspaso de sus fondos hacia
el Estado (ANSES) y el retorno del régimen solidario. La recuperación del poder
adquisitivo del salario y el empleo registrado post crisis del 2002, la
ampliación de la cobertura vía moratorias, la fórmula de movilidad en 2008 y la
obtención de resultados financieros con las inversiones de la ANSES mejoraron
el resultado del sistema previsional en el ciclo 2002 - 2013. Como
contrapartida, la evolución de la inflación, el estancamiento económico desde
2012, el “techo” impuesto por la recaudación fiscal en la fórmula de
actualización, el uso de los fondos de ANSES para el financiamiento del Tesoro
(vía bonos), el veto al 82% móvil y el achatamiento de la pirámide (hoy el 50%
de los jubilados cobra la mínima) contrastan con las mejoras del período.

A partir de 2015, con Macri, comenzó una caída
sostenida del poder adquisitivo de los haberes jubilatorios y un vaciamiento
del Fondo General de Sustentabilidad de la ANSES. Esta caída continuó bajo la
administración de Alberto Fernández, ni siquiera disimulada por los bonos
otorgados en forma discrecional. Y en los peores meses de la administración de
Javier Milei, la jubilación mínima ha tocado los valores del 2003/4, apenas por
encima de su piso histórico del 2002.

Por el cuadro descrito, el movimiento de
jubilados y jubiladas tomó vigor en las últimas semanas, con el acompañamiento
de organizaciones de izquierda, sindicatos y activistas. Bajo la consigna “No
al veto”, concentra todos los miércoles desde hace décadas frente al Congreso
de la Nación y, tras el veto, cortaron la calle y movilizaron hacia la Casa
Rosada marcando los blancos de la lucha por una jubilación digna. En
particular, la jornada del miércoles 4/9 estuvo marcada por una represión
policial indignante que fue festejada por la ministra de Seguridad, Patricia
Bullrich, quien llamó a los jubilados “los violentos de siempre”.

Sin importar las bravuconadas de Milei, Caputo
y Bullrich, los jubilados seguirán peleando por su derecho a una vida digna. Y
allí estaremos todas las organizaciones que confiamos en la movilización
callejera como el mejor escenario para enfrentar el ajuste libertario.

David Paz