Subte - Un ajuste a medida de Metrovías y el gobierno de la Ciudad

Durante estas semanas continuaron dos conflictos que vienen hace ya un tiempo en el subte. Uno de ellos es el de la estación Catalinas de la línea E. Las delegadas y delegados de la línea denuncian junto a sus trabajadores que desde la apertura la empresa no dispuso personal de boletería. Si bien esta estación se inauguró hace unos pocos meses, el conflicto por la falta de boleteros en la estación está conectado al vaciamiento que Metrovías junto al gobierno de Larreta intentan imponer en el subte. Una ecuación que cierra para ambos: el boletero reemplaza al auxiliar, la boletería desaparece y lo que hacen tres personas lo haría una sola.

Este es un ajuste no tan encubierto que ha pasado por distintas etapas, desde la instalación de las máquinas recargadoras en las estaciones que, en su momento, recibieron un fuerte rechazo por parte de las trabajadoras y trabajadores, al constante vaciamiento del sector de auxiliares y la conformación de una nueva categoría  que englobaría las tareas del boletero con las del auxiliar y con un “asistente de la máquina recargadora”. Catalinas es otro experimento del gobierno y la empresa en sus intentos por pasar el ajuste. Que no pase es un precedente para seguir frenando la política de flexibilización en el subte. En esta misma línea puede explicarse que luego del apagón de junio, varios pos de carga SUBE se quemaron y la empresa pareciera no estar dispuesta a destinar un peso para arreglarlos.

Otro de los conflictos es el de la presencia de asbesto, una sustancia cancerígena, en la línea B. En los últimos días del mes de junio tuvo lugar una audiencia en la Subsecretaria de trabajo del GCBA para tratar este tema. La empresa admitió que en los trenes marca Mitsubishi hay presencia de esta sustancia. En el plenario de delegados del 4 de julio se rechazó la propuesta de desamientar que presentó la empresa en la audiencia y se reiteraron las exigencias de lavado de la ropa de trabajo para evitar la propagación en los hogares de los trabajadores, la suspensión del hidrolavado que difunde la sustancia y por ello está contraindicado, y que no se obligue a seguir realizando tareas sin las condiciones adecuadas de seguridad. Por este motivo, las trabajadoras y trabajadores del taller Rancagua mantienen una retención de tareas hasta que se garanticen las condiciones de seguridad y tráfico evalúa seguir por el mismo camino.

El punto en común de ambos conflictos es la maximización de ganancias a costa de la salud de trabajadores y usuarios. También es claro que la respuesta no puede ser a medias, ya que la empresa y el gobierno de Larreta han avanzado cuando se les ha dejado lugar para hacerlo, por lo que la respuesta debe ser contundente porque las trabajadoras y trabajadores no son ni deben ser variable de ajuste y la única forma de que esto no ocurra es ampliando el conflicto a todos los sectores y generando planes de lucha escalonados que no jueguen a cansar ni desinflar estos conflictos.

Sofía Sáenz