Editorial | Primer trimestre con gusto a poco

A tres meses de haber asumido, el gobierno de Alberto Fernández pone un gran empeño por diferenciarse del macrismo, en el discurso, en las denuncias y en otras medidas secundarias, pero es en el terreno económico donde se le hace difícil. El fracaso económico y el entreguismo a los grupos económicos fue lo que selló la derrota electoral y el repudio a la gestión de Cambiemos. A medida que pasa el tiempo sin que se produzcan mayores alteraciones en las condiciones de vida, las esperanzas en el gobierno de F-F se diluyen conjuntamente al acrecentamiento de la desconfianza popular.  La situación de emergencia en todos los planos requiere cambios inmediatos y profundos. Sin embargo, transcurrió el primer trimestre y el parate en la economía, que lleva ya 19 meses de caída, continúa. Se pone al descubierto que los recursos para catapultar la reactivación prometida dependen de un acuerdo “amigable” alrededor del pago de la deuda externa. Por supuesto que poner plata en “el bolsillo de la gente” por poca que sea, motoriza el consumo popular. Pero dichos estímulos ya se acabaron y lo dispuesto frente a la escasez que se arrastraba casi no se notó, porque fue absorbido rápidamente por el aumento en los precios de los alimentos. Por otro lado el guadañazo sobre las jubilaciones, al anular la ley de movilidad social, significaron $ 5.000 millones menos por mes que se extraen del bolsillo de los jubilados. 

Más allá del intento productivista que se pretenda en contraste con el parasitismo que caracterizó al macrismo, su disposición pagadora y el cambio en la caracterización del FMI, que mutó de enemigo como históricamente lo calificó el peronismo, a ser amigo, condiciona su discurso y la reactivación proyectada.  De allí que todo el misterio oficial sobre un plan que nadie conoce y al que también hacen referencia los acreedores externos y los medios hegemónicos, en realidad dañan más por su silencio que por la inexistencia del mismo. Hay plan y está definido, solo que el plazo de cumplimiento y la quita a los bonistas todavía no cierran porque a toda vista, la deuda no solo es insustentable como fue reconocido por el Fondo, sino que el propio gobierno no sabe hasta dónde puede apretar la rosca sin que la rebelión estalle y se profundice el debate interno que recorre al Frente de Todos. 

Por otro lado, la aceptación del artículo 4 como cláusula de revisión, oportunamente rechazada por el kirchnerismo como gesto de soberanía, vuelve a poner en debate hasta dónde la claudicación es línea predominante en el gobierno. Es una deuda impagable e ilegítima con vencimientos entre capital e intereses solo en 2020 de U$S 40.000 millones y en 2021 U$S 43.000 millones. Su restructuración en lugar del no pago será una condena eterna a vivir en la pobreza para millones de argentinos. 

Se intenta llegar a acuerdos que sean digeribles a unos como a otros. Para quien no es nada digerible es para los trabajadores y el pueblo que ya sufren las consecuencias, y que por mayor empeño que pongan las organizaciones militantes oficialistas en justificar el acuerdo, todo lo que venga en el sentido de las facilidades extendidas para su pago, serán el dogal por décadas que arrastrará la nación argentina. 

Un discurso con ausencias de peso 

El discurso inaugural del 1° de marzo en el Congreso, constituyó un detalle de intenciones en los que sobresale la formación del Consejo Económico Social, prometido a Lavagna, para repartir responsabilidades y ajustes posteriormente a los acuerdos que se logren con los acreedores. Los grandes ausentes, en la mención presidencial, fueron los trabajadores respecto al régimen ocupacional y salarial. Mientras tanto el anuncio de legalizar el aborto en un proyecto distinto al de la Campaña presentado por 6° vez y aún con estado parlamentario, encuentra al movimiento de mujeres que tanto han luchado por el respeto a sus derechos, plenamente activas en este marzo 2020. Pretendidas reformas al poder judicial en la idea, como todo gobierno de turno, de contar con jueces propios antes que impartir justicia. Mencionó también, ligeramente, un régimen especial para el sector energético y de minería incluida la explotación del litio. En esto último, parece que no fue suficiente con la flexibilización laboral establecida por el macrismo en Vaca Muerta, cuya actividad respecto al mes febrero de 2019 cayó en un 40%. Además, requieren los grupos económicos mayores ventajas en el manejo del dólar sin cepo y en el libre envío de sus ganancias al exterior. Es decir que todas aquellas medidas que se presentan como amigables en la negociación con el FMI, en realidad van acompañadas, en un plano distinto por supuesto, de condiciones muy ventajosas hacia los grupos extranjeros que pretendan apropiarse de los recursos estratégicos. 

Más que un paro, una provocación

En este marco de mora gubernamental y continuidad del ciclo recesivo estalló el paro por 4 días definido por la cúpula del ruralismo. La semana anterior el presidente había definido al “campo como socio estratégico”. La medida de acción decretada lo dejó plenamente descolocado en medio de la negociación con el FMI, y rompió con la pretendida armonía de cerrar la grieta. El aumento de las retenciones en la soja a 33% para la producción superior a 1.000 toneladas y el reintegro segmentado luego para los que producen por debajo de tal cifra, fue el detonante utilizado por la Mesa de Enlace para disponer el paro. No sin sus propias disputas: la Federación Agraria, que reúne la mayoría de la pequeña y mediana producción, se diferenció dejando a sus afiliados en libertad de acción. Pero la desconfianza en que el gobierno cumpla efectivamente con los reintegros, sirvió a las cúpulas para empujar la medida. Nada es igual que en la década pasada. Pero que, a tres meses de haber asumido, el sector más favorecido por el macrismo se atreva a convocar un paro, así sus efectos sean menores, no es solo un problema de bolsillo sino fundamentalmente una mojada de oreja a un gobierno parado en sus propias indefiniciones. 

