Editorial | Desborde popular el 8M

Si el presidente creyó encontrar en el debate sobre el aborto una forma de salir del ahogo e insatisfacción creciente que genera su política, la contundencia de la expresión popular en que derivó el 8M, en todo el país, lo desmiente claramente. La heterogeneidad, amplitud y contenido, sobre todo en sus consignas centrales, conmovió al conjunto y achica enormemente los espacios de los legisladores en el caso que el llamado debate transversal en el recinto, concite una mayoría contraria a la aprobación de la ley. Hace tiempo que el parlamento en lugar de ser un órgano mandatado por el pueblo derivó en reducto de componendas. Existen sobradas razones para desconfiar. Pretender recuperar iniciativas habilitando el debate sobre legalización del aborto cuando la misma presión popular ya lo instaló visto que cada vez son más las mujeres pobres que mueren por abortos clandestinos, es lo mismo que pretender conmemorar el Día Internacional de la Mujer sin hacer referencia al ajuste en curso que precariza y despide trabajadoras, como si aún no fuera suficiente la sangre vertida ni las frustraciones de vida de tantas generaciones. De allí que el documento acordado en Capital y leído en la Plaza Congreso encuadró la lucha actual y, mal que le pese al oficialismo y sus medios disconformes con el escrito, el debate promovido en un alarde de progresismo impostado, corre el riesgo de transformarse en un búmeran. El protagonismo adquirido por tantas mujeres ocupadas o desocupadas en su lucha cotidiana, en las movilizaciones regionales ante cada feminicidio o abuso, con su participación en los ENM, en la denuncia por la inequidad salarial y prepotencia patronal, etc., constituye la razón principal para que luego de seis intentos fracasados en los años de democracia para que se apruebe la ley, en esta oportunidad la traición a esa posibilidad pueda devenir en rebeldía popular.
Están muy cerca los humos del 14 y 18D, y el gobierno no puede correr el riesgo de pagar, otra vez, costos políticos tal como sucedió con la reforma a los jubilados. Desde ya que al momento de la decisión seremos miles junto a las vallas, en salvaguarda de la democracia directa y para que no se desvirtúe en nombre de la libertad de conciencia, lo que ya es un clamor y también una necesidad vital de la clase trabajadora.

Tocados en la línea de flotación

En la reunión de Chapadmalal a fines de febrero, el gobierno buscó reagrupar fuerzas y unificar la tropa para recuperar la iniciativa que diciembre le quitó. Allí fueron expuestas internas y alertas sobre los escasos resultados del plan económico y el impacto que se produjo en una de sus líneas argumentales, la transparencia, con el caso Triaca. La convicción exitista, desarrollada por Marcos Peña, trató de entusiasmar conscientes que ya no alcanza con polarizar políticamente, antes con Cristina, después con Moyano, y que debían salir a explicar por mérito propio los ‘éxitos’ de gestión.
Luego, el discurso presidencial en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, al que hoy ya pocos recuerdan. Plagado de voluntarismo y con cifras indemostrables habló del “crecimiento invisible”, tan cierto como que nadie lo ve o lo siente, contrastando sí con la más que visible disconformidad popular. Los cánticos en las canchas y festivales no serían tan preocupantes si fueran solo maniobras de la oposición. Hay un contexto social y económico que posibilita su despliegue visto que cumplidos 27 meses de gestión, el cambio prometido fue marcadamente regresivo y las medidas aún pendientes anticipan que “lo peor aún no llegó”. Mencionó el “estándar ético” impuesto y los límites para impedir “beneficios propios”…, poco después, la renuncia de Abad a la jefatura de la AFIP y su remplazo por Leandro Cuccioli, especialista en paraísos fiscales, se anticipaba a una investigación en el exterior sobre los bienes del ministro Caputo que había llegado demasiado lejos. No estaba en cuestión la autonomía de Abad solamente, sino la necesidad de blindar al equipo con un especialista en negocios off shore perteneciente al grupo financiero El Tejar, radicado en Bahamas. En este plano, no tan distinto del gobierno anterior, se inscribe la renuncia del subsecretario presidencial Gilligan por mendaz, la denuncia por coimas sobre el jefe de la AFI Gustavo Arribas, la indecencia de Etchevehere, de Aranguren en negociados petroleros y hasta del propio Macri en la aun no dilucidada causa del Correo Argentino. El declive de la figura presidencial después de diciembre no encuentra su piso y a esta altura la imagen negativa supera cómodamente la positiva.

