Universidad - Un acuerdo que estira la agonía

Las conducciones universitarias cerraron un acuerdo con el gobierno, a pesar del rechazo votado por las bases.

A comienzos de junio, el gobierno nacional llegó a un acuerdo con el Frente Sindical Universitario, la FUA y el CIN, sectores de composición mayoritariamente radical, con acompañamiento de parte del peronismo. El mismo contempla incrementos destinados al mantenimiento de las facultades, becas, hospitales universitarios y en menor medida, salarios docentes; en un contexto de sostenido desfinanciamiento, podría parecer una medida positiva. 

En concreto, el acuerdo firmado implica un aumento salarial del 24,33% distribuido entre junio y octubre de este año, además de una actualización en gastos de funcionamiento y en la Beca Manuel Belgrano. Este monto, negociado entre Capital Humano y las citadas conducciones, está muy lejos para cubrir la inflación acumulada desde 2023.

Mención especial merece lo referido a la Ley de Financiamiento Universitario. Según la norma, los salarios de docentes y no docentes deberían actualizarse con un porcentaje no menor a la inflación acumulada desde diciembre de 2023 que, a mayo de 2026, alcanza el 312,1%. En el mismo período, los salarios básicos aumentaron tan solo un 155%. A modo de ejemplo, en diciembre del 2023 un ayudante de primera con dedicación simple (10 horas semanales) cobraba de básico $88.023 y este mes cobró $224.713. Con el acuerdo, cobrará $272.576 de básico. Sin embargo, si se aplicara la Ley de Financiamiento Universitario, debería cobrar $362.742.

La ley se encuentra actualmente frenada por una cautelar y pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el Poder Ejecutivo continúa incumpliendo una ley sancionada por el Congreso mientras el Poder Judicial demora una resolución que garantice los recursos necesarios para el funcionamiento pleno de las universidades. Se trata de una derogación de hecho de una ley que nunca entró en funcionamiento.

Aquí la conclusión está a la vista de todo el mundo: una vez más los rectores negociaron las cajas universitarias y usaron como variable de ajuste al conjunto de trabajadores y estudiantes. Mención aparte merecen las centrales de docentes y no docentes que le dieron luz verde al acuerdo, aceptando en los hechos que un gran sector de quienes trabajan en las universidades públicas continúen bajo la línea de pobreza. 

Aunque sostienen formalmente el reclamo por la ley, rectores y conducciones sindicales aceptaron un acuerdo por debajo de lo conquistado implica, en los hechos, retroceder sobre una lucha que había logrado instalar la crisis universitaria en el centro de la agenda nacional. Si la Ley de Financiamiento Universitario fue conquistada, fue precisamente porque se entendía que los acuerdos parciales no alcanzaban. No se trataba de administrar el ajuste con algunos recursos más, sino de garantizar condiciones reales para sostener una universidad pública, gratuita, de calidad y al servicio del pueblo.

Lejos de representar una muestra de fortaleza, la apertura de esta negociación puede leerse como resultado de la presión acumulada por las movilizaciones y el descontento creciente dentro de la comunidad universitaria. Las marchas obligaron al gobierno a realizar concesiones que, aunque insuficientes, muestran que el ajuste encuentra límites cuando la pelea se abre paso. Esto no nos exime de señalar los límites de la movilización. En primer lugar, de una política seguidista de la agenda del Congreso. En segundo lugar, dejar en mano de los rectores la pelea por aumento salarial y mejores condiciones de cursada, anula cualquier posibilidad de intervención por parte de los trabajadores y estudiantes. Por último, para derrotar el ajuste del gobierno nacional hace falta una política de punta que se anime a sacar los pies del plato.

De cara al segundo cuatrimestre, el escenario continúa abierto. La comunidad educativa deberá debatir cómo reorganizar la lucha para exigir el cumplimiento efectivo de la ley y defender una universidad pública que no quede subordinada a los límites del ajuste. La semana pasada, CONADU Histórica, que no aceptó el acuerdo, sostuvo las jornadas de paro votadas, a las cuales se adhirieron varias asociaciones de base que no se encuentran en dicha central y que se opusieron a lo firmado por sus conducciones.  A la par de esto, no hay que dejar por fuera las tomas de los colegios preuniversitarios en CABA, que si bien fueron previas al acuerdo, marcan un camino distinto al trazado hasta acá.

Porque lo conquistado en las calles no puede transformarse en un acuerdo de emergencia: tiene que convertirse en un derecho garantizado. En este sentido es que debemos organizar a cada estudiante y cada trabajador en asambleas, tomas y movilizaciones, para que la plata del pueblo se destine a la educación y no al FMI, a los Adornis, las Karinas o el capital financiero.

Sara Andino y Emilio Arias