Universidades I Con FMI no hay educación pública que aguante

Las universidades nacionales no arrancaron las clases en la primera semana del segundo cuatrimestre. El masivo acatamiento al no-inicio, llamado por ambas federaciones docentes –CONADU y CONADU Histórica-, muestra el descontento generalizado ante el 15% en cuatro cuotas ofrecido por el Ministerio de Educación en mayo.

La semana siguiente, a pesar de que CONADU definió volver a las aulas tras el llamado del gobierno a una reunión paritaria, la mayoría de las universidades continúan sin clases. El no-inicio es sostenido por los docentes de CONADU-H y de varias de las asociaciones de base de CONADU que definieron continuar el paro ante la presión del alto acatamiento de los docentes. Esta es la situación de Rosario, Mar del Plata, Entre Ríos, Córdoba, Noreste, Gral. Sarmiento y Rio Cuarto.

El gobierno nacional admitió que la inflación para este 2018 rondará el 30%, pero sigue firme con el techo salarial para toda la docencia. Así lo demuestra el último ofrecimiento de 10,8% dividido en dos cuotas no acumulables (5% en mayo y 5,8% en agosto) con la “posibilidad” de discutir otros aumentos a partir de agosto. Esta propuesta miserable, que ni siquiera llega al 15% ofrecido en la anterior reunión, es una nueva burla para la docencia universitaria que ve deteriorado su poder adquisitivo año tras año.

El detonante fue el salario docente, pero el problema de las universidades es aun más profundo. Junto al no inicio, la gran mayoría de los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) salieron a dar la voz de alarma por la paralización de obras de infraestructura, la falta de ejecución de los fondos correspondientes a la planilla B del presupuesto (gastos corrientes) y el no envío de las partidas de la planilla A (pago de salarios). La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) fue una de las más golpeadas por la subejecución presupuestaria, llegando en julio a adeudar 200 millones de pesos. Recién los primeros días de agosto el gobierno envió a todas las universidades las partidas de la planilla B, correspondientes a febrero y marzo, pero aun faltan el resto de los meses y la deuda global alcanza los $12.000 millones. De persistir esta situación, numerosos establecimientos se encontrarían en riesgo de cierre.

Más allá del descontento de algunos rectores afines y su fracasado intento de lock-out académico, tienen su cuota de responsabilidad ante el creciente ahogo presupuestario. De hecho, la voz de alarma solo apareció cuando los recortes de gastos, el autofinanciamiento y el dinero adquirido por convenios con multinacionales y monopolios pone en riesgo su propia “caja chica”. Lo mismo a nivel sindical, donde algunos gremios y federaciones se niegan a enfrentar el ajuste con un plan de lucha serio y sostenido.

Mientras la crisis financiera toma magnitudes mayores, entre los rectores del CIN ya comenzó la rosca por el Presupuesto 2019: para garantizar el “correcto” funcionamiento de las universidades durante el año que viene estiman necesario un 32% de aumento presupuestario ($133.000 millones), pero calculando un incremento salarial para docentes y trabajadores solamente del 15%. Sin embargo, incluso las magras pretensiones del CIN seguramente choquen con las metas financieras definidas por el FMI, que “sugieren” un Presupuesto 2019 con un aumento del 8% respecto al corriente año.

La pelea presupuestaria: eje central del segundo cuatrimestre

El recorte encubierto de la Beca Progresar, el recorte presupuestario de $3.000 millones y la paralización de obras de infraestructura, anticiparon a principios de 2018 cuál era el rumbo pretendido para las universidades. Sobre ello, la llegada del FMI profundiza el ajuste sobre la educación pública, tendencia que solo podrá revertirse con una contundente movilización docente-estudiantil dispuesta a derrotar los planes del gobierno.

Asimismo, mientras siga existiendo precarización docente y presupuestos insuficientes, el 74% de deserción en las universidades públicas no tendrá una verdadera solución. Los atajos que nos propone el gobierno, a través de la flexibilización y el desguace de las carreras de grado, no son opción para quienes defendemos la educación pública, gratuita y de calidad.

Para el movimiento estudiantil, se pone en primer orden el apoyo a la lucha de los docentes por romper el techo salarial. Este acompañamiento, lejos de ser pasivo o meramente solidario, tiene que estar teñido por sus reivindicaciones concretas: mejor oferta horaria en las carreras, acceso al boleto educativo gratuito, aumento de raciones en comedores, refacciones edilicias, jardines materno-paternales, entrega gratuita de los materiales de estudio y la eliminación de todo tipo de arancelamiento, entre otros.

Es vital incorporar masivamente al movimiento estudiantil al auge de luchas en curso y procurar que asuma su papel de aliado de la clase obrera y el conjunto del pueblo. Sin sectarismos ni especulaciones mezquinas, la tarea actual de la vanguardia es incentivar su organización y movilización a la luz de una política combativa y antimperialista, contribuyendo a la lucha general por poner al ajuste y al FMI en retirada.

Martina Bas