Justicia por Rafael Nahuel

Constitución Nacional, Artículo 75, inciso17: Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. (…) y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. (…) Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.
Todo lo dicho arriba viene siendo pisoteado sistemáticamente por el estado argentino y particularmente por el gobierno de Mauricio Macri. La desaparición forzada y posterior asesinato de Santiago Maldonado el 1º de agosto en la Pu Lof en resistencia Cushamen puso la problemática del pueblo mapuche sobre la mesa y motivó, por un lado una serie de movilizaciones masivas en todo el país, y por el otro una miserable campaña de encubrimiento de la gendarmería y de los funcionarios a cargo, que incluyó la criminalización del propio pueblo mapuche, particularmente de los sectores que asumen activamente la lucha por la recuperación de territorios.
Todo esto se hizo mucho más difícil de sostener cuando, en pleno operativo conjunto de las fuerzas federales en Villa Mascardi, la Prefectura Naval fusiló con balas de plomo y por la espalda a Rafael Nahuel, un laburante mapuche de 22 años, residente del Alto (en la zona más pobre y segregada de Bariloche). El verso del “enfrentamiento” no resistió ni la más superficial de las pericias, donde se constató que las únicas armas que intervinieron fueron las 9mm de la Prefectura. El espectro brumoso de la “RAM” que tanta difusión venía teniendo en los medios comenzó a desvanecerse.
Ambos casos forman parte de una lista enorme de operativos represivos contra comunidades originarias que se vienen dando en los últimos años, las muertes en el saldo y la reacción popular, hicieron que no se los pudiera mantener en el silencio que acostumbran pactar gobiernos, “propietarios de la tierra”, justicia y medios de comunicación. Esta confluencia de actores tiene siempre el hilo conductor de la propiedad privada afectada por las recuperaciones de tierras llevadas adelante en su mayoría por el pueblo mapuche, históricamente desterrado.
Esos intereses privados afectados por las tomas, no son precisamente pequeños propietarios. Sin excepción, las órdenes de desalojo, y los desalojos sin orden judicial, respaldan los intereses más concentrados de la región, estos es grandes corporaciones inmobiliarias, petroleras, mineras, agropecuarias y forestales, que ejercen una poderosa influencia sobre los poderes del estado nacional y provinciales en la Patagonia. En los primeros 15 años del siglo XXI los proyectos mineros en estudio en Argentina crecieron de 40 a 800, y gran parte de ellos se encuentran en las provincias de Neuquén, Rio Negro y Chubut, donde se viene produciendo la mayoría de los conflictos.
La quita de retenciones a la minería, la flexibilización laboral para los trabajadores de la industria petrolera, la oleada de represiones a trabajadores del sector privado y estatal en estas provincias y la “limpieza” de la Patagonia de pueblos indígenas rebeldes, son parte de una misma política que procura allanar el camino para los grupos monopólicos que aspiran a incrementar sus negocios en la región. Esto es, en concreto, “abrirse al mundo” y “fomentar la llegada de inversores”. Máxime cuando Bariloche será la nueva “vidriera al mundo” en la próxima cumbre del G20.
De tal forma, tanto Santiago Maldonado como Rafael Nahuel son muertos de un proyecto que, por un lado pisotea los derechos de los pueblos originarios y por otro, pretende arrasar con las conquistas laborales históricas, e imponer flexibilización, despidos y tarifazos que vienen con el ajuste. Consecuentemente, ambos compañeros deben constituirse en bandera de unidad de todos los que luchamos por hacer descarrilar esta política de ajuste, entrega y represión.