Brotes que no llegan, solo queda achicar

En el terreno económico la devaluación del dólar, 18% en tres meses, impactó directamente en los precios que ya venían en alza por tarifazos programados en luz, gas, peajes, transportes, combustibles, etc. Se pretende que todo el paquete sea absorbido con salarios viejos o en su mejor caso con aumentos de un 15% en cuotas. El empecinamiento en negar la cláusula gatillo en los acuerdos paritarios, frente a una inflación imparable que el mismo Banco Central estima alrededor del 20%, echa luz sobre la intencionalidad del gobierno en la medida que la pérdida de salario real constituye la variable determinante del ajuste. Demostración clara en algunas provincias, entre ellas Chaco, donde el 10% escalonado ofrecido a los docentes - en 2017 fue del 15% - más que saqueo a los bolsillos constituye claramente mayor pobreza y destrucción de la escuela pública. En dos años casi 18 puntos diferenciales entre salario e inflación.
El gobierno tomó nota que así no puede seguir. El mal humor alcanza a sectores medios que ya no se conforman con tecnicismos ni explicaciones de un futuro que nunca llega. Después de tantas ponderaciones, viajes y comitivas para la incorporación al mundo desarrollado, llegó la constatación que finalmente los brotes verdes no llegarán. Fluyen sí los préstamos financieros con intereses cada vez más altos que ya estarían ubicando la deuda, incluidos los U$S18.000 millones que aún faltan este año, en la exorbitante cifra de U$S350.000 millones. Preocupa en el mundo financiero que siendo Argentina un país emergente haya tomado el año pasado U$S45.000 millones, cuando China con la desproporción existente registró solo U$S30.000 millones. Allí las razones, entre otras, que la fiesta de bonos y títulos que disfrutan banqueros y prestamistas, la terminan pagando los trabajadores y el pueblo argentino. Más allá de lo que embolsan los grandes grupos como el Morgan, City, Lloyd Bank empleadores de tantos funcionarios actuales, en lo interno el banco Macro por ejemplo declaró ganancias por $3.000 millones en 2017 y el Galicia terminó comprando Finansur de Cristóbal López. Las letras (lebacs) que utiliza el Central para absorber los préstamos ya suman $1,4 billones, y el pago de los intereses por todo concepto se ha transformado en la causa principal del déficit fiscal. La decisión de financiar el desequilibrio fiscal a puro endeudamiento sumó en 2017 intereses por $314.000 millones, cuando lo ‘recuperado’ por subsidios energéticos en el mismo período alcanzó los $84.000 millones. El recupero en realidad lo termina pagando el ciudadano a través del aumento en los precios, con lo cual todo el esfuerzo realizado resultará estéril al momento de considerar el equilibrio de las cuentas. El acomodamiento tarifario implica una transferencia directa de los bolsillos populares a las cuentas de las empresas de servicios y de los acreedores externos. Son ejemplificativos al respecto que, en el período de gestión transcurrido, los ajustes en luz alcanzaron en promedio 1.100% y en gas 560%, con lo cual su aplicación, así nivelen las cuentas al final del camino, no suponen bienestar, son perversamente inequitativos y justifican toda clase de puebladas que pretendan impedir su viabilidad.

