El escenario económico y el plan del gobierno - Complicado y aturdido

La previsión original de leve crecimiento en torno al 2%, sequía mediante, dio paso a un escenario de recesión entre -2 o -3% y de caída de reservas para 2023. El FMI flexibiliza una meta (reservas) pero endurece otras, mientras la inflación perfora récords. La quiebra de varios bancos anuncia un posible caos financiero mundial. El gobierno despeja vencimientos de deuda en pesos, pero a un elevado costo. Diferencias en el FdT respecto al acuerdo con el Fondo. ¿Qué nos espera a los sectores populares con este combo?

Desde septiembre de 2022 Argentina vive una sequía, acompañada de altas temperaturas y numerosas olas de calor durante el verano y una helada inesperada, todo lo cual produjo la destrucción de cultivos de exportación (soja, trigo, maíz y sus derivados agroindustriales) por unas 50 millones de toneladas, un valor aproximado de U$S 14.000 millones (15 a 20% de las exportaciones anuales) y un impacto en la actividad económica del -3% del PBI, además del golpe a las arcas públicas por la disminución de las retenciones y otros impuestos (-U$S 6.000 millones), según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario. El menor ingreso de divisas al circuito económico local será un empujón a la devaluación del peso, la escasa oferta de granos seguramente provocará un aumento de su precio local (sumando puntos a la inflación), la baja en la recaudación fiscal pondrá dificultades al cumplimiento de la meta impuesta por el FMI (déficit del 1,9% del PBI en 2023), la disminución de las reservas del BCRA impactará en la financiación de las importaciones (afectando la actividad industrial); todo ello hará que la “recuperación” económica del 2022 se revierta para 2023 con una caída de la actividad económica y -consecuentemente- de los niveles de empleo. Tal es así que el gobierno modificó sus estimaciones: de un crecimiento del +2% del PBI pasamos a una recesión del -2 o -3% para 2023, según cálculos no oficiales (Página12, 11/3). 

El retroceso económico tiene un impacto mayor si consideramos que aquella “recuperación” de 2021 y 2022 no estuvo acompañada de una redistribución de la riqueza en favor del sector trabajador (para compensar la pérdida salarial del macrismo y la pandemia), sino de su concentración en manos del gran capital: así lo atestiguan la caída del salario real de 2022 y los porcentajes de participación de salarios y ganancias en el producto económico. En otras palabras, los padecimientos de los sectores populares (pobreza, bajos salarios, desocupación) venían dándose en un contexto de “buen momento económico”, con lo cual es esperable que aquellos se profundicen, dadas las nuevas estimaciones para 2023. 

En ese camino, dada la sequía Massa y el FMI acordaron una reducción de U$S 2.000 millones en la meta de acumulación de reservas, que será aprobada por el organismo en los próximos días. A cambio, el Fondo exige claridad respecto al sendero de ajuste que recorrerá el gobierno en función del nuevo escenario macroeconómico: sugiere “acciones más sólidas” en torno al recorte fiscal (recortar subsidios de energía, planes sociales e inversión pública), desaconseja medidas como el dólar soja, la recompra de bonos en dólares con reservas y la moratoria previsional, pues suponen intervenciones estatales en el mercado y/o gastos fiscales extras, y pide “racionalizar” la política cambiaria, un guiño en favor de una devaluación brusca. Tampoco nos perdonó el cobro de las sobretasas que imponen a los países más endeudados (que representan entre U$S 8.000 y U$S 10.000 millones adicionales), ignorando que fue el propio FMI quien sobreendeudó a la Argentina. El cuento del “FMI bueno” que nos vendió el FdT era eso: un cuento. Cristina Kirchner anticipa por dónde viene el descalabro y vuelve a criticar el acuerdo, proponiendo una renegociación, como si no hubieran apoyado y sostenido toda la política económica del gobierno, primero de Guzmán y luego de Massa. Más que retocar las metas o renegociar, lo que hay que hacer es anular el acuerdo con el FMI y suspender su pago, según lo que se desprende de todas las investigaciones sobre aquella deuda: que es ilegítima, fraudulenta y una estafa contra el pueblo argentino.

Hay un capítulo especial en torno al endeudamiento externo, vinculado a los intereses de las potencias acreedoras. Las declaraciones de la Jefa del Comando Sur del Ejército de EEUU, Laura Richardson, en enero pasado son ilustrativas: en un evento del Atlantic Council afirmó que América Latina es importante por sus recursos naturales y minerales, especialmente agua, litio y petróleo, sobre los cuales EEUU debe “comenzar su juego”. Para EEUU, tener a un país endeudado con el FMI es muy útil para asegurarse la provisión de ciertos recursos clave en el futuro e impedir que China ponga sus manos en ellos. Lo peor: Macri aseguró por decreto (29/2017 y 231/2017) que los recursos naturales sean garantías de la deuda externa. En ese sentido, la deuda funciona como un mecanismo de sujeción: las decisiones políticas y económicas de la Argentina son tomadas de acuerdo a las posibles reacciones del FMI y los grandes bancos y fondos de inversión, en lo que constituye una pérdida absoluta de soberanía.