Con el visto bueno del FMI que presiona por un ajuste impositivo más ortodoxo, el gobierno aumentó las retenciones sobre este sector agrario donde priman los fondos de inversión, en la misma línea que aplicó Kicillof con el aumento impositivo sobre las grandes propiedades rurales, finalmente reducido. Sobre dicha base el gobernador intentó, el mes pasado, postergar el pago de los U$S 270 millones a los bonistas. Pero retrocedió luego y terminó pagando el total, solo que esta vez el pato de la boda fueron los sueldos docentes. Esa política peronista de apoyarse en el FMI para intentar apenas pellizcar a la gran burguesía agraria, podrá tener un efecto popular, pero lleva directamente a la derrota porque ambos, Fondo y gran burguesía, son enemigos declarados del pueblo. Lo que corresponde a cualquier gobierno popular consecuente es impulsar la movilización de los trabajadores para avanzar en la confiscación directamente, en lugar de tolerar conductas desestabilizadoras. 

Dicha posibilidad no existe en la actual conducción “alvearizada” del PJ, pero hay un debate abierto en las bases que va mucho más allá de las estructuras burocráticas, que tiene en claro quiénes son los enemigos, que no acepta una política desmovilizadora como la instrumentada desde presidencia, y menos aún pagar los platos rotos para cumplir con el Fondo y engordar a la gran burguesía en sus inversiones múltiples. Cabe preguntarse hasta dónde CGT, CTA y los Cayetanos serán cómplices en sostener dichos lineamientos.

La responsabilidad de las burocracias

La insistencia de la conducción nacional de Ctera y de Baradel en la provincia, sobre las bondades de los acuerdos paritarios (sueldo inicial $25.000), fue rechazado en varias provincias que decidieron parar y no comenzar en el inicio del ciclo. Aún hoy en varias regiones se mantiene activo el reclamo. Los estatales de Buenos Aires también rechazaron el aumento dispuesto, y se agregan ahora otros conflictos por despidos en portuarios, Cresta Roja, hospitales y municipales. Síntesis de una realidad que atraviesan miles de trabajadores que pensaron quedaban atrás las penurias del ajuste macrista, pero que tampoco ahora advierten soluciones en marcha. Se podría acordar un tiempo de espera más extendido, pero todas las señales que surgen -eliminación de cláusulas gatillo, sumas fijas misérrimas, desindexación salarial, desconocimiento del salario real perdido, alta desocupación, liberación de tarifas en junio- apuntan en el sentido de que la emergencia vino para quedarse. Nadie peca de impaciente allí abajo, pero si todas las carencias se justifican en la necesidad de pagar la deuda, que fue una estafa de los ricos sin que nadie sea condenado o vaya preso, entonces la movilización popular y la rebelión es la única salida. En lugar del entusiasmo que debería predominar frente a la nueva coyuntura, la esperanza se diluye en los entretelones de una política que solo pretende recuperar gobernabilidad y cierto equilibrio en los marcos del capitalismo monopólico, pero sin chance alguna para liberar la nación y menos implementar la pregonada justicia social. 

Hay una situación abierta en el país que supera los límites de la democracia en curso, y así se renueven los gobiernos electoralmente ya no alcanza con administraciones mejores o peores. Las inmensas movilizaciones en defensa del agua en Mendoza en el mes de enero, aquella en repudio al crimen de Gesell en Congreso, luego contra el FMI y el pago de la deuda el 12 de febrero, varias más por reclamos de los desocupados de trabajo y alimentos, y en este 8/9 de marzo la imponente movilización con paro de las mujeres por sus derechos universales, configuran niveles de exigencias e insatisfacciones en distintos planos que el régimen capitalista dependiente ya no puede remediar. 

Sin romper con las estructuras dependientes no hay salida

Hablar de nueva república o democracia popular, sin romper con la matriz productiva que perdura desde hace mucho tiempo es mentiroso. Exportar materias primas, productos semielaborados o intentar sobrevivir de la sustitución de importaciones en un país donde el 80% de las primeras 100 empresas son multinacionales, solo confirma que el avance de la penetración extranjera se consolidó en plena democracia, con gobiernos plenamente entreguistas y otros con sesgos progresistas pero incapaces de romper con el dominio imperialista. 

Se trata de luchar por un gobierno revolucionario con el poder de los trabajadores, que tenga el control de los sectores básicos de la economía, del comercio exterior, del capital bancario, de los recursos energéticos y disponga inmediatamente de una política de expropiación cuando así se lo requiera. De eso se trata cuando hablamos de cambiar la matriz productiva: romper con la dependencia de los monopolios y abrir curso a la aplicación de un programa democrático y antiimperialista en marcha al socialismo.

La conmoción generada con la caída de las bolsas en todo el mundo capitalista y del precio del petróleo 30% (en niveles parecidos a 1997), justificadas en la pandemia del coronavirus, traerá solo mayores sufrimientos y sacrificios para todos los pueblos. No solo por la retracción económica (-2% a nivel mundial), también por las condiciones materiales de pobreza y su casi nula capacidad en muchos países para controlar la expansión del virus. En la Argentina como en otras naciones endeudadas, los efectos económicos aumentan los riesgos de devaluación y su rebote inflacionario, como también la presión a ejercer por los bonistas cuya caída en el valor de sus acreencias los ponen a la altura del accionar de los fondos buitres. Visto desde nuestro ángulo y por todo lo anteriormente dicho, se fortalecen los argumentos para ir a fondo con la exigencia del No pago de la deuda externa, lo que significaría también ir a fondo con el reclamo y las luchas de los trabajadores, para que la crisis la paguen quienes la provocaron. 

Andrés Zamponi