Recorte de presupuesto para cumplir con la deuda

El gobierno de Javier Milei ejecutó un nuevo recorte presupuestario que implicó una reducción de casi $3 billones en distintas áreas del Estado, con el objetivo de sostener el superávit fiscal a toda costa y cumplir con las metas del FMI para el pago de la deuda externa.

Golpe bajo

Los rubros más golpeados fueron la salud pública ($63.000 millones), educación ($78.000 millones), ciencia ($10.000 millones), obra pública y transferencias a provincias y municipios ($970.000 millones) e incluso en Defensa ($46.000 millones). También se redujo el subsidio de zona fría, un beneficio tarifario para las regiones con mayor consumo energético para calefacción, al tiempo que se registraron nuevas subas en las tarifas de servicios públicos en todo el país.
El timing del anuncio no fue casual: fue ejecutado en la previa de la movilización universitaria del 12 de mayo, en una provocación deliberada del gobierno hacia el movimiento estudiantil y docente que lleva adelante la defensa de la educación superior. Con esta medida, la Casa Rosada ratifica su desprecio por la educación como derecho social y reafirma que el recorte es una decisión política, no una necesidad económica. En contraste con el rumbo oficialista, la movilización fue contundente y dio continuidad al protagonismo callejero de 2026, marcado especialmente por la masiva jornada del 24 de marzo. El ánimo popular va tomando forma.

Privatizaciones y corrupción: la vuelta a los ‘90

La aplicación de un ajuste presupuestario que afecta particularmente los intereses populares contrasta con los escándalos de corrupción que atraviesan al gabinete. El caso de Manuel Adorni es paradigmático: este delincuente del buen gusto construyó, con ingresos injustificables, una cascada en su pileta del country. Es la punta del iceberg de un esquema de sobresueldos, coimas, enriquecimiento ilícito y colusión público-privada, bien lejos de la transparencia y el discurso anticasta que los llevó al poder.
Ahora bien, detrás de la niebla se esconden maniobras fraudulentas de mayor magnitud. El gobierno avanza con un plan de privatizaciones y concesiones de activos y recursos estratégicos del Estado, en procesos con poca transparencia y mucho olor a entrega de soberanía y capacidades estatales. La empresa belga Jan de Nul se quedó con la concesión del dragado del Río Paraná (la mal llamada Hidrovía), y ya está lista la privatización por monedas de AySA, la empresa proveedora de agua y cloacas en CABA y GBA. Se acompañan de otras privatizaciones claves como el ferrocarril Belgrano Cargas, los activos nucleares argentinos en manos de la CNEA, la empresa aeroportuaria Intercargo, la red de transporte eléctrico Transener, y privatizaciones ya ejecutadas como la represa hidroeléctrica del Comahue o la empresa energética IMPSA.
El patrón es claro: bajo una ideología neoliberal y mercantilista, rematar los activos estratégicos del Estado para anular sus capacidades de regulación o provisión de servicios, facilitando enormes negociados del sector privado y específicamente de los empresarios afines al proyecto libertario. En el medio, usar los fondos recaudados para financiar el pago de la deuda y mantener planchado el precio del dólar, dos pilares del modelo económico.
Es paradójico y revelador que, bajo esta misma gestión, se redujeron alícuotas y se eliminaron impuestos focalizados en los más ricos: bienes personales, yates y embarcaciones de lujo, aeronaves privadas, automóviles de alta gama y joyas de valor elevado quedaron beneficiados con una menor carga impositiva. Otro tanto ocurrió con el adelanto de exportaciones agropecuarias a cambio de la suspensión transitoria de las retenciones. El mensaje es claro: con este gobierno el esfuerzo lo ponen quienes menos tienen, mientras los millonarios están de fiesta.

Superávit trucho

Según datos relevados por el MATE Economía, la relación entre el gasto público y la recaudación impositiva refleja hasta qué punto el superávit fiscal se construye sobre el vaciamiento del Estado y el deterioro de la provisión de servicios, la cobertura de derechos y el cumplimiento de obligaciones públicas. Junto a un brutal recorte de los gastos e inversiones del Estado, la recaudación de impuestos cayó 20 puntos porcentuales acumulando $40 billones en poco más de dos años: es contradictoria una reducción (regresiva) de la carga impositiva con la necesidad de achicar el déficit o lograr un superávit fiscal. Si “no hay plata”, dejar de recaudar agrava el problema. 
A esto se suma un elemento que vuelve poco riguroso el supuesto del superávit: la capitalización de intereses de los instrumentos de deuda pública, como LECAP y BONCAP. Estos títulos del Tesoro acumulan intereses que no se contabilizan como gasto corriente en el período, sino que se difieren al vencimiento del instrumento. De este modo, la deuda crece silenciosamente mientras el gobierno exhibe un balance primario positivo. Se trata de un artificio contable que permite mostrar una foto distorsionada de las cuentas públicas y ocultar el verdadero costo financiero, que se traslada hacia el futuro.

Costo social

El superávit fiscal que proclama el gobierno no emerge del crecimiento económico o de una mayor eficiencia en la administración del Estado: se sostiene, ante todo, sobre recortes que recaen directamente sobre la población. Los pilares del ajuste son conocidos: reducción real de las jubilaciones y pensiones, cuyos haberes perdieron más de un tercio de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023; congelamiento y reducción de los salarios del sector público; paralización casi total de la obra pública; y recorte de las transferencias a provincias y municipios, comprometiendo la provisión de servicios básicos en los territorios.
A esos rubros se suman el desfinanciamiento de la ciencia y la tecnología, el recorte en programas sociales (con excepción de la AUH), la reducción de subsidios al transporte y la energía para los sectores populares. En todos los casos, quien paga el costo es el pueblo trabajador.

All-in a la deuda

El superávit fiscal y los recortes presupuestarios son, además de una preferencia de la gestión libertaria, una condición bien concreta establecida por el Fondo Monetario Internacional en el acuerdo suscripto con el gobierno de Milei y Caputo el año pasado. Allí se establecen metas cuantitativas precisas de resultado fiscal que Argentina debe cumplir para acceder a los desembolsos previstos, demostrar capacidad de pago a los acreedores privados y mantener “la confianza de los mercados”. En ese sentido, el FMI, además de ser un acreedor privilegiado de la deuda externa, es el organismo que certifica y arbitra el modelo económico de transferencia de ingresos desde los sectores populares hacia el capital financiero internacional. 
No obstante la pleitesía de la administración libertaria hacia el capital financiero, el riesgo país no baja a niveles aptos para la refinanciación de la deuda externa de manera voluntaria, la inversión extranjera es muy inferior a la esperada y el plan económico sigue dependiendo de los malabares financieros de Caputo y su banda de traders. 
Aunque el BCRA comenzó a acumular divisas en sus reservas, gran parte de los dólares generados por el boom exportador y la caída de importaciones por la recesión son canalizados hacia los servicios de la deuda y la fuga de capitales por diversas vías. Mientras tanto, la actividad económica se retrae, la infraestructura productiva se deteriora y las condiciones de vida de las mayorías empeoran. 
El panorama de recortes presupuestarios, achicamiento neoliberal del Estado y transferencia de ingresos hacia arriba exige una respuesta popular que asoma pero todavía no rompe el molde. En ese contexto, volver a las calles es el mejor método para defender las condiciones de vida, agrupar a los perjudicados por el modelo y pugnar por un programa económico alternativo orientado al bienestar de las mayorías y basado en el no pago de la deuda externa y la estatización de los recursos estratégicos, el sistema bancario y el comercio exterior.

David Paz