Jujuy - Reforma reaccionaria para respaldar el ajuste

“Queremos una Constitución moderna que garantice paz, orden, progreso y nuevos derechos”. Con estas palabras anunciaba el gobernador Gerardo Morales la presentación de su proyecto de reforma de la Constitución provincial, que terminó ingresando el martes 13 en la Legislatura para iniciar su tratamiento. 

La pretensión del gobernador es viabilizar la Constituyente antes de fin de año, para terciar con iniciativa propia en la interna de Juntos por el Cambio. Morales ya anticipó su anhelo de ser candidato a presidente en 2023, en virtud de lo cual excluyó del texto la habilitación explícita para un tercer mandato, aunque la posibilidad de los retoques e interpretaciones -en caso de que la carrera presidencial se vea frustrada- no se puede descartar, menos aún con una justicia provincial plenamente adicta al ejecutivo. 

Pero mas allá de las especulaciones reeleccionistas, lo que se pretende es cristalizar en la Carta Magna un modelo de provincia que perpetúe la desigualdad social, la pobreza, la precariedad laboral y los salarios de hambre, la entrega y el saqueo de los recursos naturales y estratégicos, junto con la persecución judicial y la represión policial como reaseguros de aquellas “garantías constitucionales”. Esto es la “institucionalización de la paz social” que promueve Morales. 

El proyecto presentado a la Legislatura sostiene explícitamente: “Prohibición de cortes de ruta. Reforzar la prohibición de usurpaciones de espacios públicos y de la propiedad privada. Habilitar la ejecución directa para el cobro de multas por contravenciones que afecten la paz social.” En un contexto donde el derecho al trabajo, a un salario digno, y el acceso a la tierra y la vivienda están vedados de facto, esta reforma implica darle rango constitucional a la prohibición de luchar por ejercer esos derechos. Un verdadero manual de instrucciones para gobernar en tiempos de ajuste y de protesta social creciente. La promoción de la “paz social” en boca de quien gobierna ajustando al pueblo es una provocación reaccionaria.

Buscando hacer digerible este engendro para el paladar progresista, el proyecto incluye eufemismos tales como: “Nuevos derechos ambientales: Deber del Estado y de la sociedad de combatir el Cambio Climático y promoción de las energías renovables.” Cabe aclarar que mientras el gobierno hacía buches de ambientalismo, ardían 7000 hectáreas de monte nativo en la provincia, sin que se destine un solo recurso extra a los bomberos voluntarios. En el mismo rango de hipocresía, el proyecto sostiene: “Más derechos para las mujeres y nuevo enfoque para la igualdad de género. Derecho a la diversidad.” Es agraviante esta pose cuando Jujuy encabeza las estadísticas nacionales de femicidios, y la inversión presupuestaria en el área es ridícula.

El compromiso con la aplicación de un plan de ajuste a la medida de las exigencias del FMI a ambos lados de “la grieta” ya no sorprende a nadie, aunque tiene sus matices. La reforma que promueve Morales busca asumir con mano dura el tratamiento del descontento social que es ineludible, tomando como ejemplo su propia gestión que lleva siete años administrando con el código penal en la mano. La pelota queda picando del lado de la clase obrera y el pueblo. Es tiempo de aglutinar a las organizaciones obreras, piqueteras, al movimiento de mujeres, a las organizaciones de DDHH y de defensa de las libertades democráticas, en un plan de lucha que se proponga ganar las calles para poner en retirada este proyecto. La derrota de esta reforma en manos del pueblo movilizado, sería también un serio llamado de atención para la estabilización de cualquier proyecto ajustador. A la concreción de ese reagrupamiento deben estar dedicados nuestros esfuerzos. 

Leo Funes