Llorones y bravucones

Producto de ese fracaso oficial y el hecho que algunos sectores de la gran burguesía quedaran fuera del reparto, han aflorado las internas que llevó al planteo de la UIA encabezado por Arcor y Techint, contra la apertura importadora impulsada por el gobierno como forma de anclar los precios. Que ambas multinacionales locales invoquen la quiebra de la pequeña producción, textiles, calzados, alimentos, etc., para oponerse, responde más a la necesidad de diferenciarse de la política de intermediación financiera y comercial propia de los CEOs-funcionarios, que priorizan la patria contratista y fondos de inversión, debilitando el mercado interno en beneficio propio. Unos “llorones” otros “bravucones”, lo cierto es que ambos buscaron reconciliarse después de los planteos, sobre la base de reducir salarios, adecuar convenios o despidos en plantas. Son grandes patronales y los obreros allí no tienen nada que defender, como no sea luchar por su salario, por su trabajo y por confluir junto al resto de los trabajadores. No habrá pleno empleo y salarios justos sin liquidar el control monopólico de la economía. El gobierno exige un apoyo en inversiones productivas que los empresarios no están dispuestos a otorgar, porque al igual que los representantes del capital imperialista (FMI, G20, BM) que apoyan a Macri pero no arriesgan, los desaciertos económicos de ajuste con alta inflación, déficit gemelos, restricción crediticia, caída del consumo y alto endeudamiento, ha derivado en crisis política donde la gobernabilidad que se creyó garantizada en octubre volvió a debilitarse con creces en diciembre.
Ahonda tal preocupación el proteccionismo de EE.UU. que si ya había descartado la importación de biodiesel argentino por un monto de U$S1.200 millones, se agrava con las restricciones impuestas para el acero que exporta Techint por U$S250 millones y el aluminio de Aluar por U$S450 millones. La decisión del presidente Trump de arancelar el acero y el aluminio en resguardo de su propia industria, supone el ingreso a una situación de guerra comercial con China y Europa centralmente, cuyas derivaciones de indescifrables consecuencias impactarán en la economía mundial. Los acuerdos comerciales surgidos luego de la Segunda Guerra, entre ellos, la Comunidad Europea, con lo cual se orientó la actual conformación del capitalismo globalizado se resquebrajan aceleradamente, y darán lugar a una reformulación, pacífica o bélica, del mercado mundial.
Sin perder de vista tal circunstancia, los obreros de las plantas industriales de Campana y Puerto Madryn deberán encontrar toda la solidaridad obrera y popular para enfrentar cualquier intento patronal de sortear la crisis con despidos, bajas salariales o una precarización mayor.

Un centro de coordinación poliítico sectorial para elevar la lucha

Permanecen abiertas la mayor parte de las convenciones paritarias, y pese al esmero de la burocracia adicta (Cavalieri, Lingieri, Martínez, entre otros) para no perforar el techo de 15%, el paro y movilización docente y de estatales, impuestos por el gobierno como casos testigos, se potenció en todo el país. Preludio de una conflictividad permanente, por encima y debajo de la grilla establecida, donde a las cuestiones salariales se agregan los despidos, cierres de fuentes de trabajo y la precarización laboral, en ámbitos públicos y privados.
Las demandas por trabajo genuino son banderas de los desocupados en barrios y sectores de la economía informal, al igual que la juventud en los distintos niveles de enseñanza. La confluencia en acciones de masas profundas, con ejes unificadores y centrados en la derrota del ajuste, tal cual se perfiló en diciembre con los jubilados, luego la movilización de camioneros en febrero y del 8M califican en el sentido de intentar una síntesis política que supla la deserción de la CGT cooptada por el gobierno o quienes simulan oponerse.
La lucha de los trabajadores toma fuerza desde las bases en todo el país, con destacados ejemplos, como el INTI en Capital, la toma del yacimiento en Río Turbio o la marcha azucarera en el NOA. El gobierno pudo comprobar que no basta con aceitar el bolsillo de los sindicalistas-empresarios o agitar expedientes para clausurar medidas nacionales y contundentes como las mencionadas. Apareció la acción de masas directa. Es decir un tercer contendiente por fuera de la polarización y de la coerción que requiere el plan monopólico para estabilizarse. A partir de allí, la construcción de espacios convocantes para desplegar luchas y coordinar preocupan más como factor político que gremial, por la perspectiva que puede tomar como instrumento canalizador del desagrado popular cuando aún faltan dos años para votar. Allí está una de las razones porqué el apresuramiento oficial en instalar el tema de la reelección. Las ventajas que otorga un peronismo de salón y con muchas cabezas no las encontrará en el movimiento de masas donde lo que juega es mucho más que una candidatura. Por otro lado nadie quiere volver atrás. Menos aun cuando está claro que la calle y el lugar de trabajo unifican en repuestas inmediatas sin distraer ni dilatarse en las resonancias del congreso. Mientras cada fuerza u organismo construyen su propio espacio político, sindical o social, el tema de la unidad y la conformación de un centro coordinador de lucha que se atreva y convoque a la masa trabajadora, puede sellar el destino del macrismo y abrir una nueva situación.

Andrés Zamponi