Deuda externa: pagar es un crimen

La economía rebota en 2021, pero no compensa la caída de 2020, para lo cual habría que esperar al menos hasta 2023. Por otro lado, es un rebote atado con alambre, que depende de la pandemia, la vacunación, los vencimientos de deuda y los precios internacionales de los commodities locales. Asimismo, no es un crecimiento legítimo, genuino, y eso se nota hacia abajo: permanecen estancados el consumo y creación de puestos de trabajo, mientras se incrementan la pobreza y la carestía de vida. En ese marco de situación hay que considerar el problema de la deuda pública. 

Reestructurada la deuda con bonistas privados (agosto 2020) la negociación sigue con el FMI, por el crédito tomado por Macri en 2018 por U$S 44.000 M. Ese capítulo está verde, o más bien estancado. La traba se manifiesta en el plazo: el gobierno pide 20 años de plazo, el FMI sólo puede (quiere) ofrecer 10 años. Sin embargo, el plazo es la forma que adopta el problema, pero no es el problema en sí. El problema es que se trata de un crédito impagable, insostenible por donde se lo mire, máxime cuando ya existe un horizonte de vencimientos con los bonistas privados: el horizonte de vencimientos entre 2025 y 2030 totaliza U$S 27.000 M solamente con los bonistas privados, tal que sumarle los U$S 44.000 M del FMI es sencillamente imposible -independientemente del color político del gobierno. 

Y añadimos de nuestra parte: se trata de un crédito que ha sido contraído en condiciones ilegítimas, con fines contrarios al interés general y violando los estatutos del propio FMI. No es una deuda: es una estafa, un fraude, elaborado únicamente para que los fondos de inversión pudieran fugar los miles de millones de dólares que habían traído a la Argentina para utilizarlos en la especulación con LEBAC (el famoso carrytrade), una vez agotado el esquema de bicicleta financiera implementado por Mauricio Macri y su equipo. El dinero del FMI se utilizó con ese objetivo, y a esos actores hay que reclamárselo, no al pueblo argentino. 

Dicho eso, Argentina debería ingresar -según los estatutos del FMI- en un plan de facilidades extendidas (EFF) de 10 años, con un plazo de gracia de hasta 4 años. Los EFF tienen metas cuantitativas (reservas, déficit fiscal, inflación, crecimiento del PBI, etc) y objetivos estructurales (reformas laborales, impositivas, previsionales), y ambos significan un monitoreo permanente del organismo y la aplicación de planes de ajuste sobre los sectores populares (A.F., 16/2). En síntesis, sea con 10 o 20 años, el FMI reclama un plan de ajuste que garantice los dólares para el pago de la deuda: la renegociación “exitosa” está sujeta a ese ajuste. Existen voces que afirman que el acuerdo con el FMI será “light”, por las condiciones excepcionales de la pandemia y la nueva conducción del organismo, pero los veintiún programas fracasados, las exigencias incumplibles y los estallidos de crisis económica y social predicen lo contrario. 

Por otro lado, un apartado específico de la negociación con el FMI es la querella judicial que lanzó Alberto contra los funcionarios del macrismo (presidentes del BCRA, ministro de Economía y el propio Presidente) que tomaron la deuda con el FMI, por haber sido un proceso fraudulento. Se trata de una maniobra política contra el ala dura de la oposición para dividirla en un año electoral, no más que eso, porque hacia el FMI rige el reconocimiento pleno del conjunto de la deuda, a pesar de haber sido considerada un fraude por el mismo Alberto. Además, el FMI indicó que el propio organismo investigará el otorgamiento del crédito, pero sin afectar la renegociación y el pago de la deuda. El show debe continuar.

Tomada en su conjunto, la perspectiva del capital financiero -representado por el FMI- para la Argentina es congelar los ingresos de la población en su (bajísimo) nivel actual, pagar solamente los intereses y mantener intacto el capital de la deuda: en otras palabras, la continuidad perpetua de la deuda, aquel es el destino de nuestro pueblo en manos de los acreedores y organismos financieros internacionales. Ese mecanismo endeudamiento perpetuo está detrás del fracaso constante de los planes de desendeudamiento, que solamente sirven -en el mejor de los casos- para poner al país en condiciones de continuar pagando los vencimientos y volver a tomar deuda en el futuro inmediato. Eso confirma, una vez más, que la deuda es un mecanismo de transferencia de riquezas de los países dependientes hacia los centrales y un mecanismo de sujeción política de los pueblos.  En ese cuadro, el “no pago de la deuda” se impone como una acción no solamente de soberanía, sino ya de supervivencia. Máxime cuando está demostrado, como lo hizo el Juicio popular a la deuda y el FMI, que prácticamente todas las problemáticas sociales y económicas de nuestro pueblo están vinculadas con la deuda externa (Autoconvocatoria Contra la Deuda, 12/4). 

