Vínculos entre política, narcotráfico y estado

De nuevo presos los hermanos Lanatta y Squillaci han dejado de ser noticia, por ahora. A poco de asumir, el gobierno tomó nota de la crisis en la estructura del poder expresada crudamente en la fuga de los tres sicarios de la cárcel de máxima seguridad, complicidades e incompetencias, que concentró durante quince días la expectativa mediática y popular.

Lo nuevo en este caso fue la exposición pública del vínculo oculto entre la política, el narcotráfico y las instituciones del estado. Lo que era un secreto a voces fue expuesto masivamente. Ello alienta en el sentido de una política revolucionaria que vaya por un cambio real del estado monopólico y sus brazos represivos, visto los sucesivos fracasos en los cambios de jerarquías o intentos de transparentar la conducta policial. No basta con remover funcionarios. El grado de corrupción y abuso extremo concentrado por años en la Bonaerense infecta al resto de las fuerzas de “represión y seguridad del estado nacional”, sobre todo aquellas generadoras de cajas ligadas al control de rutas y el tráfico interno ya sean de gendarmería, policía aduanera o prefectura. Pretender salir de la crisis institucional apelando a la intervención de las mismas instituciones corroídas, como intenta la gobernadora Vidal, anuncian un camino ya fracasado. Tanto Ritondo como Bullrich quedaron expuestos en el raid de los fugitivos. Más allá del papelón, fueron designados ministros de seguridad para dirigir y controlar las fuerzas antes que “depurarlas”. La depuración abarca siempre las primeras líneas hasta llegar a la oficialidad más afín al que gobierna, después todo sigue igual. El macrismo hará retoques pero se apoyará centralmente en dichas fuerzas. Vidal ya pactó con el Servicio Penitenciario, antes lo hizo con Granados y otros jefes policiales. Macri lo hizo oportunamente en CABA con los jefes de la Metropolitana y últimamente con la Federal. Ahora cuentan con los aparatos de Inteligencia en su favor y se apoyarán en una intervención más explícita de la DEA u otros servicios internacionales ya instalados en el país. La llamada ley de derribos impuesta por decreto es una vieja aspiración estadounidense.
Desde 1996 (Duhalde), se contabilizan 32 purgas efectuadas en la Bonaerense de las cuales la más profunda fue con Solá-Arslanian que removió casi 4000 efectivos y muchos de ellos fueron luego repuestos por Scioli-Casal-Granados. La situación corrosiva se agravó con el narcotráfico pero es preexistente a ello y se extiende al conjunto de los órganos represivos del país (Santa Fe, Córdoba, Chaco, etc.), agudizados con la dictadura militar pero sobre todo en connivencia y paralelo a la podredumbre moral e ideológica de políticos y empresarios sostenes del capital monopólico. Por eso resulta cada vez más pueril y reaccionario el planteo de algunas fuerzas y del reformismo, que reclaman de máxima programas de “formación ciudadana” o “democratización” de las fuerzas represivas. Por supuesto que los costos políticos mayores, en este caso, caen sobre la dirigencia del peronismo luego de 28 años de gobierno en el conurbano, en el kirchnerismo por el aumento en las denuncias y casos de corrupción en los doce años, y en Aníbal Fernández transformado en tiro al blanco por la oposición, más allá que su culpabilidad sea probada o no en los estrados judiciales. En este plano, el macrismo tiene un período de gracia, pasado el cual ya nada será igual.
Las acusaciones cruzadas durante el operativo de recaptura con el gobierno del socialismo santafesino, al igual que la desconfianza permanente entre las distintas fuerzas de seguridad, evidencian una marcada balcanización y fragilidad en los acuerdos opuesta a la dirección nacional compartida. Viene bien precisar conceptos en momentos que arrecian medidas antipopulares por el ajuste visto que son éstas las mismas instituciones que luego se despliegan para amedrentar o intervenir frente al reclamo de trabajadores, vecinos y jóvenes en los territorios, originarios o luchadores ambientalistas.

Elbio Rojas