Rebelión en el corazón de Europa

Cuatro semanas seguidas de movilizaciones cada vez más masivas, cortes de rutas, piquetes en las puertas de fábricas y refinerías de petróleo, y enfrentamientos abiertos con las fuerzas represivas en pleno centro de París, han dado -por el momento- el fruto de hacer retroceder en una serie de medidas al gobierno de una de las principales potencias imperialistas de Europa, precipitando una crisis política con final abierto.

Las razones, que en un primer momento aparecían como limitadas al rechazo a un tarifazo sobre los combustibles de consumo popular -especialmente el diésel-, rápidamente abarcaron el conjunto de las variables que hacen insostenible la vida cotidiana para amplias mayorías. La miseria del salario mínimo y jubilaciones de hambre, los estragos de una desocupación y pobreza crecientes, los efectos de las políticas de austeridad sobre la educación y la salud públicas, el impacto de los impuestos regresivos sobre los asalariados y los pequeños propietarios: todo un combo de penurias que vive la gran mayoría de la población como fruto de una política de ajuste fiscal para enfrentar una recesión que se agrava con el tiempo.

La economía francesa está virtualmente estancada, con niveles de desocupación y pobreza que no bajan de las dos cifras en los últimos años, y con una deuda pública asfixiante. La receta de Macron desde un principio ha sido la del ajuste, con privatizaciones como la del sistema ferroviario, despidos en masa, reforma previsional, aumento de impuestos a las capas de menores ingresos y reducciones impositivas a las grandes empresas. Simultáneamente, la fragilidad creciente del gobierno ha ido quedando de manifiesto con algunas renuncias en el gabinete, mientras el descontento por abajo iba tomando forma. Si bien hubo derrotas obreras en el camino, como fueron la resistencia del ferrocarril y contra la reforma jubilatoria, la bronca popular esta vez no estuvo mediada por representaciones sindicales proclives al pacto de “paz social” que obstruyeran el desarrollo del movimiento de lucha.

La ausencia de una dirección legitimada por el movimiento, si bien es un límite para su desarrollo estratégico, en lo inmediato operó como un facilitador para que se desenvuelvan las tendencias más combativas en el seno de los chalecos amarillos. En la medida que se fueron multiplicando las escenas de choques violentos contra las fuerzas policiales, la constelación de consignas parciales se fue coagulando en una: Macron, démission. La confianza en el protagonismo de las masas en la calle para derrotar un plan de ajuste, sin rehuirle al uso de la violencia popular para disputarle el terreno al aparato represivo del Estado, es el principal activo de un movimiento que, mientras suma protagonistas, inevitablemente exporta su ejemplo.

Contra lo que el gobierno y la oposición cómplice (tanto de extrema derecha como de centro izquierda) pretendían y suponían, la justa ira callejera de los chalecos amarillos cosechó a su paso un porcentaje cercano al 80% de apoyo en la ciudadanía francesa, mientras que la misma proporción expresó su rechazo al gobierno. Esto no es menor para un gobierno que llegó envuelto en la bandera de la recuperación de la representatividad perdida por los partidos tradicionales franceses, y al cabo de dos años tiene un país incendiado reclamando que se vaya.

Al transcurrir las semanas de noviembre y diciembre, y a pesar del papel miserable de la mayoría de las direcciones sindicales, el movimiento se fue nutriendo de trabajadores de la salud y de algunas industrias, además de estudiantes secundarios y universitarios que ocuparon cientos de lugares de trabajo y estudio. La respuesta de Macron es la típica de un gobierno superado por la situación: primero ningunear el movimiento (mientras París ardía el presidente estaba en el G20 en Buenos Aires), luego buscando dividir “el reclamo justo de los violentos”, acto seguido apelar al efecto atemorizante de la represión, y por último ceder ante la evidencia de su fracaso. No solo su popularidad se ha ido a pique durante el conflicto, en proporción inversa al apoyo popular a los chalecos amarillos, sino que se han visto escenas donde grupos policiales se negaban a acatar la orden de reprimir al pueblo movilizado, con lo cual la crisis abierta insinúa una profundidad fuera de lo habitual.

El gobierno ha resuelto abrir la mano por temor a que se la corten. En las semanas que siguen sabremos si llegó a tiempo. En un mensaje televisivo, Macron aceptó “parte de la responsabilidad” y pidió algunas disculpas de ocasión. Dispuso un aumento del salario mínimo de 100 euros a partir del 1 de enero de 2019, desgravar las horas extras y retroceder con un impuesto a las jubilaciones. Esto se suma a la suspensión temporal del aumento a los combustibles y otras medidas menores. Las primeras reacciones de los manifestantes indican que nada de esto satisface los reclamos del movimiento. De todos modos el cambio de actitud del gobierno es una señal alentadora para los sectores en lucha y para todos los que lo ven con simpatía, en la medida que no se la tome como una respuesta genuina a los reclamos desplegados sino como una confirmación de lo acertado del camino para poner contra las cuerdas a un gobierno enemigo de los intereses obreros y populares.

Este mensaje se ha hecho sentir en toda Europa. Ya en España, Portugal, Bélgica y Holanda se ensayan convocatorias inspiradas en la rebeldía francesa. Para que el alcance de esta rebelión en curso sea mucho más profundo, es necesario que retumbe en el seno de la clase obrera históricamente más revolucionaria del continente, para sacudirse la loza de direcciones sindicales y políticas que la mantienen distante de las barricadas, y así salir a las calles al encuentro de los amplios sectores populares que están marcando el rumbo a su liberación. Mientras tanto, del otro lado del Atlántico, los chalecos amarillos simbolizan la necesidad de pasar por encima de las conducciones sociales, sindicales y políticas profesionalizadas en la contención social, para irrumpir en unidad y decretar en las calles el fin del programa de ajuste, entrega y represión que está aplicando el macrismo.

Leo Funes