Menem la hizo, pero Cristina se la apropió

Este año, al cumplirse el vigésimo aniversario de la sanción de la Ley de Educación Superior (LES), el conjunto de las Universidades Nacionales tendrá la oportunidad de valorar no sólo el alcance de la misma, sino, además, la valía de las luchas que oportunamente motivaron su rechazo.

Justificada en imposiciones del Banco Mundial, la LES fue el correlato, tras el Acuerdo de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto, de una serie de pactos políticos y económicos firmados por los países miembros del Mercosur a instancias de los principales grupos económicos de la región, cuya intención, nunca negada, fue permitir la transferencia de conocimiento y fuerza de trabajo calificada en el nivel universitario, lo cual incluyó la estandarización curricular de las carreras y la homologación de títulos, haciendo necesaria la creación de organismos de acreditación como la CONEAU.
De esta forma, el nuevo instrumento dio luz verde a las grandes empresas para definir los contenidos de la educación universitaria -según las necesidades productivas de las mismas-, y para disputar la apropiación monopólica del conocimiento científico, alterando sensiblemente los presupuestos de la Universidad argentina, que de reformista pasó a ser crecientemente mercantilista y competitiva, desatando una carrera por la compra-venta de títulos, en especial de posgrado, y la enajenación de conocimientos y tecnología al servicio del sector privado.
En el orden nacional, el perfil productivo dominante, generalmente extractivo y rentista, impuso desde el poder del Estado nacional la existencia de “Universidades Mineras” (San Juan, Chilecito, La Rioja, Tucumán, Salta, etc.), “Universidades Petroleras” (Cuyo, Comahue, Arturo Jauretche, etc.), “Universidades Sojeras” (Litoral, Córdoba, Río Cuarto, Rosario, etc.), y así de seguido, sometiendo éstas al arbitrio y las dádivas de las grandes empresas monopólicas como Barrick Gold, Chevron, Urquía y Monsanto.
La subordinación de la ciencia al capital bajo regulación estatal, en particular durante el kirchnerismo, sometió la vida universitaria dominando no sólo el trabajo docente o la colonización del lenguaje científico sino, también, la integridad de la vida académica más allá del tiempo laboral, con exacerbación del trabajo domiciliario -aún en fines de semana y meses de receso-, al tiempo que la autogestión de recursos por fuera del presupuesto universitario generó el fetiche del ciudadano universitario en detrimento de la condición de trabajador asalariado.
En tal sentido, la particularización del salario mediante asignaciones complementarias, pago diferenciado de títulos, incentivos, etc., y la creciente transformación del trabajador en contratado o simple “ad honorem”, permitieron suprimir de manera creciente el trabajo abstracto (con sentido de cuerpo o comunidad educativa), hasta hacer que tales “ciudadanos” actuasen y se identificasen como proveedores particulares de prestaciones particulares bajo condiciones particulares, es decir, como desclasados.
Por su parte, la masa estudiantil fue alcanzada por un arsenal de pasantías rentadas, becas de interés empresarial, creación de nuevas carreras ad hoc y cambios curriculares en sintonía con las necesidades profesionales para los distintos mercados, siendo en muchos casos las propias Universidades reguladoras de éstos, como el caso de la salud, donde se impusieron sistemas de cupos a fin de reducir la matrícula con prescindencia de las necesidades sanitarias de las poblaciones más alejadas y postergadas.

Sin lugar a dudas, más allá de la asignación de valor como parte del proceso educativo hasta la obtención de un título profesional, la imposibilidad de rescatar un sujeto autónomo que se realice en la satisfacción de su necesidad por fuera de la relación con el capital es, sin dudas, la expresión más patente de la subsunción real de la vida universitaria al gran capital monopólico, siendo ésta la razón por la cual la LES sigue vigente; es decir, porque el Estado es el poder de los monopolios y el imperialismo. El resto, sean proyectos de reforma o cuestionamientos desde la intelectualidad oficialista, son sólo eso: manifestaciones que no cambian el sentido reaccionario de la Universidad actual. Una Universidad del conocimiento, la extensión y la ciencia, pero al servicio de los enemigos del pueblo y contra la cual hay que luchar.

Jorge Díaz