FMI: no al pago de la deuda

Los días 14 y 15 de diciembre finaliza el “Juicio a la deuda y el FMI”, una iniciativa de juicio popular organizado por la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, que el PRML integra junto a diversas organizaciones políticas y sociales. 

Bajo la mirada del jurado integrado por Adolfo Perez Esquivel, Nora Cortiñas, Alejandro Bercovich, Miguel Julio Rodriguez Villafañe y Nina Brugo, durante cuatro meses se realizaron catorce “Foros de denuncia” que funcionaron como testimonios del juicio. En ellos, más de un centenar de referentes y especialistas expusieron sobre las consecuencias de la deuda externa en áreas como salud, educación, trabajo, cultura, pueblos originarios, mujeres y disidencias, juventudes, jubilados, ciencia y tecnología, medio ambiente, extractivismo y modelo productivo, vivienda y hábitat, violencia institucional, territorio y soberanía, entre otras. En dichos testimonios, se pusieron de manifiesto las múltiples conexiones entre la política de endeudamiento de gobiernos y organismos internacionales y la miseria, el hambre, el saqueo y el ajuste sobre las condiciones de vida del pueblo trabajador.

Asimismo, en estos meses la Autoconvocatoria llevó adelante un homenaje a Alejandro Olmos, reconocido periodista e investigador especializado en el proceso de endeudamiento argentino que llevó adelante, durante 18 años, uno de los juicios más destacados sobre el tema, donde se comprobaron más de 400 delitos en el proceso de endeudamiento y la calificación de la deuda como “ilegítima y odiosa”. Finalmente, el espacio promovió y organizó la movilización contra la visita del Fondo Monetario Internacional en noviembre, realizando concentraciones en más de 10 ciudades de nuestro país y un acto en Plaza de Mayo, para mostrar el repudio de los sectores populares al organismo, incluso en un contexto de aislamiento sanitario.

La deuda en 2020

El gobierno de Alberto Fernández heredó una frágil situación financiera, obra de una histórica deuda pública: una bola de nieve alimentada por todos los gobiernos (incluido el kirchnerismo) y profundizada por las consecuencias del modelo económico implementado por Mauricio Macri durante 2015 - 2019. 

No obstante, el FdT decidió ser coherente con su carácter de “pagador serial” de deuda externa y avanzar en el pago o la refinanciación de los vencimientos del 2020, un costoso “gesto de buena voluntad” hacia los mercados, con el objetivo de reestructurar el conjunto de la deuda pública (con acreedores locales y extranjeros, en moneda nacional o divisa, con los organismos financieros, etc.). El proceso de renegociación desembocó (en agosto y septiembre) en un acuerdo muy favorable para los bonistas, con capitalización de intereses, quitas insignificantes, plazos de pago cercanos, intereses elevados y cláusulas legales que los protegen ante nuevos escenarios de default. 

Capítulo FMI

A principios de 2018, frente al colapso de su modelo económico, Mauricio Macri decidió llamar al Fondo Monetario Internacional y solicitar un préstamo de tipo StandBy por U$S 57.000 M, una cifra histórica nunca antes otorgada por el organismo, de los cuales llegaron finalmente U$S 44.000 M. El objetivo del acuerdo era tapar un “agujero financiero” provocado tras dos años de ingreso de capitales extranjeros, especulación financiera mediante el carrytrade y fuga hacia el exterior. A nivel local, los inversores involucrados en la bicicleta financiera (grandes empresas locales y fondos de inversión extranjeros) y sus medios de comunicación, apoyaron la medida para evitar la devaluación del peso y continuar con un mecanismo que les otorgaba grandes ganancias. Internacionalmente, detrás de la operatoria se escondía la mano de EEUU (principal socio del FMI) interesado en otorgar un financiamiento extraordinario con un objetivo político clarísimo: la reelección de Macri como presidente -vale decir- se trató de una maniobra geopolítica. Por eso los desembolsos se realizaron por completo durante 2018 y 2019 y fueron interrumpidos luego de las PASO, tras conocerse la derrota irremontable de Juntos por el Cambio. 

El gobierno de los Fernández dejó para el final la negociación de la deuda con los organismos multilaterales de crédito (FMI, BM, Club de París), comenzando por el acreedor más abultado: el FMI. La deuda con dicha entidad alcanza aprox. U$S 53.000 M (contando intereses) y tiene plazos de pago muy cercanos, hasta 2024, lo cual la vuelve impagable en sus términos originales. El objetivo del oficialismo es conseguir un crédito de facilidades extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) con un plazo de 10 años y un “período de gracia” sin pagos (2 o 3 años). La contrapartida son las condicionalidades de aquel tipo de préstamo: reformas estructurales en áreas como salud, educación, trabajo y previsión social (jubilaciones), el monitoreo permanente de las decisiones económicas por parte de los técnicos del FMI y una disminución del déficit fiscal (achicamiento de los gastos del Estado). Se trata de un plan de ajuste que no está en condiciones de aplicarse vista la recesión de la economía, el impacto de la pandemia y las pésimas condiciones de vida del pueblo trabajador -con indicadores graves en términos de desocupación, pobreza y costo de vida, entre otros. Por eso existe una operación mediática del gobierno para “pintar” a la nueva conducción del FMI de Kristalina Georgieva como “más amigable” que su antecesora, a la posibilidad de conseguir una deuda “sustentable” y a negar la implementación de planes de ajuste que, de hecho, ya están en proceso -véanse las paritarias de 2020 o la nueva fórmula de movilidad previsional. 

Conclusiones

El plan de reestructuración que llevó adelante el gobierno implicó desaprovechar la oportunidad de auditar e investigar el origen y la legalidad de una deuda viciada por la usura y el fraude, otorgada en violación de los propios estatutos del FMI, utilizada para financiar un proceso de especulación financiera y fuga de capitales, sin destinarse al bienestar de la población. En su momento lo demostraron la investigación de Alejandro Olmos y el fallo del juez Ballestero (1980 - 2000) acerca de la deuda contraída bajo la dictadura y en los años posteriores. Hoy es necesario avanzar por un camino similar: suspender los pagos e investigar la deuda para dejar de pagar semejante estafa, como propone la Autoconvocatoria. Asimismo, para una salida integral a la crisis, el no pago de la deuda debe ser acompañado por un plan inmediato de desarrollo económico y bienestar social a partir de la estatización del comercio exterior, el sistema bancario y los recursos naturales y estratégicos. 

David Paz