DEG, FMI y Club de París

En el corto plazo hay un escollo importante. El próximo 31/5 vence la última cuota de intereses por unos U$S 2.400 M, del crédito pactado con el Club de París (CP) por Kicillof en 2014, cuando era Ministro de Economía. El gobierno busca postergar ese pago, lo cual requiere que Argentina tenga firmado un acuerdo con el FMI. Así fue que Guzman viajó a Europa a tantear a los países que conforman ambos organismos internacionales (FMI y CP) y conocer su disposición a renegociar tal vencimiento -por ahora sin éxito. Por esa razón, además, aparecieron declaraciones del FMI en las noticias, afirmando que hubo avances importantes en la negociación con nuestro país y que la decisión de firmar un acuerdo está en manos del gobierno (Ámbito Financiero, 15/4). Eso significa que el FMI y el Club de París le devuelven la pelota al gobierno: si Argentina quiere firmar con el FMI puede hacerlo hoy (con las condiciones que impone el Fondo) y así reprogramar el vencimiento con el Club de París. Si Argentina no firma, será por decisión propia. El asunto es que no hay tiempo de cerrar las negociaciones antes de junio, ni tampoco parece haber intenciones del gobierno de acordar con el FMI antes de las elecciones, porque las condiciones que impone el Fondo son poco amigables con el bolsillo popular del votante promedio (A.F., 11/4). 

Por otro lado, si no se logra postergar ese vencimiento, es posible que sea pagado con los U$S 4.350 M que llegarán a Argentina provenientes de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que otorga el FMI a los países miembro. Esta opción tiene un problema de plazos y formas: no hay certeza acerca de cuándo llegarán los DEG -se calcula que será recién en agosto- y se supone que no pueden ser usados para cancelar deuda cuando el país está en situación no sustentable -como ocurre con Argentina (P/12, 14/4). Nadie habla de utilizarlos para ampliar la asistencia social y fortalecer la gestión de una pandemia que se está cobrando miles de vidas y generando un descalabro económico brutal. 

Una segunda alternativa es pagar el vencimiento con el Club de París usando las reservas del Banco Central, engrosadas por la liquidación de la cosecha de soja, aunque ello dejaría a la entidad -y la moneda nacional- en una situación muy frágil. Una salida combinada fue anunciada -entre líneas- por Guzmán: pagar al Club de París con reservas y luego engrosar las reservas con los DEG del FMI. Finalmente, siempre se puede no pagar y entrar en default: con el crédito internacional actualmente paralizado, la cesación de pagos no parece tener efectos nocivos en lo inmediato. No obstante, ni defaultear ni pagar ahora parecen constituir el plan del gobierno: Guzmán fue a Europa para reestructurar ese vencimiento y afrontarlo en 2022 (A.F., 11/4). 

Los otros grandes vencimientos con el FMI ocurren en septiembre (U$S 2.300 M) y diciembre (U$S 2.050 M), los primeros vencimientos del crédito stand-by de U$S 44.000 negociado por Macri en 2018. En caso de renegociar con éxito el vencimiento con el Club de París, es posible que los DEG sean usados para cubrir esos vencimientos con el FMI (A.F., 11/4). Otra chance viene del propio G-20, que planteó recientemente (7/4) la posibilidad de extender el congelamiento de pagos de servicios de la deuda hasta finales de 2021, dada la extensión de la pandemia (A.F., 14/4). 

En definitiva, toda la estantería económico-financiera del gobierno está sostenida con alambre y la planificación se reduce a la gestión (reprogramación) de los vencimientos de la deuda externa, conforme van apareciendo. Mientras tanto, los grandes monopolios, el complejo agroindustrial y los bancos se llenan los bolsillos, y los índices de pobreza e indigencia muestran el enorme deterioro social y económico que se vive por abajo. Una situación urgente que tarde o temprano deberá tener un desenlace, y nuestro partido pelea por una salida favorable a los intereses populares.

En ese sentido, la posición de no pago -un default general, unilateral y soberano- debe ser parte de una decisión política, como parte de un plan económico y político estratégicos, con medidas destinadas a reconstruir la matriz de la economía argentina y los ingresos de la población. Para eso, no obstante, hay que controlar los resortes principales de la economía, sin los cuales es imposible tener una política económica efectiva, es decir, tener gobierno sobre la economía. Eso supone estatizar y controlar el sistema bancario y el manejo de divisas, el comercio exterior, los recursos energéticos y estratégicos, las comunicaciones y el transporte (puertos, trenes, barcos) y las grandes unidades productivas (campos, fábricas).

David Paz