Reflexiones sobre la seguridad

Luego del asesinato del kiosquero en Ramos Mejía se abrió de nuevo el debate sobre la seguridad. La ola de robos, que se incrementa a la par de la crisis económica, afecta principalmente a trabajadores y cuentapropistas. En ese sentido, las manifestaciones protagonizadas por familiares y vecinos al frente de la comisaría del lugar, son también expresiones de bronca ante las consecuencias desastrosas de una democracia hecha a la medida de monopolios, multinacionales y banqueros. La provocación de tirar gases lacrimógenos ante los reclamos no hace más que seguir tirando de una cuerda con pocos hilos.
Lo sucedido en La Matanza, uno de los distritos con mayor concentración poblacional y de pobreza en el país, es una muestra de lo que pasa a diario. Fue un acierto de las movilizaciones de vecinos apuntar directamente contra el intendente Espinoza como responsable político de la situación. La respuesta tanto de la intendencia como del ministro Berni, fue lavarse las manos. No es menor que esta temática estalle en uno de los bastiones del PJ y en donde históricamente se definen las elecciones de Buenos Aires.
Si bien es cierto que el tema se exacerbó por el oportunismo de los últimos días de campaña electoral, nuevamente se abre una situación compleja que encuentra contradicciones en el seno del pueblo. De hecho, una de las respuestas más rápidas que suele surgir es el pedido de “mano dura”, como si la creación de leyes Blumberg fueran una solución. Un camino que tomó el gobierno de Néstor Kirchner en 2004, para intentar desactivar el descontento, pero que no tuvo ningún efecto en evitar los robos.
Desde la oposición por derecha fue clara la respuesta ante esto: el pedido de la baja de la edad de imputabilidad a 14 e incluso 12 años. Desde el gobierno no hubo un único discurso y hasta hubo posturas totalmente antagónicas. Sin embargo, los hechos hablan por sí solos: luego del asesinato del kiosquero la policía asesinó en La Matanza a dos jóvenes de 14 y 16 años. Modalidades parecidas suceden en varias partes del país, en donde la mayoría de las familias denuncian que no existe la posibilidad de que sus hijos sean detenidos, porque antes se encuentran con una bala policial. Es la bajada de línea que existe en la formación de las distintas fuerzas, en donde se dispara por la espalda y de la cintura para arriba. La pena de muerte existe en las decenas de casos de gatillo fácil que se dan año tras año.
Ahora bien, el problema es bastante más profundo y no se soluciona con una ley. Por supuesto que es justo el reclamo por respuestas concretas ante la desesperación y el miedo de perder lo poco que se tiene. Y no se puede avalar el robo a un laburante, porque de esa forma nos condenamos a matarnos entre el propio pueblo. Pero no hay que perder de vista que la gran mayoría de las veces, quienes sostienen la necesidad de implementar -vía ley o en los hechos- medidas de mano dura son responsables directos de las situaciones que provocan el crecimiento de los robos.
Justamente, si existe un acuerdo entre las clases dominantes de nuestro país es el de garantizar la impunidad de los principales ladrones de nuestro pueblo. A quienes son responsables de la falta de trabajo, del aumento de tarifas y del saqueo de nuestros recursos. Por eso el problema centralmente es de clase. Ni siquiera hace falta acercarse a un penal para saber hacia dónde está direccionado el poder punitivo del Estado: cualquier compañero o compañera de las barriadas populares puede dar cuenta que es hacia la juventud pobre. Hacia esos jóvenes a los que el sistema les quitó hasta la posibilidad de proyectarse y de pensar en un futuro. Mientras tanto, a quienes se niegan a congelar precios y viven aumentando el costo de los alimentos, a quienes se fugan millones y evaden impuestos, se los invita a discutir a la Casa Rosada.
El asesinato del kiosquero destapó una situación latente en todo el país. A las organizaciones populares nos queda la tarea de direccionar todo ese malestar y bronca -aun en gestación- hacia los responsables directos de las penurias que vive nuestro pueblo. También nos queda el desafío de llegarle a esa juventud, con una mano abierta pero firme, con las ideas de la revolución. Porque el futuro que nos niega el sistema hay que salir a conquistarlo y eso es imposible sin disciplina y organización. Al robo y a los problemas de consumo, les oponemos trabajo, salario, educación y vivienda. Para ello es fundamental la consagración de un nuevo poder, surgido de las rebeliones y luchas populares, que ponga como centro la puesta en marcha de un plan económico basado en la soberanía y el bienestar popular. Leo Funes