La deuda en pesos en el mercado local también tuvo novedades. La incertidumbre respecto a lo que sucederá con la política económica en 2024 generaba reticencia en los inversores financieros locales (fundamentalmente bancos) a renovar los títulos que vencen en 2023, lo cual ampliaba la posibilidad de que optaran por cobrarlos (cuando no hay con qué pagarles) para luego volcarse al dólar, lo que aumentaría la devaluación del peso en los mercados paralelos y dejaría al gobierno sin financiación para terminar el año. La “solución” fue garantizar a los bancos el valor y el rendimiento de los nuevos bonos mediante un seguro de liquidez (llamado put) por medio del cual el gobierno se compromete a recomprar esos bonos en caso de devaluaciones bruscas o saltos inflacionarios. Básicamente, el gobierno que recorta planes sociales y pisa salarios decide disponer de los fondos públicos para proteger al sector más rico y poderoso de la sociedad, mientras el resto de la población queda desamparada. 

Mientras tanto, la inflación sigue su curso. El guarismo de febrero (+6,6%) enterró el plan de Massa de bajar la inflación y llegar a un 3% en abril. El programa Precios Justos fracasó en ese propósito, en parte por los trucos empresariales para eludir el acuerdo y por las remarcaciones directas de precios (para colmo, las empresas recibieron acceso al dólar oficial a cambio de su participación en el programa), en parte porque es simplemente un acuerdo de precios que no ataca las raíces estructurales del fenómeno. La deuda del BCRA por leliq y pases diarios asciende a $12 billones (el doble de la base monetaria) y sus intereses son el principal factor de la expansión monetaria; y una suba de tasas incrementa casi automáticamente esa deuda. En definitiva, la inflación de los últimos 12 meses fue del 102%, todo un récord, y se siente fundamentalmente en insumos vinculados al consumo popular, como alimentos y bebidas. A la inversa, hay actores económicos que se beneficiaron con ella: las grandes empresas y monopolios de la agroindustria y la agroexportación lograron un incremento de los precios relativos de sus productos del orden del 21% y una retracción de los salarios de -13% (según CIFRA CTA-T). En la inflación se disimula una disputa por la distribución de la riqueza, donde ganaron los grandes capitalistas y perdieron los trabajadores. Es un fracaso del mandato del FdT y un asunto que el gobierno, la burocracia sindical, la oposición y los empresarios no quieren ni dar ni resolver.

Además, con esos porcentajes de inflación, las tasas de interés de las leliq pronto quedarán en negativo y tendrán que ser elevadas, pues deben ser positivas según el acuerdo con el FMI, y así lo hizo saber el organismo en su último comunicado. No obstante, una suba de tasas tendría un impacto negativo en la actividad económica, profundizando la recesión prevista pero sin otorgar garantías respecto a la disminución de la inflación; así sucedió durante el gobierno de Macri, cuando hubo estancamiento e inflación. Y la cuestión también es política: la inflación es -por ahora- el síntoma más palpable de la crisis económica y el FdT (y Massa en particular) se juega en ella su legitimidad para continuar siendo gobierno en 2023-2027. 

Por otra parte, el panorama mundial no ofrece buenos augurios, pues el sistema financiero enfrenta el peligro de nuevas burbujas de especulación. Una década de bajas tasas de interés y abundante liquidez (“dinero barato”), dada la emisión monetaria destinada a los rescates bancarios (2008) y a las inyecciones de dinero en las bolsas durante la pandemia (2020), generó un sobreendeudamiento de bancos, empresas, estados y familias y la formación de grandes magnitudes de capital ficticio, con expectativas de valorización futura pero sin correlato con la economía real, es decir, con la producción. Básicamente, una estantería que tambalea. Ahora, la quiebra del Silicon Valley Bank y el Signature Bank (EEUU) y el destino incierto de otras entidades (First Bank, Credit Suisse, etc.) provocaron cimbronazos en las bolsas y cotizaciones de todo el mundo (efecto dominó). La interconexión del sistema financiero y la similitud de los modelos de negocios en el sector bancario-financiero aumentan las posibilidades de que la situación se contagie y devenga en un crack, donde la quiebra financiera de las empresas impactaría en la producción de bienes y servicios, el comercio internacional y el empleo. La contención del fenómeno vía rescates estatales a la banca privada implicaría una enorme transferencia de fondos públicos y un guiño a los bancos para continuar con inversiones riesgosas y otras aventuras, pues tienen la garantía de que serán rescatados por el Estado. En definitiva, el escenario está abierto pero ninguna salida es buena noticia para el país: el pánico financiero empuja a los capitales a irse de los países dependientes hacia los países centrales, y una disminución del ritmo económico mundial implicaría menos demanda de los commodities exportables. 

Está visto, el escenario económico no es prometedor para los sectores populares, que vivimos de nuestro trabajo y de ingresos fijos y en pesos. No tenemos futuro con una economía en manos de monopolios, banqueros y multinacionales, tutelada por el FMI y conducida por un gobierno amistoso con el gran capital. La única posibilidad para las grandes mayorías está en una rebelión popular que rompa con el imperialismo, defienda la soberanía nacional e instaure una verdadera democracia, para aplicar un programa económico que garantice un inmediato bienestar popular (salarios, jubilaciones, empleo) a partir de la anulación de la deuda y la estatización de los principales recursos naturales, el comercio exterior y el sistema bancario. La tarea de la hora es construir un frente político y social en torno a este programa, para generar las condiciones concretas de su aplicación.

David Paz