Por un frente antimonopólico y antiimperialista

El problema de los números

El gobierno nacional cerró el 2022 asegurando que la inflación estaba cediendo y que en este año tendería a la baja; el mismo Massa se animó a proyectar una inflación mensual de 3% para abril. Pero la cosa se empiojó en el primer mes del año. La CABA publicó un índice propio de 7%, y las consultoras prevén un 6% a nivel nacional. Febrero es el mes de las compras escolares, con un alza general de todos los precios del rubro. A la suba del transporte público en el AMBA le va a seguir la continuidad de los tarifazos en servicios públicos. Según la ley vigente, los alquileres aumentan un 85%, dejando a muchísimas familias en una situación insostenible.

La proyección oficial de una inflación anual de 60% no solo pretende instalar cierto optimismo -que por cierto, va a ser desmentido con rapidez por los hechos-; también busca limitar las luchas por salario de los trabajadores, como lo admitió la misma ministra Kelly Olmos el mes pasado, con el insólito argumento de “contener la nominalidad de la inflación”. Se trata de un techo que pulveriza aún más los sueldos, castigando especialmente a quienes trabajan en negro y están por fuera de las paritarias. El gobierno saca a relucir que, según sus cifras, hace 23 meses que crece el empleo formal. La mala noticia es que, confrontando salarios con precios, hoy un trabajador no puede mantener a su familia con un ingreso. Mientras tanto, la jubilación mínima sigue en números de indigencia -con bono de refuerzo y todo- y se recortan planes sociales. 

Al mismo tiempo, el Banco Mundial calculó el crecimiento de la economía argentina en un 15,6% del PBI entre 2021 y 2022. De ello se jacta Alberto Fernández cada vez que habla. Sin embargo, el crecimiento no le llega al pueblo trabajador. Los ganadores del modelo están en otro lado: son los monopolios, las multinacionales y la banca.

El ajuste y el ataque a las condiciones de vida del pueblo es imprescindible para cumplir con las metas impuestas por el FMI. Pero ni con eso alcanza. Con una caradurez digna de quienes encabezan el espacio, desde Juntos por el Cambio también analizan los números, para plantear que el gobierno se está endeudando en pesos de manera exorbitante, y advirtiendo que de llegar al gobierno no aseguran que se vayan a hacer cargo del fardo. ¿A qué responde la declaración de la Mesa Nacional de JxC? Quizás sea la apuesta por un caos financiero que aliente un clima de reformas leoninas en lo laboral y lo previsional. Se trata de un escenario posible. Como también es posible que la crisis tome un rumbo inverso a partir del protagonismo popular, como en diciembre de 2001. Veinte años no es nada, dice el tango.

La novela de las candidaturas

Las preocupaciones centrales del Frente de Todos no pasan por darle solución a esta realidad, de la cual ellos son los responsables principales. El oficialismo está concentrado en acordar sus candidaturas para este año. Para ello, primero debe evitar que la coalición estalle por los aires; pero la posibilidad de perder sus lugares de poder es el unificador más eficaz. Tienen que aprovechar, además, el caos que impera en JxC, sumido en sus luchas internas.

A estos efectos, Alberto Fernández realizó una convocatoria para definir “reglas”, en el marco de la centralidad que asumió Massa en el gobierno y del desplante con Wado de Pedro por la no invitación a Cristina cuando la visita de Lula en enero. La respuesta del kirchnerismo a la invitación de Alberto fue aceptada, pero sin enviar representantes de primer nivel -ni Cristina ni Máximo- y reclamando que en dicha mesa también se discuta el “rumbo oficial”: es decir, siguen con eso de jugar a ser oposición dentro del oficialismo. Mientras tanto, luego del fallo judicial por la causa vialidad, Cristina se presenta en público denunciando la “proscripción”. Si bien es cierto que el fallo tiene un sesgo político inocultable, al no estar firme la sentencia la vicepresidenta podría ser candidata. Si los K están convencidos de que, como reza su última campaña de afiches, “Cristina es esperanza”, seguramente enfrentarán sin rodeos la maniobra política. O quizás sea una forma elegante de retirarse. La novela está en desarrollo.

Pero mientras tanto la realidad popular es otra. El peronismo en gran medida continuador del macrismo dio lugar a un amplio proceso de deliberación en torno a las tareas ligadas con la soberanía. Además de la lucha reivindicativa, hay en el seno del pueblo un programa espontáneo que pone como blanco a los monopolios y al imperialismo, ejes que están presentes en las peleas contra la deuda externa, por el control nacional del río Paraná y sus puertos, contra la usurpación del magnate inglés Lewis en nuestra Patagonia, contra el extractivismo y la destrucción del medio ambiente. Esta es la base para trabajar por nuestro programa de cuatro puntos: suspensión de los pagos e investigación de la deuda con el FMI, nacionalización de la banca, del comercio exterior y de los recursos estratégicos. Además de la propaganda y del trabajo político sobre la importancia de estos temas, hay que avanzar en darle forma orgánica a la fuerza que exprese la lucha por imponer este programa. Esfuerzo que desde nuestro partido venimos sosteniendo con la convocatoria del Entyp o más recientemente con la realización del Encuentro Soberano, a la par del sostenimiento de otros importantes espacios de confluencia patriótica, popular, antiimperialista y antinomopólica como la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, o el Foro por la Soberanía.

¿Qué democracia?

Al mismo tiempo, el oficialismo avanza en su pelea con la Corte Suprema. Se vale para la instalación del tema de la alevosía con la que jueces y fiscales operan políticamente, junto a referentes de la oposición y del gran empresariado. El último movimiento fue la aprobación en la comisión de diputados de la admisibilidad del proceso para destituir a los jueces. Es decir, avanza la posibilidad del juicio político. De paso, se anotó un poroto dividiendo a JxC, ya que la Coalición Cívica está de acuerdo en procesar al presidente de la Corte Lorenzetti. 

Según detallan las crónicas, el debate fue una competencia por ver qué espacio está más compenetrado con la defensa de la democracia. JxC argumentó que el proyecto es un “alzamiento del presidente… un acto abiertamente destituyente que altera el orden democrático”. El oficialismo respondió que los supremos “han llegado a un límite… se quieren apropiar de la democracia”. 

La hipocresía con la que defienden la democracia está atada a otra hipocresía mayor: la de la supuesta independencia del poder judicial. Desde la conformación del Estado que la Justicia está poblada de operadores políticos, algunos orgánicos, otros aventureros que se acomodan a lo que dicte el momento. Pero sobre todo, la institución judicial representa la opresión legal sobre las clases populares. A este respecto, es sugerente que, entre todos los argumentos que utiliza el gobierno para cuestionar a la Justicia -inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura, fallo de coparticipación que benefició a la CABA, 2x1 a genocidas, chats entre fiscales y opositores- no se mencionen hechos gravísimos como el encarcelamiento de luchadores populares, algunos incluso condenados sin que se haya probado el delito imputado. El presidente se indignó por la sentencia contra Cristina Kirchner en la causa vialidad, que por cierto fue escandalosa. No dijo lo mismo en ocasión de los juicios contra Daniel Ruiz, César Arakaki y Sebastián Romero, los imputados tras la gran pelea de 2017 contra el macrismo. Ni que hablar de los sectores más empobrecidos, entre quienes los condenados sin prueba se cuentan de a miles. Si hay condenados de primera y de segunda, entonces no hay igualdad ante la ley, cosa que ya sabíamos.

El gobierno no busca una reforma estructural de la Justicia. Es posible que ni siquiera le dé la nafta para remover a la Corte. Sí va a tratar de limitar su influencia y parar la catarata de investigaciones contra integrantes de sus filas. En la medida en que se va haciendo más claro para un sector amplio del pueblo el carácter reaccionario de esta Justicia, debemos ser rigurosos en plantear que esto no se resuelve con reformas administrativas ni con cambios de nombres. La verdadera justicia solo va a venir de la mano de la verdadera democracia. 

Luchar por una democracia popular

En octubre se van a cumplir 40 de gobiernos constitucionales ininterrumpidos, tras el largo período caracterizado por los recurrentes golpes de Estado. El gobierno y toda la oposición de los de arriba celebrarán los “40 años de democracia”. 

Dadas las inmensas reservas democráticas y antigolpistas que anidan en nuestro pueblo, el eje tendrá un calado que no debe ser subestimado. Ante ello, los revolucionarios debatiremos abiertamente que esta no es la democracia por la que luchamos, por la que desaparecieron los 30.000, ni la que expresó embrionariamente el pueblo en 2001 cuando gritó “que se vayan todos”. La defensa de las libertades democráticas no esconde que tras 40 años aumentaron la pobreza y la concentración de la riqueza. 

El régimen actual es una falsa democracia, fachada constitucional para que ejerzan un poder sin límites los grandes grupos económicos. A ello le contraponemos una democracia verdadera, de nuevo tipo, que germina en las luchas del pueblo trabajador y en las demostraciones de masas como la gran jornada nacional piquetera del martes 6. Que se va a imponer con la expropiación de los monopolios y la ruptura de las ataduras imperialistas. Para instalar esa democracia y la verdadera soberanía nacional, las organizaciones de los trabajadores y el pueblo necesitan de su propio proyecto de poder, un proyecto revolucionario, por la liberación nacional camino al socialismo. En esa línea, la heroica insurrección del pueblo peruano nos marca un rumbo a seguir.

Agustín Damaso